La negativa de la Asamblea Nacional (AN) de facilitar las funciones de mil 750 personas que contrató entre mayo y septiembre pasado, por $8 millones a través de la partida 172 –que ampara los contratos por servicios profesionales– es una vieja práctica.

La Ley de Presupuesto indica que estas contrataciones de “servicios especiales” debe ser prestado por “profesionales o personal que no son empleados públicos [...] siempre que no se tengan cargos similares en la estructura de puestos de la entidad”, cuyos detalles deben enviarse al Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF).

Pero, por la negativa de la AN de describir las labores de este personal, es imposible saber si dichas funciones se duplican o no en la planilla de la Asamblea, de 3 mil 574 funcionarios, entre eventuales y permanentes.

El MEF indicó que la AN cumplió con suministrar la estructura de personal requerida, con su debida clasificación de cargos, conforme al Manual de Cargos del Sector Público y el monto de los pagos mensuales y anuales.

“No obstante, en lo referente a las contrataciones pagadas entre los meses de mayo y septiembre pasado [partida 172], éste tema corresponde a la ejecución del gasto y es competencia de la Asamblea Nacional en coordinación con la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República, por lo tanto, no interviene el MEF”, aclaró la entidad por correo.

Alma Montenegro de Fletcher, exprocuradora de la Administración, dijo a Radio Panamá que malgastar fondos del Estado en una planilla estatal en pandemia no es correcto. En tanto, el diputado Miguel Fanovich indicó que se busca satanizar la AN.

Asamblea: planilla 172, tres administraciones, un secreto

Son de distintos partidos políticos y gobiernos, pero todos tienen algo en común: tres diputados que han ocupado consecutivamente la Presidencia de la Asamblea Nacional (AN) se han negado a detallar las funciones del personal contratado a través de la figura de “servicios profesionales”.

Se trata del personal que recibe contratos de la AN –en su mayoría semestrales, también conocidos como cashback– para efectuar algún tipo de trabajo que se desconoce y que se paga con fondos de la partida 172.

Fue en esta partida por ejemplo, en la que estaban contratados los mozos de corral del hipódromo durante 2011 y 2012, quienes, a cambio de prestar su nombre y firma, recibían entre el 5% y el 10% del monto del contrato ofrecido, sin tener que prestar servicio alguno a la AN. El resto del dinero retornaba al diputado gestor del contrato, según revelaron.

La partida nuevamente ha cobrado notoriedad... y en tiempos de pandemia. Hasta ahora, esta planilla, de mil 750 personas, ha consumido $8 millones, el 87% de ese monto, desembolsado en julio pasado, durante el pico de la pandemia.

Al analizar la data extraída de la Contraloría General de la República, La Prensa pudo inferir que la mayoría de estos contratos fueron concedidos en la provincia de Panamá.

Amparada en la Ley de Acceso a la Información, La Prensa le solicitó al presidente actual de la AN, Marcos Castillero (PRD), una descripción de las funciones que desempeñan estas personas, información que es de carácter público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Transparencia.

Sin embargo, la AN se excusó. Dijo que no contaba con “un programa que contenga el detalle de la información, tal como usted lo ha solicitado…”. Luego remitió al medio a la Contraloría, pero su portal digital tampoco revela la descripción de funciones solicitada a la AN.

Una respuesta similar ofreció a este medio la diputada Yanibel Ábrego (Cambio Democrático) cuando ocupó ese mismo cargo (2017-2019). En consecuencia, La Prensa interpuso un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo fallo fue a favor del medio.

La AN envió entonces un resumen del universo de los contratados, describiendo sexo y edad, menos sus labores. La Prensa reclamó el desacato, pero esta vez la Corte favoreció a la AN, por lo que la información nunca se pudo conocer.

La solicitud de habeas data que se negó a responder Ábrego obedecía a una petición previa que había hecho este medio a su antecesor, el diputado Rubén De León (PRD), quien no respondió la solicitud de información. Al dejar la presidencia de la Asamblea (2015- 2017), la respuesta a la petición recayó entonces en su sucesora.

Pero Ábrego no sólo no entregó la información solicitada, sino que durante su gestión intentó que la CSJ declarara inconstitucional el artículo de la Ley de Transparencia que establece las sanciones a los funcionarios que se nieguen a entregar la información pública.

¿Por qué La Prensa solicitó información de esta planilla? Fue en el desarrollo de una investigación periodística, denominada La dudosa filantropía de la Asamblea, en la que decenas de entrevistados revelaron que la ayuda económica que ofrecían los diputados –a través de su personal de confianza– eran contratos de trabajo, pero que no tenían que prestar servicio alguno, aunque sí devolver hasta el 95% del monto del contrato.

Tal revelación causó un escándalo, y una de sus consecuencias fue la drástica reducción del monto de la partida 172. El año pasado, terminó con una asignación de tan solo $800 mil, pero en 2020, la partida fue resucitada, y hasta el 22 de septiembre de este año, la AN se ha gastado la friolera de $8 millones en la contratación de unas mil 750 personas que ofrecieron servicios –que se desconocen–, pagados como “servicios profesionales”.

