El Ministerio Público (MP) investiga una red criminal dedicada a la alteración de documentos para la adjudicación ilegal de tierras en Darién.
Como parte de la investigación, que se realiza de forma conjunta entre la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Fiscalía Superior en Delitos Ambientales, se han dado una serie de allanamientos, en los que se hallaron equipos de computación e impresoras para la falsificación de los documentos.
Investigan a funcionarios por presunta titulación ilegal de tierras en Darién
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales adelantan una investigación conjunta por la supuesta apropiación de tierras en Darién, a través de la falsificación de documentos y la participación de funcionarios en la titulación irregular de las tierras.
La fiscal superior de delitos ambientales, Dayra Jaramillo, dijo que la red criminal fue descubierta a partir de una denuncia de moradores de varias comunidades, que advirtieron sobre la tala indiscriminada de bosques con la intención de desarrollar la ganadería extensiva.
Durante varios allanamientos realizados en la Palma y otras poblaciones, la fiscalía halló equipos informáticos con los que supuestamente se realizaba la alteración de los documentos.
Después de elaborados, estos documentos eran presentados a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) como si fueran auténticos.
La pandemia, escenario propicio
De acuerdo con la fiscal Jaramillo, no se descartan casos similares en otras regiones. Y es que, según admitió, durante la la pandemia de la Covid-19 se ha registrado un incremento en la comisión de delitos contra el medio ambiente, incluyendo la tala de madera protegida y la extracción ilegal de especies silvestres para la venta.
Precisó que estas actividades se intensificaron especialmente en parques nacionales, como el Soberanía, Camino de Cruces y Chagres, y en Darién, donde también se detectó la tala y exportación de Coco Bolo.
Dijo que, además, han detectado un incremento en el tráfico de animales reptiles y anfibios, que son vendidos en el mercado negro a extranjeros. Entre estos, citó ranas y tortugas carey.
Detalló que otro delito en ascenso es la extracción ilegal de oro en Darién y Colón, provincias en las que se han destruido campamentos y decomisado equipos, como motobombas. Según Jaramillo, esta actividad está generando una gran contaminación en ríos, lo que pone en peligro a comunidades que los usan para satisfacer sus necesidades básicas.
Explicó que estos campamentos usualmente se ubican en áreas remotas y de difícil acceso.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP), hasta septiembre de este año se había registrado en todo el país 379 delitos contra el medio ambiente y el ordenamiento territorial, de los cuales 152 fueron cometidos contra los recursos naturales.
Mientras, en todo 2020 fueron reportados 325 delitos contra el medio ambiente y el ordenamiento territorial, de los cuales 148 fueron en perjuicio de los recursos naturales.
En 2019, antes de que fuese decretado el estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19, la cifra de delitos contra el medio ambiente fue 289 y, de ellos, 109 contra los recursos naturales.
En Panamá, Darién y Bocas del Toro se concentra la mayoría de estos hechos en los últimos tres años.
