El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) ha presentado al menos seis acciones legales contra la fiscal anticorrupción Tania Sterling, que lo investiga por su presunta participación en la trama del cobro de coimas de Odebrectht.
Los recursos de la defensa del exmandatario incluyen dos querellas criminales contra la Procuraduría General de la Nación en las que reclama a Sterling un total de 10 millones de dólares por supuesto “daño moral, psicológico, comercial, empresarial, social, familiar y político”.
En la primera de ellas, interpuesta el 2 julio de 2020, la abogada Shirley Castañeda alega que Sterling emitió una orden de indagatoria el 30 de junio de 2020 contra Martinelli, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, cuando días antes se le había dado a conocer que habían presentado un recurso de advertencia de inconstitucionalidad ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, esgrimiendo el principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá.
Esta advertencia, según el abogado Roniel Ortiz, fue presentada por él mismo ante la fiscal Sterling, el 16 de junio de 2020.
La segunda querella criminal fue presentada el 9 de julio por Castañeda, Ortiz y Jessica Canto. Plantean que Sterling habría cometido abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos al ordenar una evaluación médico forense el 10 de julio, que buscaba determinar si Martinelli presenta o no signos clínicos de patología aguda o crónica. Ello, luego de que el 8 de julio, el exgobernante presentara una incapacidad médica, de dos días de duración.
Castañeda también presentó, el 10 de julio, una recusación contra la fiscal ante el Juzgado Decimosegundo Penal, alegando que esta “abusa de su cargo al ignorar la incapacidad médica que tiene el señor expresidente” .
Ya antes, el 2 de julio de 2020, Ortiz había presentado ante este mismo tribunal otra recusación contra Sterling, bajo el argumento de que la fiscal había participado en una evaluación con el equipo de abogados de la firma estadounidense Foley Hoag LLP, como parte del proceso de extradición de Martinelli de Estados Unidos, el cual se concretó el 11 de junio de 2018.
Las recusaciones buscan que el juez Óscar Carrasquilla declare que hay impedimento para que la fiscal siga al frente de las pesquisas.
Pero las acciones de Martinelli contra la fiscal que lo investiga no han terminado ahí. También ha acudido ante el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa.
A través de la abogada Castañeda, presentó el 9 de julio de 2020, una queja contra Sterling, por ordenar la evaluación forense antes citada. Como ya se explicó, ese mismo día fue querellada por esta actuación.
Demandas por doquier
Sterling no ha sido la única demandada por Martinelli.
Otros exfuncionarios del sistema de justicia querellados por el exmandatario son la exprocuradora Kenia Porcell y los dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que tomaron parte en el proceso de los pinchazos: Harry Díaz, en calidad de fiscal, y Jerónimo Mejía, como juez de garantías.
De hecho, el pasado 9 de julio el Órgano Judicial ordenó un secuestro de bienes en la residencia de Porcell, como parte de una diligencia solicitada por Martinelli. La exprocuradora frenó esa acción al consignar una fianza de $150 mil dólares.
Hay que recordar que Sterling ha sido pieza clave en el caso Odebrecht, un expediente que tiene más de mil tomos e involucra a varios personajes que laboraron en la administración de Martinelli.
Del grupo de fiscales que trabajó inicialmente solo quedan ella y Ruth Morcillo, ya que Ulloa le dio otras funciones a Zuleyka Moore el pasado 25 de mayo, alegando que quería que la ciudadanía y la comunidad jurídica entendieran que el trabajo del Ministerio Público se hacía con objetividad.
Además, en la Fiscalía Especial Anticorrupción también están Anilú Batista y Azucena Aizpurúa, quienes fueron incorporadas por Ulloa en enero pasado, al llegar al cargo, en reemplazo de Porcell.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que se les dará trámite a estas acciones legales. Recordaron, sin embargo, que los fiscales tienen la obligación legal y constitucional de perseguir el delito.
De hecho, este fue el mismo argumento que dio el fiscal Emeldo Márquez, que investiga a Martinelli por el caso New Business, cuando el pasado 15 de julio decidió rechazar un escrito de la defensa de Martinelli que alegaba que este estaba protegido por el principio de especialidad que, si aplicaba, significaba que el expresidente solo podía ser investigado en Panamá por los pinchazos, caso por el que fue extraditado de Estados Unidos. Por este caso, en agosto de 2019, un tribunal de tres jueces lo declaró “no culpable”. La sentencia fue apelada.
Estados Unidos ha comunicado al Ministerio Público que ese principio, basado en un tratado bilateral de 1904, ya no es aplicable a Martinelli, porque este ha viajado fuera de Panamá desde septiembre de 2019. Salir del país es una de las excepciones de ese principio.
Sobre este tema, el abogado Ortiz manifestó que el principio de especialidad es un derecho adquirido en una dura batalla legal en Estados Unidos y se debe respetar.
“El principio de especialidad del exmandatario Martinelli no es negociable”, zanjó.
