Materiales de baja calidad, “los más baratos” del mercado, estarían colocados en el hospital modular de Albrook, de acuerdo a empresarios y expertos que desglosaron los trabajos realizados por SmartBrix Centroamérica, mientras el ministro de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge, asegura que el contrato de $6.9 millones aún “no se ha perfeccionado”.
El presidente de STS Panamá, Nils Petterson, afirmó que SmartBrix cobrará “seis veces más de lo que se cobra en el mercado” por el sistema contra incendios. SmartBrix cotizó el trabajo en $157 mil, mientras que Petterson cobraría $25 mil por el mismo trabajo, “como máximo, y con equipo de mejor calidad”. Es decir, una diferencia de $132 mil.
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comparacion de cotizaciones.pdf“¡Esto es trampa!”, exclamó Petterson, al indicar que “se usó el sistema más barato que podía encontrarse en el mercado, y no califica para hospitales, que deben utilizar uno direccionable, que identifica rápidamente dónde ocurre un conato de incendio. Pero el que usaron es uno solicitado en el que se pueden colocar 30 detectores de incendio en una sola zona, pero si ocurre algo, no vas a saber dónde, a fin de actuar en tiempo razonable”.
Justamente, un informe elaborado por un subcomité de la Comisión de Movilidad de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) advierte del sistema contra incendios. En el documento –al que este medio tuvo acceso– indica que debe haber más protección de rociadores, ya que como se encuentra el hospital, no daría tiempo suficiente a los pacientes y al equipo médico para salir del lugar.
El informe advierte de que los materiales utilizados en las paredes de los módulos “no estarían cumpliendo” con el código de resistencia al fuego, como exigen las normas de seguridad internacional.
El presidente de la Fundación Conciencia Ciudadana, Cristian Ábrego, expresó su preocupación: “Se descuidaron aspectos sanitarios y de seguridad” en el hospital al practicarse un método de contratación “poco transparente” entre el MOP y la empresa SmartBrix.
“Estamos viendo que hay muchos actos de corrupción en los actos públicos”, resaltó Ábrego. “Esperamos que el Ministerio Público en su investigación vea todos estos aspectos, tanto el precio en el que se mencionan sobrecostos hasta los relacionados con la seguridad”.
Ábrego manifestó su rechazo “a la forma turbia, confusa y poco transparente” de cómo se manejó la contratación de SmartBrix y la invitación a otras dos empresas que participaron con sus ofertas.
Desde el 23 de mayo pasado, La Prensa ha intentado que el presidente de la SPIA, Marcos Murillo, responda a llamadas y mensajes de este medio para conocer las acciones de este gremio ante posibles irregularidades en la construcción del hospital modular, pero todo esfuerzo ha sido infructuoso.
Miembros de la SPIA revelaron a este medio que se les prohibió conceder entrevistas a los medios de comunicación, y que, de hacerlo, no pueden indicar que pertenecen a este gremio, porque si lo hacen serían amonestados. Uno de los que recibió “un llamado de atención” por escrito, por brindar declaraciones a los medios sobre el hospital modular, fue el expresidentes del gremio, Gustavo Bernal.
Sabonge se desliga
Dos días después de que el director ejecutivo de la empresa turca Tumaks, Alí Kemaloglu, reveló que SmartBrix le habría solicitado una cotización para un hospital en Colombia, pero que apareció en Panamá, al doble del precio ofertado y presentado por TKL Import & Export, Sabonge reaccionó.
Tomó distancia del conflicto y se desligó de las posibles irregularidades en la entrega de cotizaciones, al indicar que “la situación entre Turmaks y TKL Import & Export es un tema comercial interno entre empresas privadas”.
Sabonge aseguró que la entidad que administra “cumple con su responsabilidad de rendir cuentas a la población y actuar con transparencia en todos sus actos”.
El ministro aún sigue sin responder a interrogantes de este medio, hechas a través de la Ley de Transparencia. Entre ellas, si las estructuras utilizadas para el hospital son nuevas o de segunda mano y si, de ser nuevas, entregará la documentación que así lo valide.
A través de un comunicado, Sabonge indicó ayer que “es una obligación contractual del contratista [SmartBrix] comprobar que lo entregado se ajusta a lo contratado e incluso, que lo entregado es cónsono con el precio pactado originalmente”.
El funcionario –que goza del respaldo del presidente de la República, Laurentino Cortizo– dijo que “el contrato no se ha perfeccionado y por tanto, no se ha hecho ningún desembolso al contratista”.
Sin embargo, desde el pasado 26 de marzo, el MOP ingresó a la Contraloría General la solicitud de pago a SmartBrix, pero ésta ha sido devuelto varias veces para correcciones.
