La figura del ministro consejero ha quedado en primer plano con los escándalos que involucran a dos de ellos: Eyra Ruiz y José Alejandro Rojas.
Los ministros consejeros tienen derecho a voz en el Consejo de Gabinete, personal administrativo y rango salarial de ministro, pero no tienen las mismas responsabilidades legales de los ministros de Estado en propiedad.
Ruiz, ministra consejera de Salud, ha sido blanco de críticas por varias de sus actuaciones, como por ejemplo, la autorización para una jornada de vacunación en la Asamblea Nacional, siendo secretaria ejecutiva de Panavac-19. También reconoció conocer a Denisse Vega, propietaria del edificio Coco del Mar Suites, donde el pasado lunes se vacunó con la dosis de Pfizer a 17 personas que habrían pagado $200, cada una.
Mientras que Rojas Pardini, ministro consejero de facilitación de la inversión privada, está vinculado a la directiva del restaurante Salvaje, donde el mes pasado murió un joven al desprenderse un barandal. Rojas Pardini aparece en documentos de préstamos millonarios con Jaime Ventura Álvarez, que ostentó el cargo de secretario de la sociedad propietaria de Salvaje, hasta febrero de 2020.
Aunque a ambos se les designó como ministros consejeros, aparecen en la planilla estatal con otros cargos. Ruiz se mantiene como médico en el Ministerio de Salud (Minsa) y gana $7 mil 562 con 98 centésimos al mes. Rojas figura como secretario ejecutivo de la Secretaría de la Economía de la Presidencia, y devenga $6 mil (salario y gastos de representación).
Con privilegios
Los escándalos vuelven a revivir el debate de la conveniencia o no de esta figura en el engranaje oficial.
Al igual que los ministros, cuentan con carro oficial y personal administrativo. Además, usan pasaporte diplomático y pueden acompañar al presidente en viajes y actividades internacionales en calidad de ministros. Su función, que no está establecida en la Constitución ni en los decretos que los designan, sería la de aconsejar al mandatario en temas complejos.
El artículo 194 y 198 de la Constitución, solo se refieren a los ministros de Estados. Por ejemplo, el 198, dice que los ministros de Estado deben rendir un informe de gestión a la Asamblea Nacional. Pero a diferencia de los ministros, ni Ruiz ni Rojas deben rendir informes sobre sus actuaciones. Tampoco son responsables de lo que suceda en los ministerios, pues es una función del titular de la cartera.
No deben existir
La Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 3 de julio de 2014, se pronunció sobre la figura del ministro consejero y dijo que no tiene sustento constitucional.
El fallo respondió a una demanda interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño, contra el exministro de Obras Públicas y entonces ministro consejero Federico Suárez (gobierno de Ricardo Martinelli 2009-2014), por haber ordenado un pago por $30 millones para reparar daños en la vía próxima al Puente Centenario. La Corte envió el caso a un juez de circuito, y dijo que la designación de Suárez como ministro consejero no tenía sustento constitucional para ser llamado “ministro de Estado”.
Cedeño dijo a este medio que ya es hora de que ese cargo de ministro consejero salga del horizonte jurídico, porque no tiene sustento y en la práctica es un tipo de cargo honorario que le otorgan a personas que, hasta ahora, no han demostrado un desempeño para tratar de considerar su legalidad a través de un tratamiento jurídico. “Ese cargo tendría algún tipo de sentido si fuera honorario, es decir, que no cobra ningún tipo de emolumento, personas muy notables que pudiesen asesorar, pero no es el caso”, acotó.
Génesis del cargo
La figura del ministro consejero no es nueva en Panamá. En 1994, Guillermo Endara designó a Roberto Alemán como asesor y se le otorgó la categoría de ministro de Estado. Esta situación generó polémica y reacciones de los legisladores de esa época. La figura también ha sido usada en otras administraciones, como en las de Mireya Moscoso (1999-2004), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Para Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, la figura es “innecesaria” y se crea, añadió, “por la corrupción dentro de los partidos políticos, que una vez llegan al poder, crean figuras que no existen legalmente para llenar puestos políticos y favorecer a copartidarios”. En algunas ocasiones, manifestó, son solo “botellas” que están allí para cobrar y no aportan un valor agregado al engranaje gubernamental.
“Un ejemplo más de cómo se nos escapa el dinero del Estado a través del amiguismo, el clientelismo y los favores políticos”, aseguró.
Por su lado, el analista político Richard Morales, manifestó que en la medida que los ministros consejeros no cumplen ninguna función concreta dentro de los ministerios, queda claro que el puesto existe como compensación a figuras que no recibieron el cargo de ministros en las negociaciones de repartición de cargos. Además, indicó que el hecho de que los ministros consejeros no estén sujetos a la cadena de mando formal de la institución “abre las puertas a que actúen de forma discrecional, sin estar sujetas a los mismos controles o rendición de cuentas que los cargos formales en los ministerios”.
La figura de ministros consejeros se mantiene desde 1994. Los anteriores, en la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), fueron Ramón Fonseca Mora, Temístocles Díaz y Francisco Sierra. Sin embargo, en aquella época estas figuras no fueron tan beligerantes como en la actual administración.
A parte de Ruiz y Rojas, el gobierno de Laurentino Cortizo tiene a otro ministro consejero: Carlos Salcedo, quien actúa como director ejecutivo institucional en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Salcedo gana $6 mil, entre salario y gastos de representación.
