María Lourdes Estrada magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se ha convertido en el voto clave en varios casos de corrupción, incluyendo quizá el más importante de la historia reciente: Odebrecht.
Nicolás Corcione: un doble juzgamiento fantasma
Las decisiones judiciales que le abren camino a la impunidad se van acumulando, y en particular, el Segundo Tribunal Superior se ha convertido en una fábrica de impunidad, con decisiones seriamente cuestionadas que colocan en la indefensión a los bienes públicos de los panameños.
El caso
Mediante el auto 140 del 23 de septiembre de 2016, el magistrado Wilfredo Sáenz y la magistrada María Lourdes Estrada, ambos del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, decidieron archivar el proceso penal de blanqueo de capitales derivado del caso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna. Entre los beneficiarios de esa decisión se encuentran: Nicolás Iván Corcione Pérez Balladares, Felipe Alejandro Virzi López, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Alberto Gilberto Ortega Maltez, María del Pilar Fernández Castillo de Moncada Luna, Felipe Antonio Rodríguez Guardia, Humberto Elías Juárez Barahona, María Gabriela Reyna López, Mauricio Antonio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo Sonmaruga, Óscar Iván Rivera, Francisco Filiu Nigaglioni, Jorge Enrique Espino Méndez y Julián París Rodríguez.
Precedente
La decisión de Sáenz y Estrada se fundamentaba en un solo argumento: la prohibición constitucional y legal contra el doble juzgamiento. Según este principio del derecho penal, heredado de la revolución francesa y de la filosofía política anglosajona, no se puede procesar a una persona por los mismos hechos, por los cuales ya haya sido enjuiciada con una decisión en firme mediante una sentencia absolutoria o condenatoria.
Según la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte, los elementos que constituyen el doble juzgamiento son definidos de la siguiente forma:
"La Sala considera que existen cuatro requisitos para que opere el principio de doble juzgamiento en la justicia penal. Los requisitos deben ser congruentes unos con los otros. El primero consiste en la existencia de un proceso anterior. El segundo requisito consiste en que haya identidad de sujetos procesales. El tercer requisito se refiere a que se trata de los mismos hechos y el cuarto requisito requiere que el proceso anterior haya concluido mediante sentencia absolutoria o condenatoria o mediante un sobreseimiento definitivo, en firme y ejecutoriados en favor de los mismos sujetos procesales”. (Registro Judicial, diciembre de 1998, Pág. 311).
Estos elementos no eran aplicables al caso de Nicolás Corcione, dado que nunca fue procesado por su presunta vinculación con los hechos que condujeron a la condena del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
El truco
Los magistrados Sáenz y Estrada argumentaron que con el acuerdo de pena de Moncada Luna, las otras personas vinculadas al caso quedaban excluidas, y que ya que se había juzgado a Moncada Luna, no se le podía juzgar a los demás.
Pero el magistrado Luis Mario Carrasco salvó su voto alegando que el delito no desaparecía por el acuerdo y que tampoco es correcto afirmar que Moncada Luna fue exonerado del delito de blanqueo.
Luis Mario Carrasco
Magistrado
La apelación de la fiscal superior especial anticorrupción Zuleyka Moore en contra de la decisión de la jueza Lania Batista, sobre el caso Odebrecht, está en manos de la magistrada Estrada, quien desde diciembre pasado es la ponente. En otras palabras, puede ser quien determine el destino final del caso de corrupción más grande que ha conocido la historia panameña.
La magistrada Estrada fue objeto de una querella penal por parte de la firma forense Vega &Álvarez por su participación en la decisión que archivó el expediente de los vinculados al caso Moncada Luna. Ella puede ser investigada por el Ministerio Público, ya que Sáenz es magistrado suplente de la Corte y solo puede ser procesado por la Asamblea Nacional.
Ahora Corcione enfrenta cargos por su vinculación al caso New Business. Aunque se encontraba fuera del país, el Segundo Tribunal Superior, en un fallo que también tuvo como ponente al magistrado Sáenz, le concedió una fianza por 600 mil dólares que le garantiza la libertad, mientras no haya una sentencia condenatoria. La magistrada Estrada no participó de esta decisión.
