La “negligencia” del Ministerio de Salud (Minsa) podría costarle al Estado más de $3.5 millones, luego que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) condenara al Minsa a pagar la mencionada suma a un consorcio que dejó inconclusos tres Minsa-Capsi: en Santa Fe (Darién), Burunga (Panamá Oeste) y Soná (Veraguas).
En el laudo se resalta que el Minsa “no inspeccionó las obras de manera permanente mediante la contratación de una empresa privada”, como lo establecía el contrato.
El demandante, el Consorcio Termotécnica Megaproyectos, exigía una indemnización de $13.1 millones por daños sufridos en los tres contratos aludidos.
Los peritos del Minsa confirmaron la “desorganización” en los archivos sensitivos del Minsa, que imposibilitó constatar los pagos hechos a la empresa.
El ministro de Salud, Luis Sucre, evitó referirse a la condena, pero mencionó que el consorcio no los deja entrar a a las obras, y que tomarán las “acciones necesarias” una vez tengan acceso a las obras.
Sucre dijo que se reunirá con representantes del consorcio para definir la entrega de la obra y equipos en el Minsa-Capsi de Darién.
Por ‘negligencia’ del Minsa, el Estado pagará $3.5 millones
E l ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, afirmó que el Estado había ganado un litigio legal al Consorcio Termotécnica Megaproyectos. Sin embargo, esto no es del todo cierto. De hecho, el Estado fue condenado a pagar más de $3.5 millones por daños y perjuicios al contratista, luego de que este demandara por incumplimientos en los contratos de construcción de tres Minsa-Capsi en Darién, Soná (Veraguas) y Burunga (Panamá Oeste).
En el laudo, al que La Prensa tuvo acceso, se condenó al Estado a pagar al consorcio más de $3.5 millones en indemnización por daños y perjuicios, por los tres contratos, aunque el contratista exigía $14 millones.
También se condenó al Estado a pagar 239 mil 692 dólares en concepto de devolución del 50% de los costos fijados por la Corte y gastos adelantados por la demandante para la celebración de las audiencias.
Agrega el documento que el Ministerio de Salud (Minsa) debe pagar intereses al contratista sobre las sumas cuyo pago ordenó el este laudo, de acuerdo con el artículo 1072-A del Código Fiscal, a partir de la fecha del laudo —18 de agosto de 2021— hasta la fecha de su efectivo pago.
Negligencia
“Este Tribunal Arbitral encuentra razones suficientes para considerar que el Ministerio de Salud no cumplió con su obligación de gestionar adecuadamente los contratos... hecho que jugó un rol determinante en el mal resultado en la ejecución de los contratos”, resalta el laudo.
![Minsa debe pagar $3.5 millones en indemnizaciones](https://prensa.com/resizer/v2/CPXB6CGZCRH7FKSCAIMCZGVP2U.jpg?auth=d121238bf8d2297ec729d2925f049b31210563ac7d93481adc3361c651b8a5aa&width=1200)
Resaltaron que la “negligencia” del Minsa es “la razón principal de la falta de terminación de los Minsa-Capsis” en Darién, Soná y Burunga. Sin embargo, durante una gira por Darién este fin de semana, Sucre, aseguró que el Estado ganó este proceso de arbitraje, por lo que retomarían los trabajos de construcción de estas infraestructuras.
La Prensa cuestionó a Sucre por la omisión de la condena por daños al Estado, pero evitó responder. Insistió en que “el Estado panameño ha ganado en el laudo arbitral presentado”, debido a que el consorcio “queda obligado a responder sobre las garantías de los equipos suministrados, ya sea médicos, no médicos y equipo de oficina e infraestructura.
Sucre dijo que “el Minsa no ha podido corroborar” los avances del Minsa-Capsi de Darién, paralizada desde 2016, porque “la empresa no permite el ingreso del personal del Minsa” a esta obra.
Sucre afirmó que los asesores técnicos de la institución consideraron que lo que pedía la empresa —$13.1 millones— no era correcto, por lo que era injusto que el pueblo panameño asumiera el pago exigido por el consorcio.
El funcionario omitió informar que los mismos peritos del Minsa —resalta el laudo— confirmaron, a través de un informe de auditoría, que la “administración de la documentación contractual [del Minsa] fue deficiente”, debido a que hay “desorganización” en el archivo de la documentación, como las copia de los certificados de no objeción de la obra, gestiones de cobro, adendas. Ni siquiera el contrato firmado con el contratista. Se menciona que no está foleada la documentación que sustenta la información del Minsa sobre estos Minsa-Capsi.
