Subsidiar a los partidos políticos del país le ha significado al Estado un desembolso de $230.4 millones entre 1999 y 2019.
El monto se eleva de una elección a otra, y analistas cuestionan el legado que deja esta inversión. El salto más grande se dio para las elecciones de 2014: de $33.7 millones, pasó a $69 millones, un incremento de 107%.
Los fondos se dividen en subsidio preelectoral y poselectoral.
Millones para la política; el ADN del subsidio
Desde que en 1997 se reglamentó el financiamiento electoral de los partidos con fondos públicos, los actores políticos del país han recibido más de $230.4 millones de dinero de todos los panameños para su funcionamiento.
Actualmente, el subsidio electoral -como se le llamaba hasta hace algunos años- se sustenta legalmente en el Decreto 6 del 16 de junio de 2005, texto que desde entonces ha sido modificado, al menos, en nueve ocasiones.
Con las reformas electorales de 2017, los artículos del Código Electoral que regulan el tema van del 189 al 203. El Tribunal Electoral (TE) es la institución encargada de financiarlo y fiscalizarlo y, según la norma, está divido en dos partes: financiamiento pre y poselectoral.
El porcentaje de división de ese monto ha variado en los distintos quinquenios, pero el propósito, al menos según la norma, se mantiene. El financiamiento preelectoral está destinado a cubrir gastos de campaña y convenciones políticas. El poselectoral se reparte anualmente y está destinado a capacitaciones y el fortalecimiento institucional de los partidos.
Todos los gastos y el uso de esos fondos deben ser reportados al TE. El pago poselectoral se hace a través de reembolso, una vez se justifiquen los gastos. El total de subsidio electoral corresponde al 1% de los ingresos corrientes presupuestados para el gobierno central, el año previo a las elecciones.
Para el proceso electoral de 1999, el total de fondos públicos destinados al subsidio fue de $15.3 millones. El 40%, es decir, $6.15 millones, fue pagado antes de la elección. En esa ocasión le tocaron $511 mil 633 a cada uno de los 12 partidos participantes. El 60% restante, $9.19 millones, se repartió en los años siguientes al ejercicio del voto.
Sin embargo, el pago poselectoral se le hace solo a los partidos que subsisten una vez se cuentan los votos. Este monto se divide así: un porcentaje equitativo y el resto dependerá de los sufragios válidos obtenidos en la elección.
El preelectoral
El ascenso
El financiamiento público electoral se ha incrementado después de cada quinquenio. Por ejemplo, en el de 2004-2009, el total del subsidio electoral se elevó a $20 millones. En esa ocasión, siete partidos fueron a la contienda. Antes de ir a las urnas, a cada uno le correspondió $1.14 millones.
Hubo otro incremento para el periodo correspondiente a 2009-2014: $33.7 millones. Cada uno de los ocho partidos participantes recibió $1.7 millones en concepto de financiamiento preelectoral.
Sin embargo, en el quinquenio 2014-2019 se dio un salto considerable. La cifra llegó a $69.8 millones. El monto fue superior a la suma de todos los subsidios desembolsados que se habían distribuido en los 15 años anteriores. Cada uno de los 6 partidos constituidos recibió $4.7 millones antes de las elecciones.
Un giro
Con las reformas al Código Electoral de 2017 se estableció que el monto total del subsidio será dividido a la mitad entre el financiamiento pre y poselectoral. El fondo destinado al subsidio en este quinquenio es de $91.6 millones. A diferencia de otros años, el componente preelectoral se calculó con base en la cantidad de votos que recibió cada partido en la elección pasada.
La mirada externa
El tema es complejo, y genera opiniones divididas.
El analista político Edwin Cabrera considera que el subsidio “es incompatible” con las donaciones privadas. “En Panamá, hay plata nuestra y hay donaciones”, dijo.
Cabrera se refiere a la “sinvergüenzura de los partidos” que dominan la Asamblea, pues son los diputados quienes deciden qué se incluye y qué no en la ley electoral. Lamentó que el dinero público que se entrega a los partidos políticos termina “en el fondo de la oscuridad”. Cita, por ejemplo, que uno de los objetivos de dicho financiamiento es “la formación política”. Sin embargo, asegura que actualmente no hay diferencia ideológica entre los partidos, con excepción del Frente Amplio por la Democracia (FAD).
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, formula una pregunta: ¿se fortalece la democracia con el subsidio a los partidos?
“Hay que retrotraerse un poco y entender qué pasaría si la financiación queda únicamente en manos de capital privado”, advirtió.
De Obaldía es más crítica del financiamiento poselectoral, pues considera que no parece rendir frutos. Pone como ejemplo la capacitación y formación de las mujeres para que sean candidatas. “Se invierten millones, pero tenemos menos candidatas que en 2014”, lamentó.
Considera que un financiamiento mixto, como el que ya existe, bien fiscalizado, es la mejor opción.
“Eliminar el financiamiento privado no funciona, pues seguirán donando, pero a escondidas y por vías no fiscalizables”, sustentó.
De Obaldía resalta que el exuberante monto no contempla los recursos estatales que han usado los partidos gobernantes para promocionar a sus candidatos, antes de que esa práctica estuviera censurada en el Código Electoral.
“Hay que bajar el límite, darle un verdadero control y eliminar todos los otros dineros discrecionales que se usan para hacer clientelismo”, aseguró.
El preelectoral
Los partidos que participan en el actual torneo recibieron $44.2 millones en financiamiento preelectoral. Reciben un monto en relación a la cantidad de votos obtenidos en la elección anterior y, en el caso de los nuevos partidos, por la cantidad de adherentes.
Se reparte así: Partido Revolucionario Democrático, $12.38 millones; Cambio Democrático, $11.41, millones; Panameñista, $9.6 millones; Molirena, $4.1 millones; Partido Popular, $3.5 millones, y Frente Amplio por la Democracia y Alianza, $1.57 millones cada uno.
