En un kilométrico fallo unánime de 38 páginas, los tres magistrados del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial decidieron, el pasado 3 de enero, concederle a la fiscal superior anticorrupción Zuleyka Moore el amparo de garantías constitucionales que interpuso en el caso Odebrecht.
La fiscal Moore buscaba que el tribunal anulara la decisión del juez Décimo Segundo de Circuito, Óscar Carrasquilla, que había negado el pasado 3 de mayo de 2019, extender el término de investigación del caso Odebrecht.
De acuerdo con el fallo de los magistrados Lilianne M. Ducruet, Miguel A. Espino, y José J. Karamañites, el Ministerio Público, representado por Moore, tiene 5 meses y 8 días, a partir de cuando la decisión quede en firme, para concluir la pesquisa penal más compleja de los tiempos recientes en el país.
El caso Odebrecht consta de 600 tomos, tiene 82 imputados, otros 122 sujetos relacionados con la investigación, y su desarrollo se vio dilatado por 184 recursos, 14 amparos de garantías constitucionales, y 10 fueros penales electorales.
En el amparo se constituyeron como terceros intervinientes los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, el exministro de Obras Públicas Federico José Suárez, y el empresario Aaron Mizrachi Malca.
¿Se acerca el final de la investigación de Odebrecht?
La constructora brasileña Norberto Odebrecht ha sido el contratista más grande del Estado panameño en toda la historia. A lo largo de tres gobiernos de distintos partidos, la empresa, muy ágilmente, obtuvo contratos que incluían un proyecto de riego, tres etapas de la cinta costera, autopistas, el proyecto de saneamiento de la bahía, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la reconstrucción de la ciudad de Colón, una línea de interconección eléctrica, la ampliación de la carretera panamericana y dos líneas del Metro de Panamá.
El tamaño de los proyectos y el monto de los contratos solo se empequeñece frente a la compleja trama de corrupción y de soborno internacional que debía ser investigada.
De acuerdo con el fallo del del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, del 3 de enero de 2020, recogiendo los datos aportados por el Ministerio Público, el caso Odebrecht tiene 600 tomos, 82 imputados, 122 personas relacionadas con la investigación, 495 cuentas bancarias analizadas, 416 sociedades utilizadas para el lavado de activos, todo lo cual requirió de 123 asistencias internacionales.
Las pesquisas enfrentaron múltiples obstáculos que incluyeron, hasta la fecha, 184 incidencias, 14 amparos de garantías constitucionales y 10 fueros electorales penales, todo lo cual retrasó la investigación y dificultó la obtención de evidencias en Panamá y otros países.
La investigación se enfrentó a sus obstáculos más grandes en las repetidas negativas del juez Óscar Carrasquilla, del juzgado Décimo Segundo de Circuito del Ramo Penal. Carrasquilla negó la primera solicitud de prórroga efectuada por la fiscal Zuleika Moore, mediante el auto 242 del 25 de octubre de 2017. La fiscal apeló al Segundo Tribunal Superior, donde por meses el expediente estuvo en pausa, hasta que el 24 de abril de 2018 ese tribunal le concedió la primera prórroga por un término de un año.
En el ínterin, entre recursos de la defensa de los 82 imputados y el proceso electoral, el caso se ralentizó. La fiscal Moore pidió una nueva prórroga en marzo de 2019, pero nuevamente le fue negada por el juez Carrasquilla, a través del auto 74 del 3 de mayo de 2019. La fiscal nuevamente apeló al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que decidió, el 2 de agosto de 2019, reiterar la negativa de prorrogar la investigación. Fue en ese momento que a la fiscal Moore le quedaba una última opción: el amparo de garantías constitucionales.
Este recurso extraordinario busca restablecer el órden jurídico reconocido por la Constitución Política y los convenios internacionales ratificados por el país, y que haya sido infringido por una orden de hacer o no hacer, emitida por un servidor público. La fiscal Moore debía atacar la negativa del juez Carrasquilla de extender el término de la investigación. Sus argumentos fueron principalmente dos: la violación del derecho constitucional al debido proceso, y la afectación que tendría el pueblo panameño a su derecho a la verdad.
Dentro del proceso de amparo de garantías constitucionales, 4 de los 82 imputados se constituyeron en terceros intervinientes: los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, representados por la firma del abogado Carlos Carrillo; el exministro de Obras Públicas Federico José Suárez, representado por el abogado Rosendo Rivera; y el empresario Aaron Mizrachi Malca, representado por la firma Guerra y Guerra. El tribunal no encontró mayor mérito en los alegatos y argumentos presentados por estas partes que, sin embargo, como terceros intervinientes pueden apelar la decisión del Primer Tribunal Superior al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
La investigación todavía enfrenta riesgos de suma importancia. Con la llegada del nuevo procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, se podría dar la situación de que la fiscal Moore fuera trasladada, y un fiscal novato se encargara de un caso tan complejo. Otra amenaza es que la Policía Nacional no asigne la cantidad adecuada de investigadores de calidad para acompañar a la fiscalía. Seguiríamos siendo el único país democrático en el cual el caso Odebrecht queda impune.
