Ministerio Público seguirá con caso de los pinchazos, pese a acuerdos

Ministerio Público seguirá con caso de los pinchazos, pese a acuerdos
El juicio al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos está programado para mañana 21 de julio. Archivo


La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada seguirá con el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos –cuyo juicio arranca mañana–, pese a que dos de los seis querellantes desistieron de sus pretensiones como acusadores.

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Así lo explicaron a este diario fuentes del Ministerio Público (MP), las cuales detallaron que, tal como lo establece el artículo 112 del Código Procesal Penal, este caso se inició a partir de las denuncias de las víctimas de los pinchazos y aunque algunas de estas –que inicialmente se constituyeron como querellantes– desistieron de la querella, el proceso continúa.

“En este caso, todas las víctimas presentaron denuncias y muy pocas llegaron a constituirse como querellantes. Esas personas pudieran llegar a acuerdos con el procesado y presentar desistimientos, pero la fiscalía tiene que seguir”, se explicó.

Las fuentes indicaron que el médico Mauro Zúñiga y el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático Juan Carlos Navarro desistieron a la querella.

Caso pinchazos: entre acuerdos y reuniones

Dos de los seis querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos desistieron a sus pretensiones como acusadores, cuando falta apenas un día para que comience el nuevo juicio.

Fuentes del Órgano Judicial informaron a este medio que Juan Carlos Navarro, excandidato presidencial (2014-2019) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó un escrito ante la Oficina Judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá, en la que retiró la acusación y señaló que no tiene intenciones de continuar en el proceso.

Mientras tanto, el médico Mauro Zúñiga, entregó un documento notariado a la misma oficina judicial por intermedio del abogado Carlos Ameglio Moncada, en el que desistió de su pretensión en la querella.

Fuentes ligadas al proceso indicaron que ambos llegaron a acuerdos con el expresidente, aunque no se dieron detalles del resarcimiento económico que pudieron haber recibido.

Respecto a estos acuerdos se consultó a Roniel Ortíz, miembro del equipo de abogados de Martinelli, y respondió: “en esos temas hay confidencialidad. No puedo afirmar ni negar”.

En tanto, el exgobernante publicó un video a través de su cuenta de Twitter, en el que dijo: que “quede bien claro, que si insisten en violar mi incapacidad médica yo acudiré a todas las audiencias, repito a todas las audiencias a pesar que esto pone en peligro mi estado de salud y mi vida, pero hago responsable a las juezas del Tribunal de Juicio, al vicepresidente Gabriel Carrizo y a la magistrada María Eugenia López”.

Por su parte, la dirigente del PRD Balbina Herrera, el abogado Rosendo Rivera y el periodista Rubén Polanco confirmaron que se presentarán en su condición de querellantes cuando se inicie el juicio oral a Martinelli, mañana 21 de julio a partir de las 9:00 a. m. Doens no contestó.

David Cuevas, abogado de Rivera, señaló que la estrategia de la defensa es tratar de llegar a acuerdos con todos los querellantes. “En cuanto a Rosendo Rivera, puedo informar que me he reunido en tres ocasiones con los abogados de Martinelli, pero su propuesta no satisface a la víctima. Así que si no mejoran su oferta y cumplen con las aspiraciones de mi representado, nos mantenemos en el caso”, dijo.

A su vez, Polanco reconoció que, al igual que otros querellantes, ha tenido acercamientos con la defensa del exmandatario con miras a un acuerdo; inclusive, cuando el proceso estaba en la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, pero no se ha concretado ningún arreglo.

Mientras, el Ministerio Público explicó que los querellantes en el proceso tienen la potestad de llegar a acuerdos con el procesado y presentar desistimientos.

Aclaró, sin embargo, que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada tiene que seguir adelante con el proceso, porque este, si bien es de instancia privada, también lo es de acción pública y esto quiere decir que el Ministerio Público, después de que se cumpla con el requisito de procesabilidad, es decir, la denuncia del afectado, debe continuar de manera oficiosa con todo lo que resta del caso.

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