La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) envió a unos 13 niños, niñas y adolescentes en riesgo al Refugio Vida Libre en Las Garzas, pese a que era un sitio para rehabilitar adultos con adicción a las drogas.
A mediados de junio, dos de los adolescentes contaron a los trabajadores sociales que un adulto del centro los “acosaba” y “tocaba”.
El responsable del refugio, Javier Walford, reconoció los incidentes, aunque adujo que la situación fue “controlada”; y aclaró que recibió a los menores por petición de la Senniaf, ya que sus instalaciones no son aptas para menores vulnerables.
Se consultó a la Senniaf sobre este caso y no hizo comentarios, aunque sí dijo que trabaja en construir centros especializados para la atención de adolescentes que requieren tratamientos de salud mental.
En un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Social señaló que se han interpuesto las denuncias ante el Ministerio Público por los “hallazgos identificados” en algunos albergues; y que se tomarán las acciones legales y administrativas contra los funcionarios que resulten responsables.
El drama de dos menores de edad en un refugio de adultos
A ambos sus familias les dieron la espalda y pareciera que el Estado ha hecho lo mismo. Uno tiene 15 años y el otro 17; al más joven le llamaremos Felipe y al otro Juan Carlos, para salvaguardar sus identidades.
Felipe fue dado en adopción cuando era un bebé y luego estuvo de albergue en albergue. Tiene un retardo mental que le impide desenvolverse con facilidad, y debe tomar medicamentos.
Juan Carlos fue abusado sexualmente a los 5 años y a los 10 años, debido a la violencia que existia en su hogar, empezó a evadirse, al punto que terminó viviendo a la intemperie hasta que fue ingresado en un albergue.
Debido a la pandemia por la Covid-19 los dos adolescentes se encontraron en el Hogar Vida Libre –ubicado en el corregimiento de Las Garzas– que dirige el pastor Javier Walford. Es un refugio para adultos con problemas de pandillerismo, drogas, alcohol, y para personas que viven en las calles.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) envió a los jóvenes a este hogar estando al tanto de que no es un sitio apto para atender a menores en riesgo social. Así se lo hizo saber en un principio Walford y, recientemente, trabajadores sociales, a las autoridades de la Senniaf.
Además de a Felipe y Juan Carlos, la Senniaf envió a otros 11 niños, niñas y adolescentes a este hogar. En estos momentos todos siguen allí, con excepción de Juan Carlos que fue enviado a otro sitio que no fue precisado.
Un informe al que tuvo acceso La Prensa y que fue elaborado por trabajadores sociales de la Senniaf revela supuesto acoso sexual a estos dos menores, por parte de uno de los adultos que se rehabilita en el hogar.
La historia
El pasado 16 de junio, cuando uno de los trabajadores sociales de la Senniaf abordó a Juan Carlos para una evaluación de rutina, el joven le manifestó que en términos generales se encontraba muy bien en el Hogar Vida Libre y que le gustaba realizar su “tarea diaria asignada que es cocinar”.
Sin embargo, el adolescente denunció que un adulto de nombre “Bolívar”, que también colaboraba en la cocina, lo quería estar “tocando o abrazando” y que inclusive le “insinuó de andar con él”, es decir, ser su pareja. Eso motivó que tuvieran una discusión durante la cual le habría dicho a “Bolívar” que él no era homosexual.
Desde ese hecho, relató Juan Carlos que siente que el adulto “le acosa”, y donde está sentado quiere estar a su lado. “No es la primera vez que lo hace, anteriormente lo ha hecho, por lo que ha tenido conflicto con el señor”, detalla el informe.
El menor de edad le hizo saber a la funcionaria de la Senniaf que “él está seguro de sí mismo y de su afinidad sexual”, y que de continuar el acoso, desea que lo “cambien de albergue”. De hecho, ya no está en Vida Libre.
En el caso de Felipe, dijo sentirse muy bien en el Hogar Vida Libre, pero dada la información proporcionada por su compañero Juan Carlos, la trabajadora social le preguntó si un adulto del hogar lo estaba molestando o intentando tocar su cuerpo.
Se lee en el informe que ante la pregunta el chico “bajó la mirada y la cabeza”. Debido a esa reacción le explicaron que si está pasando un incidente de acoso debe informar a su equipo técnico de adopción para ayudarlo.
También le hicieron saber al joven que nadie le debe tocar su cuerpo, mucho menos algún adulto del hogar de rehabilitación Vida Libre. Dicho lo anterior, se le preguntó al adolescente si por casualidad el tal “Bolívar” no le estaba molestando. Sus palabras textuales fueron: “me tocó mi pene y mi glúteo”.