Este personal, dicho sea de paso, no está obligado a prestar servicios en las oficinas de la AN. Solo deben entregar un informe con los resultados de su trabajo, al que la AN denomina “asesoría” o “servicios profesionales” o “consultorías” y “servicios especiales”, según la Contraloría.

De hecho, para esta última institución, estos empleados eventuales no son servidores públicos, pues ellos realizan “servicios especiales”, en consecuencia, no tienen cargos en el engranaje gubernamental, afirma.

En cuanto al pago por sus servicios, el cobro debe ir acompañado de la documentación pactada, “incluyendo los informes de avance, por lo que nuestra institución tiene [el] debido conocimiento del cumplimiento o no de los servicios especiales contratados por las entidades del Estado”, contestó por correo la Dirección de Fiscalización de la Contraloría.

Es decir, tanto en la Contraloría como en la Asamblea, debería haber, al menos, unos mil 750 informes de “consultoría”, aunque este medio –ni ahora ni el pasado– ha logrado ver, y mucho menor leer, uno solo de estos informes.

En julio de 2018, el diputado Leandro Ávila (PRD) dio un ejemplo de las antes llamadas “consultorías” que contrató a través de la partida 172 de la Asamblea.

Se trataba de una mucama que trabajaba en Boquete para la expresidenta Mireya Moscoso, hermana de la asistente del diputado. Lo que hacía esta “consultora”, informó Ávila, “era recabar información sobre el sentir de la gente de su área y en Panamá [sobre el programa de la Beca Universal], porque los fines de semana viajaba hacia la capital”.

Así, pues, teóricamente, un informe de su “consultoría” debe reposar en los archivos de la AN, así como el de otros miles de personas, contratados por los 71 diputados –a un costo de $85 millones– entre 2014 y 2018, cuando fue suspendida por el entonces contralor Federico Humbert.

La decisión de Humbert de no refrendar la planilla cuando la suspendió en 2018 contrasta con la decisión de la actual administración de la Contraloría, que respondió a La Prensa que “no existe ninguna disposición emitida por el Ejecutivo que, basada en el plan de austeridad, permita a la Contraloría General de la República negar el refrendo de estas planillas sobre todo cuando contaban con la disponibilidad presupuestaria...”.

En total, la institución tiene, hasta el presente mes de octubre, 2 mil 302 funcionarios que trabajan de forma permanente en la institución, según datos de Contraloría. Además, mil 272 empleados eventuales, pagados con fondos de la partida 02, y cuyas funciones (asistente administrativo, ayudante, mensajero, oficinista, etc.) sí se publican en la web de la Contraloría.

Sumado el personal de la planilla cashback (mil 750 según data recabada hasta el pasado 22 de septiembre), el total se eleva a 5 mil 324, de los cuales, un tercio –como ya se dijo– no son servidores públicos, de acuerdo con el criterio de la Contraloría.

La planilla 080 en la que estaban los promotores comunales y deportivos no cuenta con fondos, pero La Prensa encontró el personal de esta partida en la 172.

Cuestionamientos

El presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, en solo un año de gestión (2019-2020), logró duplicar la cantidad de personas que trabaja para ese órgano estatal. Al 30 de junio de 2019, los contratados en la institución sumaban, en total, 2 mil 339, con un egreso en salarios de $3.5 millones.

Pero para mayo de este año, el número de empleados se disparó a 5 mil 428, incluidos los contratos ofrecidos en plena pandemia. El incremento fue del 132%, que consumieron $8.2 millones en salarios. Esto, obviamente, sin contar con el personal de la 172, cuyos contratos empezaron a desembolsarse en mayo pasado desde la Asamblea.

La Ley de Presupuesto establece que los “servicios especiales” o los contratos de servicios profesionales pagados con fondos de la partida 172 deben ser prestados por profesionales que no son empleados públicos, “siempre que no se tengan cargos similares en la estructura de puestos de la entidad”.

Es decir, que en este caso tendría que ser personal que no se encuentre realizando las mismas labores que hacen los más de 2 mil 302 empleados permanentes ni entre los otros más de mil 272 eventuales de la Asamblea.

Entonces, ¿Cuáles son esas labores que requieren que un tercio de los contratados por la AN no presten sus servicios en la sede de la entidad? ¿Por qué la AN requiere de mil 750 “consultores” y en qué materias específicas? ¿Dónde, exactamente, reposan los informes de estas consultorías? ¿Quién la ordena? ¿Quién las fiscaliza? ¿Para qué sirven? ¿Quién las lee?

Estas son las preguntas que tres presidentes de la AN, de distintos partidos políticos y de diferentes gobiernos se niegan a responder sistemáticamente desde hace más de tres años.

En reacción a las publicaciones de este medio, el diputado independiente Juan Diego Vásquez solicitó en el pleno del Legislativo una investigación de esta planilla y que sean reveladas las funciones de este personal, así como sus contratantes.

Augusto Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de Servicios Públicos, fue abordado respecto a los recortes presupuestarios en algunas instituciones y, por otro lado, más contrataciones en la AN y dijo en TVN que el clientelismo político es el cáncer del Estado.

El diputado Miguel Fanovich (Molirena), citado en Radio Panamá, dijo que “se continúa en satanizar a la Asamblea Nacional, sabiendo que el presupuesto utilizado es el otorgado por $107 millones”.