El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) llevó a cabo modificaciones a la normativa que regula la apertura y funcionamiento de los albergues para los menores de edad.
Se trata del Decreto Ejecutivo No. 404 que viene a subrogar el Decreto 26 de abril de 2009, y que fue publicado en Gaceta Oficial el pasado 30 de octubre.
El cambio en la norma se produjo luego de críticas contra autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), así como del Mides por anomalías en el manejo de los albergues.
Según el documento, tras más de 10 años de haberse emitido el decreto que regulaba el tema (Decreto 26 de 2009) se requería su reemplazo, para reforzar las funciones de la autoridad administrativa en materia de supervisión.
El nuevo decreto crea en cada provincia un comité local de supervisión y monitoreo de albergues, al cual le corresponderá inspeccionar estos centros de acogida dentro de su área geográfica, por lo menos cada seis meses. Cada comité estará integrado por un representante de la Senniaf, uno del Mides y uno de la Red de Niñez y Adolescencia, la cual aglutina a las oenegés vinculadas al tema de protección de la niñez y adolescencia.
Este medio dio a conocer en agosto pasado, en una serie de reportajes, irregularidades ocurridas en albergues del país, algunas relacionadas con falta de supervisión, y otras, con el conocimiento de las autoridades.
Una de estas era que se enviaba a a menores de edad a albergues en los que se atendían adultos con problemas de drogadicción, lo que para especialistas consultados no era correcto.
Otra de las novedades que trae el nuevo decreto es que los encargados de los albergues deberán poseer título universitario, y se les exigirá contar con pólizas de accidente para los infantes.
Para Roderick Chaverri, vicepresidente de la Red de Niñez y Adolescencia, el tema de la póliza es una buena idea, aunque subirá el costo de operación del albergue.
“Me parece que el decreto, en principio, está bastante bien, pero eso debe ir de la mano de un aumento en los recursos que el Estado le aporta a los albergues, para que puedan cumplir con todos los requisitos”, acotó el activista.
Walkiria Chandler, diputada suplente del independiente Gabriel Silva, manifestó que con esto queda en evidencia que existía una especie de vacío administrativo y que los albergues funcionaron sin los requerimientos mínimos. “Mezclar a niños con adultos es un tema que se cae de su peso”, dijo la diputada, quien forma parte de una subcomisión de la Asamblea Nacional que investiga las irregularidades que se cometían en estos lugares de acogida.
La subcomisión está elaborando un informe que se encuentra en su fase final.
En el país hay unos mil niños, niñas y adolescentes en riesgo social, que se encuen viviendo en albergues.
