A mediados del mes pasado, al Ministerio de Ambiente llegó un estudio de impacto ambiental, categoría III, para la puesta en marcha del proyecto minero Greenfield Mining, en el corregimiento de Remance, distrito de San Francisco, en Veraguas.
En realidad se trata de la antigua mina Remance que operó en la década de 1990, y que según residentes de San Francisco y oenegés como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) causó contaminación, estuvo carente de planes de contingencia y no hizo reparaciones cuando cerraron la mina, hace más de 20 años.
Ahora, y según el estudio de impacto ambiental presentado en el Ministerio de Ambiente por la promotora Greenfield Resources, “procurando” reducir la posible afectación del entorno ambiental el proyecto plantea la utilización de las zonas previamente afectadas por trabajos mineros.
“La infraestructura a desarrollar en el proyecto está relacionada con la habilitación del yacimiento subterráneo existente, la instalación de procesos que conllevan el beneficio del mineral extraído, así como las infraestructuras de apoyo”, precisa el documento.
También indica que el contrato de concesión otorga los derechos exclusivos para un área de 2 mil 400 hectáreas; no obstante, aclaran que el presente estudio ambiental (área del proyecto) se ciñe específicamente a un área de 175 hectáreas. Para tener una idea, esta última cifra equivale a cuatro veces el parque recreativo Omar.
El presupuesto aproximado para la fase de construcción de este proyecto de extracción de minerales metálicos (oro y otros) es de $110 millones y su meta es la exploración, producción y beneficio metalúrgico, con una proyección de explotación de 200 toneladas de mineral, por día.
Señalan que cuentan con un plan de cierre del proyecto, el cual se basa mayormente en lo que identifican como posibles fuentes de contaminación, como lo son: labores subterráneas, acopio de estériles (centro de acumulación de residuos) y pilas de lixiviación. A su vez, se refieren al desmantelamiento de las estructuras en la mina.
Como parte de este estudio se hizo una encuesta entre 180 residentes de comunidades del distrito de San Francisco y si bien indicaron que el proyecto minero podría beneficiar al lugar, también dejaron claro que podrían verse afectados ambientalmente. Por ejemplo, se les consultó si consideraban que la mina beneficiará a la comunidad y el 51% dijo que sí. No obstante, cuando se les preguntó si se verían afectados ambientalmente por el proyecto, el 62% manifestó que sí.
La advertencia
Actualmente, el estudio de impacto ambiental de este proyecto minero se encuentra en fase de evaluación por el Ministerio de Ambiente. Como parte de ese proceso, la entidad ambiental pide opinión a varias entidades que tendrían algo que decir respecto a la obra o podrían verse afectadas.
De hecho, una de las entidades más inquietas por el alcance de esta concesión fue el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el cual a través de una nota con fecha del 26 de enero de 2022 le hace saber al Ministerio de Ambiente que un fallo en el sistema de la mina afectaría la toma de agua de San Francisco y Santiago, lo que a su vez impactaría sobre 75 mil personas de estos distritos.
Según el Idaan, en el estudio se hace mención de una “poza de mayores eventos” (tina de emergencia), a la cual estarán conectadas todas las tinas de contención de todos los fluidos del proyecto. La preocupación del Idaan es que, en caso de un fallo del sistema, qué otro método de contención o barrera se tiene contemplado, ya que la quebrada Veneno es afluente del río Santa María, el cual a su vez es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de los distritos de San Francisco y Santiago.
El mensaje del Idaan es claro: “debido a que el proyecto se encuentra aguas arriba de nuestras tomas de agua cruda y plantas potabilizadoras deseamos conocer si han tenido acercamiento con nuestra regional en Veraguas, ya que cualquier fallo en el sistema que afecte nuestra fuente principal de agua, río Santa María, afectaría alrededor de 75 mil personas que se ven beneficiadas de este servicio”.
Otras entidades, como el Ministerio de Salud, solicitaron una ampliación de la información, ya que por ser una zona de alta pluviosidad (lluvias) quieren saber cuáles serían las medidas de mitigación ante un derrame que pueda afectar la calidad de agua de consumo de las comunidades aledañas.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, indicó que están iniciando la evaluación del estudio y tomarán en cuenta cada observación referente al tema agua y el posible impacto sobre el río Santa María. “Evaluaremos este estudio con mucha rigidez ”, aseguró.
La experiencia
Residentes de comunidades de San Francisco y otras áreas de Veraguas, así como varias oenegés emitieron un comunicado en el cual indicaron que la minería en Remance ha fracasado en décadas pasadas; para las comunidades, para el ambiente y el Estado.
“Causó contaminación, estuvo carente de planes de contingencias y no hizo reparaciones, todo esto hasta el cierre de la minera por mala administración. Sus efectos negativos fueron cargados por la población campesina aledaña”, indica la nota.
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, subrayó que nuevamente se presenta la minería metálica como una solución, dejando de lado la historia reciente en la misma zona de Remance, donde la minería fue un fracaso social, económico y ambiental.
“Las comunidades fueron quienes siguen viviendo con los pasivos ambientales abandonados, mientras las empresas se llevaron los metales valiosos”, acotó.
Ramos dijo que la información presentada en el estudio ambiental tiene que ser analizada a profundidad y revisada por las comunidades, ya que se propone un proyecto de minería subterránea de oro que utilizaría químicos peligrosos.
En ese contexto, detalló que el área de la concesión minera se encuentra en la cuenca del río Santa María, precisamente aguas arriba de dos tomas de agua cruda del Idaan. “La pregunta a la población del área y del país es si considera que el Gobierno Nacional tendrá un plan de contingencia en estos casos o un mecanismo que implemente un manejo de desastres con el personal, equipo y fondos para manejar esta clase de situaciones”, puntualizó el ecologista.
También recordó que las autoridades deben garantizar la capacidad para seguirle dando monitoreo y manejo a estas estructuras una vez las instalaciones sean cerradas por la empresa.
El más reciente ejemplo de un mal manejo y cierre de una mina fue Petaquilla Gold. Ese proyecto cesó operaciones en 2014 y actualmente las tinas de relave y otras infraestructuras se encuentran sin el manejo adecuado, en una zona que recibe gran cantidad de lluvia. El Estado tuvo que destinar unos $2 millones, en 2016, para evitar el colapso de estas tinas, aunque para mitigar el impacto ambiental en la zona se calculó que se necesitarán $30 millones.
Este medio contactó a Evaristo Domínguez, quien aparece en el estudio como representante de la promotora, pero prefirió no emitir comentarios.
