El Ministerio de Salud (Minsa) se ha negado a entregar a La Prensa copia de los contratos de las vacunas contra la Covid-19 y no ha dado ninguna explicación al respecto.
A pesar de que la solicitud de información se efectuó con base en la Ley de Transparencia y de que el Minsa solicitó 30 días adicionales para responder la petición, transcurridos y sobrepasados los 60 días máximos que da la ley para responder, el titular de la cartera, Luis Francisco Sucre, ha ignorado la petición de información.
En Panamá, por ley, estos contratos son públicos.
Este medio preguntó a la farmacéutica Pfizer si había alguna objeción de su parte para hacer público este contrato –cuyo contenido se ha mencionado como reservado en otros países– e indicó que las respuestas deben darlas las autoridades.
La Prensa solicitó, desde el 30 de diciembre, copia del contrato entre el Estado y las empresas Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, y de lo pactado a través de la iniciativa Covax para la adquisición de vacunas, así como las cartas en las que el Estado solicitó estas vacunas antes de firmarse los contratos.
A pesar de que Sucre pidió 30 días, adicionales a los 30 días que concede la ley para dar una respuesta, que se vencieron el 5 de marzo, no ha habido ninguna.
La Prensa intentó obtener una respuesta e intentó comunicarse con el jefe de Prensa del Minsa, Aris Ábrego, a través de múltiples correos, llamadas y mensajes de texto, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Panamá ha recibido poco más de medio millón de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. El pasado lunes llegó el noveno cargamento.
Según las negociaciones, Panamá debe recibir más de 5 millones de vacunas Pfizer, otro millón de AstraZeneca/Universidad de Oxford; 300 mil de Johnson & Johnson y 1.1 millón a través del mecanismo Covax.
Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo informó que prestará 30 millones de dólares al país para gastos relacionados con las vacunas.
En este sentido, el abogado Ernesto Cedeño solicitó los mismos contratos de las vacunas a la Contraloría General de la República, entidad en la que se digitalizan todos los documentos, pero tampoco recibió respuesta. Por ello, la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de habeas data, presentado el 20 de enero, que está pendiente de fallo.
“No hay transparencia ni rendición de cuentas efectiva de los manejos de fondos públicos, porque en la Ley de Transparencia no hay nada que indique que [el contenido de esos contratos] es confidencial... No sabemos qué se ha pactado ahí ni cuántos contratos hay”, dijo Cedeño. Rubén Castillo Gil, asesor de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), ha dicho que como el país está atravesando “una crisis tan profunda” y agravada por la pandemia es imperante, con mayor razón, que la transparencia sea la base de la gestión pública, ya que contribuye a la confianza ciudadana.