Ante esta respuesta, los trabajadores sociales insistieron y le consultaron a Felipe si había puesto en conocimiento al encargado de la casa, o al pastor Walford, y expresó que no, porque quizás no le iban a creer.
Tras conocer ambas historias el equipo técnico de adopción emitió una serie de observaciones. La primera fue solicitar a los dos adolescentes informar de cualquier incidente parecido, para poder brindar atención o ayuda con tiempo. También se pidió a los encargados del refugio tomar las medidas para que “ningún adulto se acerque a los menores de edad”.
Una conclusión a la que se arribó es que Vida Libre no reúne el perfil para los niños, niñas y adolescentes con situaciones de abuso sexual, abandono o maltrato. “Si el Centro de Rehabilitación Vida Libre, tiene la visión de trabajar con los niños, niñas y adolescentes, el hogar debe habilitarse solamente para los niños y adolescentes, no estar mezclado con adultos”, advierte el informe.
Se recomienda realizar supervisión a Vida Libre, y verificar si reúne lo señalado por el Protocolo para la prevención y atención de niños y adolescentes sin cuidado parental acogidos en albergues. Este protocolo dicta las reglas de cómo deben operar los albergues para la niñez.
Justificación y silencio
Se consultó a Javier Walford, administrador de Vida Libre, quien reconoció que hubo dos hechos con ambos adolescentes, pero que él no permite ese tipo de comportamiento dentro del sitio.
“En un centro de rehabilitación puede darse cualquier cosa, pero como autoridad logramos controlar estos casos”, dijo el religioso y agregó que fueron los jóvenes los que provocaron a los adultos en el sitio.
Según Walford, luego de que acontecieron estos hechos a Juan Carlos se lo llevaron los funcionarios de la Senniaf, mientras que Felipe sigue dentro de Vida Libre.
Sobre cómo llegaron los adolescentes allí a pesar de que el refugio no es apto para atender esa población, argumentó que cuando empezó la pandemia se le acercaron funcionarios de la Senniaf. “En vista que ellos no tenían dónde ubicarlos nosotros accedimos, pero ellos no le dan seguimiento. Yo con ganas y gusto que se los lleven, pero no lo hacen”, sostuvo.
Además, dijo que cualquier situación que ocurra con los menores de edad dentro de Vida Libre es la Senniaf la que tiene que salir al frente, ya que desde un principio les comunicaron que no recibían a menores.
Se envió cuestionarios tanto a Sara Rodríguez, directora de la Senniaf, como a María Inés Castillo, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para que dieran a conocer cómo están actuando frente a este caso y otros ocurridos en albergues de Panamá y Veraguas. Del Mides no hubo respuesta.
La Senniaf respondió que Vida Alegre tiene espacios separados para adultos y menores. “Desde la Senniaf nos encontramos trabajando para construir una oferta de servicios y centros especializados que permita la atención de los y las adolescentes que requieren tratamientos de salud mental. Esta es una tarea que el país tiene pendiente desde hace muchos años”, comunicó la entidad que prefirió no referirse al caso de Felipe y Juan Carlos.
Rodríguez fue citada hoy a la Asamblea Nacional por la Comisión de Gobierno y Justicia, para que responda por anomalías en albergues.
El Decreto Ejecutivo 26 de 21 de abril de 2009 que regula el tema de los albergues establece en el artículo 5 que la Senniaf debe comunicar a las autoridades competentes las irregularidades que se detecten en el funcionamiento de los albergues. Igualmente los obliga a proporcionar a los albergues asesoría profesional en materia jurídica, psicológica y de trabajo social.
De lo anterior está al tanto Javier Córdoba, coordinador de programas de Unicef, quien señaló que les preocupan “profundamente” las situaciones que vienen denunciándose sobre maltrato y abusos contra niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados. A le vez hizo un llamado: “Confiamos en que las autoridades investigarán los hechos y actuarán con celeridad para restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados”.
Al final del día, el Mides emitió un comunicado en el que señaló que ante las investigaciones que adelantan las autoridades competentes por las situaciones ocurridas en algunos albergues quiere hacer del conocimiento de la ciudadanía que “reprocha todo acto que atente contra los derechos individuales y colectivos” de los menores, y que “en estos momentos se está haciendo la revisión de la normativa que regula los Albergues y Casas Hogares en todo el país” para “fortalecer la institucionalidad, tomar acciones” y “mejorar las capacidades de supervisión”.
