Cada año llegan al Ministerio Público (MP) un promedio que supera las 6 mil denuncias por la presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, pero del sistema judicial salen pocas condenas.
Datos del MP revelan que entre 2016 y 2021 se presentaron 36 mil 973 denuncias y en este mismo período en el Órgano Judicial se resolvieron 3 mil 990 casos de este tipo de delitos.
El 56% (2 mil 236) de estos casos terminó sin castigo para el imputado, ya sea por suspensión condicional del proceso (1,394 casos), extinción de la acción penal (671), sentencia absolutoria (124), sobreseimiento (26), desistimiento (20) o archivo (1).
Es decir que el llamado de las autoridades a presentar denuncias por este tipo de delitos ha tenido efecto en la ciudadanía, pero en los tribunales se marcha a otra velocidad.
Joyce Araujo, activista de derechos humanos, dijo que estos datos revelan que si bien la denuncia es un paso importante, se debe tener en cuenta que generalmente la víctima se queda sola en un proceso largo, desgastante y de constante revictimización, por lo que muchísimas veces los casos quedan archivados, prescriben, se suspenden y, en el mejor de los escenarios, se llega a acuerdos de pena sin una verdadera reparación de daños.
Miles de casos por delitos sexuales; pocas condenas
La pregunta quedó en el aire a propósito de la violación y embarazo de una niña de ocho años: ¿qué pasa con los delitos sexuales en Panamá?
Hay que considerar que en los últimos seis años se han presentado ante el Ministerio Público un promedio anual de 6 mil 156 denuncias por la presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual (36 mil 936 casos entre 2016 y 2021), según datos de la página web del Ministerio Público.
Paralelamente, en el Órgano Judicial se han hecho en ese mismo período 25 mil 43 audiencias relacionadas con este tipo de delitos, pero apenas se han resuelto 3 mil 990 casos sin entrar a considerar si son condenas, absoluciones u otra decisión.
El resto de los casos siguen en el sistema judicial, ya que el resultado de una audiencia puede durar varios años. Pero los datos de los casos resueltos arrojan luces sobre lo que ocurre.
Si se toma en cuenta el resultado de las audiencias, los datos del Órgano Judicial revelan que se resolvieron 3 mil 990 y en más de la mitad de ellos (2 mil 236 o el 56%) se produjo la suspensión condicional del proceso, se dio un sobreseimiento o el caso simplemente prescribió (Ver tabla).
Las víctimas se quedan solas
Según la abogada Joyce J. Araujo Lasso, activista por los derechos humanos, las distintas violencias que sufren las mujeres llevan un componente cultural que afecta inclusive, la forma en que son tratadas las denuncias, investigaciones y procesos.
Señala que la falta de una perspectiva de género en las investigaciones produce que estas se realicen con sesgos apegados a la forma en que las mujeres son socializadas y, por ende, así mismo es el resultado en el sistema judicial.
“La denuncia es un paso importante que toma la víctima, pero en gran parte de los casos se queda sola en el proceso, no tiene ni las fuerzas ni los recursos para continuar lo extenso, revictimizante y desgastante en que se convierten, con resultados en archivos, extinción, suspensión de procesos y en el mejor de los casos en arreglos de pena, sin una reparación de daños justa”, comenta Araujo.
De hecho, por esos datos sabe que las mujeres y, particularmente las menores de edad, son las principales víctimas de estos delitos. Por ejemplo, de las 6 mil 256 denuncias presentadas ante el Ministerio Público por delitos sexuales en 2018 un total de 3 mil 640 (58.2%) eran niñas o adolescentes menores de 17 años.
Ese es el caso de la niña guna de ocho años de edad, que fue violada el año pasado por un pariente cercano y su agresor está detenido desde diciembre del año pasado.
En 2021 el país fue sacudido por una serie de escándalos debido a las denuncias de abusos sexuales a menores en albergues que debía supervisar la la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
En reiteradas ocasiones la Fiscalía de Familia, a través de sus fiscales, ha dicho que las víctimas generalmente sufren en silencio y solo hablan cuando observan una consecuencia visible como un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.
La fiscal superior de en Delitos contra la Integridad Sexual, Maruquel Castroverde, manifiesta que en este tipo de delitos predominan la violación, las relaciones sexuales con adolescentes y los actos libidinosos. De hecho, en 2020 de las 5 mil 469 denuncias 2 mil 660 fueron por violación y violación agravada.
Explica Castroverde que, en efecto, las víctimas suelen ser menores de edad y el autor alguien muy cercano a su entorno de vida.
Por tal razón la fiscal hizo un llamado a la comunidad para que el que tenga conocimiento de este tipo de delito formalice la denuncia.
El problema, sin embargo, es que no siempre se logra llegar con estos casos hasta el final o si se llega no se logra condena como la víctima habría querido.
De hecho, el año pasado uno de los casos más sonados de este tipo terminó en nada. En abril de 2021 la Corte Suprema de Justicia declaró “no culpable” al diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Arquesio Arias, de delitos sexuales contra dos mujeres. La decisión de los nueve magistrados fue unánime en los cargos de violación sexual agravada contra una mayor de edad, actos libidinosos contra una mayor de edad y violación sexual contra una menor.
Respecto al delito de actos libidinosos contra una menor, la votación fue de 5 votos a favor de la culpabilidad y 4 a favor de la absolución. Pero Arias se salvó en este último caso debido a que es diputado y, por tanto, se requería de mayoría calificada.
