Los ministerios de Ambiente y de Salud, así como la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, buscan una salida al problema que representa el relleno sanitario de Cerro Patacón —ubicado en el corregimiento de Ancón— para el medioambiente y la salud de la población.
De momento, representantes de esas entidades manejan dos opciones: esperar que el contrato de concesión con la empresa Urbalia Panamá concluya en 2023, como está previsto, o intervenir la administración del relleno, tomando en cuenta que aún faltan dos años para que finalice la relación entre la empresa y el Estado.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, subrayó que la entidad ha abierto cinco procesos administrativos desde que comenzó la operación en Cerro Patacón, por mal manejo ambiental. Además, multaron a Urbalia con casi $60 mil, pero la empresa presentó un recurso de apelación, que MiAmbiente está por resolver.
Informó que luego del deslave en la etapa 1 del relleno, que provocó contaminación en los ríos Guabinoso y Cárdenas, actualmente llevan a cabo un análisis jurídico para determinar si se puede intervenir la administración del sitio donde se depositan los desechos de los distritos de Panamá y San Miguelito.
“Hay una gran posibilidad de que eso sea así, pero no podemos brindar más detalles hasta que se concluya el análisis del que te hablé”, puntualizó el funcionario.
En palabras de Concepción, pese a los expedientes, llamados de atención y sanciones económicas, no hay manera de que la empresa cumpla con el adecuado manejo de los desechos sólidos en la zona, por lo que el Gobierno tomará una decisión.
Sobre si el Estado está preparado para asumir la administración de Cerro Patacón, Concepción señaló que cuentan con la capacidad técnica y los profesionales para hacer frente a esta responsabilidad; no obstante, dijo que un tema importante que se encuentran analizando son los recursos para operar el lugar.
En ese contexto, precisó que el contrato para operar el relleno sanitario es de unos 10 millones de dólares al año, lo que brinda una idea de cuánto le costaría al Estado asumir esta gestión.
Precisamente, la falta de pagos ha sido uno de los reclamos de Urbalia a las últimas administraciones gubernamentales, lo que, según la empresa, afecta el manejo del punto de disposición de desechos sólidos.
Daniel Cantor, director de Operaciones de Urbalia, aseguró que la Autoridad de Aseo les adeuda $10.3 millones correspondientes a la operación del relleno durante el año 2020.
A pesar de esto, el ministro de Ambiente manifiesta que lo ideal sería que, por el momento, el Estado tome las riendas de la administración del relleno sanitario, debido a que el sitio ha sido extremadamente mal manejado.
“Nosotros, como Gobierno, vamos a tomar una decisión y estamos analizando lo mejor que se pueda para tomar las riendas del relleno”, concluyó.
Los asentamientos
Además del problema ambiental, alrededor de Cerro Patacón hay un problema de salud pública del que están al tanto las autoridades, ya que asentamientos informales se han tomado ocho hectáreas de las 132 concesionadas a Urbalia.
Se trata de 122 familias que se ubicaron a escasos 500 metros del relleno sanitario, cuando se establece que la población más cercana debe estar a unos 2 kilómetros de donde se manejan los desechos tóxicos.
Sobre este tema, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, manifestó que han tenido reuniones con la Autoridad de Tierras y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según Paredes, el plan es encontrar terrenos estatales que permitan la reubicación de estas personas. “Buscamos corregir estos asentamientos que están allí desde hace años atrás”, expresó.
Sin embargo, indicó que las fincas ubicadas para tal fin no cumplen con el relieve adecuado y, de momento, descartaron esa posibilidad. “El terreno que se nos propuso no es el mejor, pero seguimos en busca de otras opciones”, dijo Paredes, quien también reconoció que alrededor del relleno hay un problema de salud pública por resolver.
Urbalia ha manifestado que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) debe realizar una valoración sobre el impacto del deslave en el relleno, para luego poner en marcha los planes de adecuación y así aplicar una correcta disposición a los residuos y lodos que resultaron del colapso de la etapa 1.
Según el Ministerio de Ambiente, con las lluvias y deslaves de esta semana los lixiviados (líquidos que circulan entre los desechos) llegaron a una quebrada, la cual drena al río Guabinoso y este, a su vez, es tributario del río Cárdenas.
“Se hicieron recorridos en ambas fuentes hídricas, a fin de detectar afectación a la fauna acuática. Por el momento, no se ha detectado fauna acuática muerta; sin embargo, no se descarta en los siguientes recorridos fauna afectada”, detalló la entidad ambiental.