Insubordinación al ignorar una orden del presidente de la República, restricción al libre ejercicio de la libertad de prensa y abuso policial en el manejo de manifestaciones ciudadanas.

Este es el balance, hasta ahora, de la detención del periodista Juan Cajar. La Policía Nacional se lo llevó la noche del pasado jueves, mientras reportaba una protesta ciudadana frente a la Asamblea Nacional, que ese día cerraba sesiones ordinarias.

Junto a Cajar, del diario La Estrella de Panamá, los agentes policiales detuvieron a cinco jóvenes: Raúl Conte, Andrés Conte, Cristopher Andrión, Heriberto Pérez y Sean Thorne.

Desafío al Presidente

El presidente del Grupo Editorial La Estrella y El Siglo, S.A. (Gese), Eduardo Quirós, indicó que Cajar permaneció más de cinco horas detenido, la noche del jueves, pese a que el presidente Laurentino Cortizo, ordenó su puesta en libertad. La Policía decidió quedarse de todos modos con él.

La Ley 18 de 1997, que es la ley orgánica de la Policía Nacional, establece en su artículo 4 que el presidente de la República es el jefe máximo de esa institución.

Cajar se presentó ayer ante un juez de paz de Bella Vista para una audiencia en la que, a la luz de lo advertido inicialmente por la Policía, se le formularían cargos por la presunta alteración del orden público. No obstante, como el juez tenía una cita médica, la diligencia fue aplazada para el próximo 2 de noviembre. Igual ocurrió con los otros cinco detenidos.

Cajar, que también es profesor en la Universidad de Panamá, denunció que los agentes ignoraron que él les alertó que hacía su trabajo como informador y lo detuvieron de forma violenta; ni siquiera le leyeron sus garantías.

Contradicciones

Por parte de la Policía, su jefe, Jorge Miranda, emitió ayer un comunicado en el que pidió disculpas a Cajar. El día anterior, cuando se dieron los incidentes, la entidad había informado que seis personas “intentaban violar el perímetro de seguridad [de la Asamblea] y no acataron los mandos verbales de las unidades policiales”, sino que “procedieron a lanzar objetos contundentes”, por lo que fueron aprehendidos.

La Policía había dicho en ese comunicado que Cajar no portaba su carné de prensa al momento de ser detenido, “ni tenía el equipo de grabación o filmación usados por los profesionales de prensa”.

El incidente tuvo eco internacional. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que las disculpas no son suficientes. Pidió que al Ministerio de Seguridad garantizar que los responsables sean sancionados y suspendidos. Nada de esto ha ocurrido.

Quirós también apuntó en esta línea al señalar que cuando alguna unidad policial actúa haciéndole daño a la institución, debe ser separada, aunque se trate del director general.

“Se han dado situaciones que vienen reiteradamente demostrando que la Policía necesita capacitación en respeto a los derechos humanos y en la forma en que se deben atender manifestaciones pacíficas”, dijo Quirós al ser consultado por este diario.

En horas de la tarde de ayer, Miranda se reunió con el periodista Cajar y directivos de La Estrella, en la sede del periódico. También estuvo el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

Miranda se disculpó y prometió que para la audiencia del próximo lunes, no presentarán cargos contra el reportero, como se sugirió inicialmente. No obstante, se refirió a dos versiones que conocería el juez: la de los “informes policiales” y la de Cajar. Negó, además, que vaya a renunciar al cargo.

La semana pasada Miranda, que ejerce el puesto desde el 1 de julio de 2019, cumplió la edad de retiro y Cortizo anunció que busca su reemplazo.

El objetivo de la protesta

Juan Williams, uno de los dirigentes de la protesta frente a la Asamblea, señaló que la actividad tenía un doble propósito: recordar que este mes se cumple un año de las manifestaciones contra el paquete de reformas constitucionales y rechazar la “falta de participación ciudadana” en la aprobación, esta semana, del presupuesto general del Estado para el año 2021.

Dijo que acercarse a la Asamblea no es alterar el orden público. “Bastó que unos jóvenes se subieran a la cerca para desatar la represión indiscriminada”, señaló.

Una larga noche

Christopher Andrión relató que le lanzaron gas pimienta en la cara. Luego, un policía y dos agentes del Servicio Nacional de Fronteras lo tumbaron violentamente. Lo meten, junto a sus compañeros, a una patrulla, en donde uno de los policías le gritó vulgaridades. Fueron llevados a la estación de San Miguel, en Calidonia, donde estuvieron esposados por varias horas y posteriormente los trasladaron al Santo Tomás. Allí no se les atendió, así que fueron al centro de salud en Torrijos Carter, en San Miguelito, donde, después de tres o cuatro horas, fueron revisados. Luego, la Policía los regresó a San Miguel. Eran cerca de las 2:00 a.m. Allí les dicen que tienen que acudir a una audiencia por alterar el orden público, a las 9:00 a.m. del viernes, ante un juez de paz de Bella Vista.

Trascendió que dos de los jóvenes detenidos, Cristopher Andrión y Heriberto Pérez, formarán parte de una queja formal contra la Policía Nacional, que adelanta ahora la Defensoría del Pueblo.

Entre los temas a investigar está la violación a la libertad de prensa, el abuso policial y el derecho de protesta.

El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión advirtieron que la detención de Cajar viola las libertades de prensa y de expresión.

Panamá, a examen sobre derechos humanos

El próximo martes 3 de noviembre, la situación de los derechos humanos de Panamá será objeto de análisis por parte del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.

El EPU implica un examen de los expedientes de derechos humanos de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. En esta oportunidad, según un comunicado de la oficina de Naciones Unidas en Panamá, un grupo de trabajo del EPU evaluará 14 países entre, el 2 y el 13 de noviembre.

Las primeras y segundas revisiones del EPU de Panamá tuvieron lugar en noviembre de 2010 y en mayo de 2015, respectivamente.

Entre las observaciones que se le han hecho al país figuran la ausencia de políticas para combatir la discriminación, especialmente de mujeres indígenas y afrodescendientes con discapacidad, y contra transexuales.

Además, se recomendó aprobar una legislación específica que prohibiera explícitamente la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, y que sancionara a los responsables de dichas discriminaciones.

La delegación de Panamá estará presidida por María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social.

Las delegaciones que servirán como relatores (“troika”) para el EPU de Panamá son: Chile, Nepal y Somalia.

La audiencia será transmitida vía webcast de la sesión en http://webtv.un.org, de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.