Los ministerios de Obras Públicas (MOP) y de Salud (Minsa) no tienen objeción al desarrollo de un relleno marino de 50 hectáreas en la calzada de Amador, en el corregimiento de Ancón.
Como parte del proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental de este proyecto, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) solicitó opinión a varias entidades y universidades, y hasta el momento sólo han respondido el Minsa y el MOP.
En el caso del Minsa, además de no tener objeción, recomendó que se cumpla con el reglamento para el consumo de agua potable de los trabajadores del proyecto y con controles para evitar la liberación de partículas de polvo durante el movimiento de tierra.
El proyecto. Otros detalles
El EIA precisa que el área de influencia directa del proyecto comprende una superficie aproximada de 156 hectáreas, dividida por área acuática y terrestre. El área acuática corresponde al océano Pacífico, abarcando una superficie de 146 hectáreas, y el área terrestre, conformada por el relleno frente al Figali Convention Center, donde se plantea ubicar el campamento del proyecto, con 10 hectáreas.
El MOP fue más corto y directo, al responder que después de evaluar el estudio no tenía objeciones, ni comentarios. Llama la atención que el MOP no haya emitido observaciones, cuando uno de los temas que más inquieta a urbanistas sobre este desarrollo es la reducida accesibilidad vial a Amador.
Para el urbanista José Isturaín, este relleno es un “exabrupto”, y Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, alegó que no es posible hacer rellenos en playas, riberas y fondo de mar para la apropiación privada, toda vez que son bienes inadjudicables.
A pesar de las críticas, avanza análisis de relleno en Amador
A pesar de los cuestionamientos de urbanistas y ecologistas, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) avanza con el proceso de evaluación de un estudio de impacto ambiental (EIA) para el desarrollo de un relleno marino de 50 hectáreas en Amador, en el corregimiento de Ancón.
El pasado 4 de abril, Miambiente envió notas a otras entidades solicitando su opinión y consideraciones sobre la propuesta, lo cual es algo habitual cada vez que se revisa un estudio ambiental.
Entre los despachos a los que se pidió una postura del tema están los ministerios de Obras Públicas, de Salud y de Vivienda, así como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Posteriormente, el 5 de abril, Miambiente pidió la consideración de instituciones académicas y científicas, como la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.
En una nota, Miambiente les hace saber que dicho relleno sentará las bases para un “plan maestro” que incluirá las siguientes facilidades: estacionamientos, hospedaje, restaurantes, área para deportes extremos y acuáticos, playas, centros comerciales y peatonal.
De momento, sólo dos de las entidades consultadas han respondido y sus señalamientos no van en la misma línea o preocupación que urbanistas o ecologistas.
Una de esas entidades es el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que resumió su comentario técnico en una nota con fecha del 11 de abril: “Después de evaluar el estudio ambiental [...] le informamos que no tenemos objeción, ni comentarios al respecto”. La nota en la que se emitió el comentario lleva la firma de Vielka de Garzola, jefa de la Sección Ambiental de esa entidad.
El Ministerio de Salud (Minsa) no presentó objeción y sólo recomendó que se cumpla estrictamente con el reglamento técnico para el agua potable que consumirán los trabajadores en la obra. Además, que se implementen las medidas de control necesario para evitar la liberación de partículas de polvo durante el movimiento de tierra en el proyecto. Así lo dio a conocer en una nota que firmó Atala Milord, jefa de la Unidad Ambiental del Minsa.
Indignación
A diferencia de lo planteado por el MOP y el Minsa, la abogada y miembro de la Asociación para la Conservación y el Desarrollo, Susana Serracín, subrayó que la propuesta de rellenar 50 hectáreas en la calzada de Amador constituye una violación directa a la Constitución, ya que está claramente establecido que no es posible hacer rellenos en playas, riberas y fondo marino para apropiación privada, toda vez que son bienes inadjudicables.
“Permitir este tipo de desarrollo abriría el compás a que los gobiernos de turno, mediante la figura de la desafectación, pudieran vender, traspasar o enajenar bienes de dominio público”, advirtió Serracín.
En palabras de la ambientalista, la idea de los promotores es rellenar un bien de dominio público, en este caso el lecho marino, y que automáticamente pase a ser un bien patrimonial; sin embargo, el Estado perdería su potestad de disposición de los bienes de dominio público y sus elementos constitutivos, como el lecho marino, el mar territorial, playas, etc.
Argumentó que es preciso considerar los impactos ambientales que generaría la obra en la bahía de Panamá, antes, durante y después de la construcción.
El mensaje de la abogada fue claro: “existen varios factores de peso que avalan los controles rígidos para preservar el patrimonio nacional, de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia nacional que existe en esta materia. Por tales motivos, el Ministerio de Ambiente tiene todos los elementos de hecho y de derecho para rechazar de plano este exabrupto jurídico”.
El urbanista José Isturaín manifestó que el frente marino de la capital debe ser público y, al momento que se haga este relleno, ya no lo será. “Esto es un exabrupto. Al darle esa concesión a un promotor, tú privatizas el espacio público. Es una falla terrible aceptar este tipo de proyectos”, alegó Isturaín.
Este proyecto se denominará Desarrollo Marítimo Amador y el promotor es L.G.S. Panama Tourism Development, S.A. Aunque el desarrollo supone 50 hectáreas de relleno en el mar, el EIA precisa que el área de influencia directa del proyecto comprende una superficie de casi 156 hectáreas.
Como parte de la obra, también hay en trámite una solicitud de concesión marina de 108 hectáreas en la AMP.
La Prensa ha intentado contactar a L.G.S., pero no ha respondido las interrogantes.
