MICI incorpora dos zonas de Colón y Coclé al régimen de concesiones mineras

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) añadió al régimen de concesiones mineras poco más de 25 mil hectáreas de tierras en Colón y Coclé.

Concretamente, una zona de 24,954.82 hectáreas entre los distritos de Donoso (Colón) y La Pintada (Coclé), y otra de 644.9 hectáreas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos (Coclé).

Así consta en dos resoluciones emitidas por el MICI y publicadas el pasado 13 de mayo en Gaceta Oficial, en las que se considera “viable y conveniente para los intereses del Estado” agregar nuevamente al régimen de concesiones mineras estas zonas –designadas como reservas en 2010 y 2015, respectivamente–, con el propósito de contribuir a reactivar la economía afectada por la pandemia de la Covid-19.

En estas tierras se podrán realizar actividades de exploración y extracción minera, a través de iniciativas e inversiones privadas.

MICI destina más de 25 mil hectáreas para explotación minera

Dos zonas que abarcan más de 25 mil hectáreas en las provincias de Colón y Coclé fueron incluidas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en el régimen de concesiones mineras, mediante las resoluciones 89 y 90 del 12 de mayo de 2021, y publicadas en Gaceta Oficial al día siguiente, 13 de mayo.

La primera zona abarca 24,954.82 hectáreas, ubicadas entre los corregimientos Coclé del Norte y San José del General, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, y El Harino, Piedras Gordas, y Llano Grande, en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

La otra zona, de 644.9 hectáreas, se sitúa entre los distritos de Omar Torrijos y Donoso, en Coclé y Colón, respectivamente

La zona de 24,954.82 hectáreas tenía 11 años como reserva, según muestra la Resolución 2 del 7 de febrero de 2010. Las otras 644.9 hectáreas fueron declaradas como reserva mediante la Resolución 19 del 22 de julio de 2015, es decir, hace cinco años.

En ambas resoluciones, el MICI cita el artículo 2 del Código de Recursos Minerales, que fue modificado por el artículo 9 del Decreto Ley 2 de enero de 2006, el cual dice: “... Las áreas de reserva establecidas por el Ministerio de Comercio e Industrias, y las que se convierten en áreas de reserva por devolución de áreas a la Nación, podrán incorporarse al régimen de concesiones mineras para llevar a cabo operaciones de exploración y extracción por medio de resolución del Ministerio de Comercio e Industrias”.

Las resoluciones, que llevan la firma del ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, alegan que la decisión fue adoptada con la finalidad contribuir a reactivar la economía del país, que se ha visto afectada por la pandemia de la Covid-19.

Para el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), es lamentable que estas resoluciones devuelvan, en conjunto, más de 25 mil 500 hectáreas al régimen de concesiones mineras, tierras que estaban bajo reserva desde 2010 y 2015, con el argumento de que ello es necesario para la reactivación económica.

Las resoluciones fueron emitidas una semana después de que comenzó un diálogo entre el MICI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la elaboración de una política nacional de minería.

Al respecto, 46 organizaciones no gubernamentales de Panamá emitieron un comunicado el pasado 10 de mayo, en el que rechazaron este diálogo porque, a su juicio, se inició bajo la premisa de la minería como motor de desarrollo social y ambientalmente sostenible.

Las oenegés plantearon que, previo al diálogo, ya se decidió que la minería es una actividad viable y deseable para nuestro país y, por tanto, se invita a actores con el propósito único de determinar el “cómo”.

El CIAM sostuvo que el diálogo propuesto por el MICI y el BID debía durar seis meses y procurar una “institucionalidad fuerte que permita resguardar los derechos e intereses legítimos de los involucrados”, así como los procedimientos para la concesión de las dos áreas aludidas en las resoluciones promulgadas.

Sin embargo, las autoridades no esperaron ni siquiera que culmine el diseño de esa institucionalidad y mucho menos su implementación, para reservar más tierras para esa actividad.

“Toda ello demuestra que en realidad el llamado ‘diálogo’ no es más que una estrategia para avalar los interés mineros que han mantenido a lo largo de los gobiernos y ahora, con la excusa de la pandemia, se pretende seguir adelante”, subrayó el CIAM.

La preocupación de los organizaciones ambientales obedece a que, de acuerdo con su criterio, con la minería se devastarán bosques y contaminarán más los ríos que nacen en estas zonas.