Al responder una nota de la Fundación Conciencia Ciudadana sobre la vacunación al expresidente Ernesto Pérez Balladares en su residencia de Altos del Golf, el Ministerio de Salud (Minsa) alegó que la Ley 48 del 5 de diciembre de 2007, que regula el proceso de vacunación en Panamá, no prohíbe inmunizar a las personas en sus casas.
La directora de la Oficina de Asesoría Legal del Minsa, Indira Rangel Fernández, respondió a Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, que esta modalidad de vacunar a domicilio se ha practicado durante años y que la jornada en la residencia del expresidente Pérez Balladares se efectuó porque el exmandatario no pudo vacunarse en el plantel educativo que le correspondía, debido a que tenía quebrantos de salud.
Por ello, luego de que Pérez Balladares les consultara si podía ser vacunado en su residencia, un equipo de enfermeras asistió a su casa por tratarse de una persona rezagada en el proceso de vacunación y mayor de 74 años.
En la nota de contestación a Conciencia Ciudadana, Rangel detalló, asimismo, que la vacunación a domicilio ha sido práctica usual en la pandemia de la Covid-19, sobre todo en las casas de personas de avanzada edad.
Por su parte, Ábrego escribió en su cuenta de Twitter que, con base en la respuesta del Minsa, cualquier ciudadano panameño que por quebrantos de salud no pueda asistir a su cita de vacunación puede solicitar que lo vacunen y las autoridades de salud no puede rechazar esa petición.
El pasado 10 de junio, Pérez Balladares confirmó que tanto él como su circulo familiar fueron vacunados contra la Covid-19 en su residencia. No precisó la fecha, pero indicó que fue antes de que viajaran a Turquía y, según sus redes sociales, eso ocurrió en abril pasado. “Alguna consideración debe tener quien sirvió al país honestamente”, se justificó.
La vacunación a Pérez Balladares se conoció poco después de que La Prensa informara sobre jornadas de vacunación clandestinas en Coco del Mar y Punta Pacífica, por las que hasta la fecha solo está detenido Matías Pérez Escudero.
Por este caso, la Fiscalía Especial Anticorrupción aún no ha definido si imputará a otras personas, luego de recibir del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses un informe sobre las pruebas serológicas aplicadas por el Instituto Gorgas de Estudios de la Salud a 16 de las 32 personas inoculadas en dichas jornadas.
Las pruebas buscaban determinar si estas personas recibieron vacunas anticovid o un placebo.
