El año pasado, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público investigó 1,634 casos, escenario en el que prevalecieron los relacionados con el patrimonio económico (560), contra el orden económico (253) y los delitos contra la administración pública (91).
Si se comparan estos números con los de 2020, se puede establecer que hubo un incremento de 248 causas, pues ese año estas fiscalías reportaron 1,386.
Donde se generó un bajón considerable fue en los delitos contra la administración pública: en 2020, de acuerdo con la web del Ministerio Público, se reportaron 573 casos, y en 2021, 91.
Estos hechos, de acuerdo con el Ministerio Público, ocasionaron una posible lesión al Estado de $10 millones 287 mil 729.
La fiscal superior Anticorrupción Itzel Koo informó que en 2021 se llegó a 71 acuerdos de pena con 72 condenados.
De alto perfil
Sin embargo, los casos denominados de alto perfil caminan a paso lento: algunos están sin imputados, otros fueron archivados y un grupo está en fase de investigación. El de la vacunación clandestina tiene tres imputados, según la fiscal Koo: Matías Escudero Pérez, el vacunador, quien se encuentra detenido y es señalado por la supuesta comisión de los delitos de estafa, ejercicio ilegal de la profesión, falsedad de documentos y contra la salud pública, y Denisse Vega de Murzi y Celine Gazal de Esses, quienes son procesadas por la presunta comisión del delito contra la salud pública.
También salió a relucir el proceso por la sustracción de libretas y chances ganadores de la Lotería Nacional de Beneficencia. Aquí hay seis personas imputadas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública: los exfuncionarios de la entidad Franklin De Gracia, Alexandra Bonilla y Yamilka Camarena, y los particulares Miguel Peña, Omar López y Antonio Peña.
En fase de investigación está el relacionado con el hallazgo de bolsas de comida de Panamá Solidario en una residencia en el barrio San Francisco, en la capital. Aquí hay cuatro imputados por la presunta comisión del delito de peculado. Se trata de Rodolfo Chamorro, Julio Palacios Pinzón y Juan Carlos Brin, todos funcionarios, y Julio Caballero, extrabajador del Ministerio de Obras Públicas. En fase de investigación también está el caso por conflicto de interés en la venta de pruebas de hisopado para los viajeros a las islas del Pacífico. Se procesa a los doctores Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, pero aún no han sido imputados ni tienen medidas cautelares.
La fiscal superior Anticorrupción Anilú Batista detalló que en la Fiscalía de Descarga se generaron 214 llamamientos a juicio y 149 sentencias condenatorias a 199 personas sentenciadas bajo el sistema inquisitivo mixto.
La multa de Odebrecht
El año pasado, la fiscalía entregó la vista fiscal sobre el pago de coimas por parte de Odebrecht. Batista informó que Odebrecht no ha pagado la cuota ($18.3 millones) que le correspondía pagar en 2021, como parte de la multa acordada en 2017 con el Ministerio Público. Informó que a raíz de eso solicitaron una audiencia ante un juez de cumplimiento.
Ya en marzo de 2021, un juez de cumplimiento ordenó la retención de $35 millones 48 mil 512 de dineros que el Estado debe a Odebrecht por obras públicas. Esta orden fue remitida al Ministerio de Economía y Finanzas para que la ejecutara (MEF). Desde ese entonces, el MEF ha retenido $8.6 millones (11 de junio de 2021), $3.7 millones (14 de julio de 2021) y $323 mil 437 (13 de septiembre de 2021). Este dinero fue acreditado al pago que la empresa tenía que hacer por la cuota de 2019.
Le queda pendiente pagar $22.3 millones. Eso no incluye la cuota pendiente de 2021.
La fiscal indicó que, en total, la empresa constructora ha pagado $52.3 millones. De manera voluntaria, ha pagado $40 millones y, el resto, ha sido mediante retenciones.
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