Funcionarios de altos rangos de los ministerios de Seguridad Pública y de Gobierno fueron liberados de responsabilidades administrativas y procesos por la masacre de la cárcel La Joyita del pasado 17 de diciembre, donde murieron 13 personas.
Sin embargo, se destituyó a la directora encargada de la cárcel, Alexandra Vence. Además, se le iniciará proceso administrativo al custodio Javier Carter, jefe de seguridad interna del penal; a Ismael Arguelles, quien era el jefe de seguridad externa del centro penal; y a José Vidal Franco Calderón, jefe penitenciario.
No se le aplicarán procesos a Walter Hernández, director del Sistema Penitenciario; y al subdirector Luis Gordón, a quienes se les había separado de sus cargos. Tampoco habrá proceso para los comisionados José Melamed, Alberto Correa, y el cabo primero Roberto Pinto.
Informe de La Joyita; un relato de justificaciones
Los ministros de Seguridad Pública, Rolando Mirones y de Gobierno, Carlos Romero, dieron a conocer un informe sobre la masacre en La Joyita del pasado 17 de diciembre, en donde murieron 13 presos y resultaron heridos otros 14.
Mirones, quien tildó al sistema de “degenerado”, enumeró las fallas y carencias que tienen las cárceles del país. Se quejó de que no tienen suficiente personal: solo hay 700 custodios a nivel nacional. “Hay problemas de luminarias: no existen en muchos casos y, además, hay problemas eléctricos de carga, lo cual hace difícil la seguridad; no hay cámaras de video vigilancia; y no existen arcos de detección de metales”, enumeró. Dijo que no tienen un sistema de bloqueo de señales y por eso, aseguró, se dan comunicaciones en las cárceles. La falta de escáner para la revisión de personal que entra al penal fue otro de los asuntos que mencionó.
En La Joyita, añadió, se encontraron estructuras que denotan falta de mantenimiento “por muchos años”. Narró que hay personas que salen de cumplir una pena e invaden las áreas cercanas al penal “con la esperanza de poder participar en el trasiego de materiales prohibidos hacia la cárcel”. Según el ministro “todas estas deficiencias fueron corroboradas por el director del Sistema Penitenciario, Walter Hernández, quien realizó un informe a solicitud del ministro de Gobierno en el mes de julio de 2019”, contó.
Mirones informó que en los últimos seis meses se hicieron más de 175 requisas en las cárceles, de las cuales cinco fueron por informes de inteligencia de la Policía Nacional y de esas cinco, dos fueron en los pabellones en La Joyita. Aseguró que no se detectaron las armas usadas para la matanza, porque estaban escondidas en dos cavidades “muy sofisticadas” que habían sido fabricadas por los internos. Una de ellas era de dos metros y medio, donde cabía una persona. La otra era la que se le conocía como “La Tumba”.
Mientras que Carlos Romero, ministro de Gobierno, entidad a cargo del Sistema Penitenciario, aseguró que encontraron un sistema “degenerado, permisivo, con muy pocos controles”, y con deficiencias de programas de resocialización.
Informó que no encontraron elementos de prueba para aplicar procesos disciplinarios a Walter Hernández, director del Sistema Penitenciario; y al subdirector Luis Gordón, a quienes se les separó del cargo después del evento. “Se procede a la destitución de la Alexandra Vence, directora de la cárcel La Joyita”, aseguró.
Se le iniciará un proceso administrativo al custodio Javier Carter, jefe de seguridad interna del penal, “por su posible omisión en tomar medidas preventivas de seguridad horas antes de los hechos”.
La misma suerte, según Romero, correrán Ismael Arguelles, quien era el jefe de seguridad externa del centro penal; y José Vidal Franco Calderón, (jefe penitenciario) por la posible omisión en tomar medidas preventivas de seguridad.
Además, según el informe, no se encontraron elementos de prueba para formular cargos disciplinarios a los comisionados José Melamed, Alberto Correa, y el cabo primero Roberto Pinto, quienes habían sido separados de sus cargos.
Los ministros presentaron el informe en la rueda de prensa después del Gabinete. La presentación les tomó una hora, incluyendo el tiempo para responder las preguntas de los periodistas. Aclararon que redactaron el documento de forma conjunta y que este solo se refiere a temas administrativos.
El propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, había ordenado el informe advirtiendo que se tomarían “medidas duras y sin contemplaciones”.
