En la ausencia de los representantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático (CD) se inició este fin de semana el debate de uno de los puntos neurálgicos de la reforma electoral: la controvertida figura del fuero penal.
En su más reciente sesión, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), el organismo que por ley debe preparar, junto al Tribunal Electoral (TE), los cambios al Código Electoral que regirá los comicios del 5 de mayo de 2024, logró consenso en que se requiere eliminar o restringir el fuero para que este no sea “refugio de criminales”, tal como lo definió Freddy Pittí, representante de las organizaciones de la sociedad civil ante la CNRE,
En la sesión del sábado 12 de diciembre que duró cuatro horas y en la que se aprobaron una serie de cambios en materia de propaganda y campaña electoral, se usaron los últimos 30 minutos para debatir el bloque del fuero electoral “que protege a los actores del proceso electoral de medidas laborales administrativas o judiciales dirigidas a obstaculizar, ya sea el ejercicio de una función electoral, o de sus derechos políticos, según sea el caso”. El actual código desarrolla estas normas en los artículos que van del 258 al 282.
Propuesta del TE fue rechazada
En el seno de la CNRE, el ambiente de rechazo al fuero, en particular al penal, es tal que, incluso, una propuesta del TE que implicaba reducir su cobertura, fue rechazada casi de forma unánime.
En su artículo 259 la norma vigente dice lo siguiente: “El fuero electoral penal es la garantía procesal que tienen los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de los partidos legalmente constituidos, los candidatos, los funcionarios electorales y enlaces para que no puedan ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa del TE, salvo en caso de flagrante delito”.
El TE, bajo la vocería de Ósman Valdés, director de Organización Electoral y presidente interino de la CNRE, propuso la siguiente redacción: “El fuero electoral penal es el derecho que tienen los candidatos, delegados electorales, miembros de corporaciones electorales, funcionarios electorales y enlaces, para no ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa de los Juzgados Administrativos Electorales, salvo en caso de flagrante delito”.
Es decir, que se excluía a algunos actores del beneficio y los magistrados del TE se zafaban de la responsabilidad directa de levantar el fuero. Pero, con excepción del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, que se abstuvo y del PRD y CD, que no mandaron representantes a la sesión del sábado, los otros ocho integrantes de la CNRE, votaron en contra de esta modificación.
Una reforma más profunda
Ante este “impasse”, como lo denominó Valdés, los miembros de la CNRE se comprometieron a presentar en la sesión del próximo jueves una propuesta que elimine el fuero penal electoral como protección a los políticos frente a la acción de la justicia. Además, según el consenso logrado hasta ahora, se mantendría el fuero laboral, que también está contenido en este bloque de artículos.
Algunos de los argumentos
El diputado Juan Diego Vásquez, representante de los ciudadanos electos por libre postulación, expresó durante el debate que no puede ser que el fuero penal, “que no debería existir”, signifique un retraso en la justicia que facilite que los casos prescriban. Vásquez propone, por ejemplo, establecer prohibiciones de medidas cautelares como arresto mientras un candidato esté en campaña, pero no frenar la investigación. “¿En qué afecta, por ejemplo, que un candidato sea investigado”, se preguntó.
Registros del TE detallan que entre 2014 y 2020 se presentaron 536 solicitudes de levantamiento del fuero. De ese total, se levantó la protección en 507 casos.
Ana Matilde Gómez, quien representa a la academia, dijo que se debe garantizar que el fuero no encumbra delitos, sin que ello signifique permitir la persecución de ciudadanos involucrados política, especialmente si están en condición vulnerable, como los trabajadores o las mujeres.
En ese sentido hizo referencia a la ex fiscal general de Guatemala Thelma Aldana, quien fue vetada por los tribunales de competir por la presidencia de la República de su país en 2019, porque tenía una denuncia por supuesta corrupción.
Elisa Súarez, del sector privado, fue más drástica: se debe eliminar de la norma el fuero penal y dejar únicamente el laboral.
Ya en 2018 el Ministerio Público intentó que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional parte del artículo 259. Sin embargo, en un fallo del 10 de agosto de 2020 el pleno de la Corte, bajo la ponencia de Carlos Vásquez Reyes, determinó que los fueros en general constituyen mecanismos temporales de protección en cumplimiento del deber del Estado de garantizar derechos constitucionales y convencionales de un grupo de personas, debido a la condición que poseen, tal es el caso de, entre otros, el fuero de maternidad, sindical, por discapacidad laboral, laboral por enfermedad crónica y el fuero electoral penal.
Por lo pronto, las organizaciones de la sociedad civil se reunirán la noche de mañana, martes, para consensuar una propuesta para debatirla el jueves 19 de diciembre, informó Freddy Pittí.
La CNRE marcha a contrarreloj, ya que tiene plazo hasta el 15 de enero para presentar el paquete de reformas a la Asamblea Nacional, que está controlada por el PRD y el Molirena.
Políticos recurren a la coraza del fuero
En los últimos siete años, 2014 fue el año en que más solicitudes de levantamiento del fuero penal electoral de actores políticos se presentaron ante el Tribunal Electoral. Ese año, en que dejó la presidencia Ricardo Martinelli y asumió Juan Carlos Varela, se presentaron 211 solicitudes.
En total en el período 2014-2020 se hicieron 536 solicitudes.
En la investigación de Odebrecht invocaron el fuero, por ejemplo, Jaime Ford, Federico Suárez, Frank De Lima, Rómulo Roux, Ricardo Francollini, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
En el caso El Gallero, por ejemplo, el desaparecido dirigente del PRD y alcalde de Los Santos, Eudocio Pany Pérez, lo invocó.
Y este año, en el caso Pandeportes, el exdiputado panameñista Adolfo Valderrama recurrió a la figura.