![Minsa debe pagar $3.5 millones en indemnizaciones](https://prensa.com/resizer/v2/KPUZX4EINFCJXME4HSRCJOXHN4.jpg?auth=fd8368a9d37356b682cc24971dfaba8e542092f946f57d742254a70df9770258&width=1200)
Estos incumplimientos no fueron los únicos para determinar la condena al Estado. Se analizaron otros incidentes, como la demora en la entrega oportuna de los terrenos titulados a favor del Minsa para que el contratista obtuviera los permisos de construcción y ocupación, a pesar de que era importante, ya que “tenía incidencia directa”, en el inicio de las obras.
El Tribunal también sostuvo que el Minsa “no inspeccionó las obras de manera permanente mediante la contratación de una empresa privada” como lo establecía el contrato. Tampoco entregó las conexiones eléctrica ni de agua en los lugares de la construcción de las obras.
Condena al contratista
A pesar de los incumplimientos del Minsa, el tribunal no consideró que fueran motivo o fundamento contractual o legal para “exonerar” al contratista de su obligación de prestar las garantías a los equipos médicos ni de las infraestructuras.
También negó al contratista sus pretensiones de declarar nulas cuatro cláusulas de las adendas a los contratos. Igualmente, rechazó la pretensión del contratistas de declarar un desequilibrio contractual de índole financiero en los contratos, debido al “incumplimiento” del Minsa.
Sucre informó que en los próximos días se reunirá con los representantes del consorcio para definir la entrega de los equipos pendientes.
En cuanto a las negligencias del Minsa alegadas por el Tribunal Arbitrario, el ministro de Salud dijo: “Nosotros estamos haciendo un análisis del laudo arbitral, a fin de establecer cuáles y en dónde se dieron las fallas. En este momento no podría señalar a nadie, ya que, como esta licitación y al igual que el contrato son de vieja data, se hace necesario realizar la investigación correspondiente a fin de tomar las medidas pertinentes”.
Darién
Sobre el Minsa-Capsi de Darién, el demandante solicitó que el Minsa lo recibiera en su estado actual, a pesar de reconocer que no había concluido los trabajos. Esta petición del demandante fue rechazada por el Tribunal.
De acuerdo con el contratista, su avance de la obra alcanza el 95%, pero se determinó mediante peritaje que su avance oscila entre entre el 85% y el 93%.
El Tribunal consideró que el Minsa podrá recibir la obra en el estado en que se encuentra, aunque no estaría obligada a hacerlo, y que el demandante “no demostró” que un evento de fuerza mayor le impidiera cumplir con sus obligaciones contractuales. Desde el 2019, los trabajos se encuentran paralizados en Darién, según informó el ministro Sucre.
Soná y Burunga
Respecto a los centros de atención primaria de Soná y Burunga, el Tribunal no encontró razones para conceder al contratista su pretensión de no responsabilizarse de la garantía de construcción.
El Minsa-Capsi de Soná fue entregado en julio de 2018, mientras que el ubicado en Burunga (Arraiján), fue recibido en julio de ese mismo año. Aunque ambos son utilizados actualmente por el Minsa, indicó el Tribunal Arbitral, no puede considerarse que sea un reconocimiento del cumplimiento por parte del contratista.
En ambos casos, se mencionó que el avance físico fue superior al 95%, de acuerdo con el peritaje de las partes en litigio.
A pesar de los fondos públicos invertidos, se concluyó que estos Minsa-Capsi se encuentran en abandono.
Resolución de contratos
El Tribunal Arbitral resolvió administrativamente los tres contratos llave en mano suscritos por el Minsa en el 2010.
Sobre este punto, el abogado Ernesto Cedeño consideró que el Estado podría pedir la anulación del laudo ante la Corte Suprema de Justicia.
De no hacerlo, entonces la fiadora del proyecto debe asumir los costos de la terminación de la obra, ya sea ejecutándolo o contratando a una empresa para que realice los trabajos de finalización de obra.
Cedeño mencionó que el objeto del contrato con el consorcio fue la construcción del Minsa-Capsi que, aunque no está terminado, ya es un bien del Estado que no debe ni puede perderse.