La Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) expresó ayer su malestar porque varios municipios recibirán menos recursos provenientes de la descentralización en 2022.
Según Eliecer Cortés, presidente de la Amupa, los afectados son cerca de 25 municipios cabeceras o los más poblados, que tuvieron una disminución en el fondo de inversión proveniente del impuesto de bienes inmuebles, de entre un 35% y 40%. Entre estos están los de Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Penonomé y Aguadulce.
Sobre las críticas que han recibido los alcaldes por el manejo de los gastos de movilización, Cortés dijo que esos fondos no salen de la descentralización.
Publio De Gracia, director nacional de Ingresos, explicó que para 2022 se tomó en cuenta la recaudación de 2020, la cual fue baja.
Baja recaudación impactará obras de la descentralización
Este año, los municipios del país que son autosuficientes, es decir que no necesitan subsidios para funcionar, deberán planificar mejor el uso que les dan a su fondo para inversión proveniente del dinero de la descentralización, el cual sale del impuesto de bienes inmuebles.
A finales de diciembre de 2021, alcaldes de unos 25 municipios —de un total de 81 que hay en todo el país— se mostraron sorprendidos cuando les informaron el monto que les correspondería para inversión en 2022 en concepto del fondo de impuesto de bienes inmuebles o como también se le denomina, fondo IBI.
Por ejemplo, el Municipio de Panamá incluyó en su presupuesto de 2022 unos $72 millones para inversión con fondos de la descentralización, pero recibirá $42 millones. Otros, como La Chorrera, de $4.3 millones presupuestados, percibirá $2.6 millones; o el de Aguadulce, al que llegarán unos $300 mil menos este año. En la mayoría de los casos, estos gobiernos locales recibirán un 40% menos de lo que se había proyectado.
Algunos de los alcaldes consultados señalan que se les informó que la medida obedece a la disminución en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, pero ahora el problema que enfrentan es que varios de los proyectos para los cuales realizaron consultas públicas y fueron aprobados por las comunidades en 2021, no podrán comenzar en 2022.
Para poner en marcha obras con fondos de la descentralización se requiere la convocatoria de consultas ciudadanas previas.
Eliecer Cortés, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, dijo que esto afecta el funcionamiento de los municipios y el desarrollo de las principales obras de las comunidades.
“Así como el Gobierno central apoyó a varios sectores de la economía nacional, también debe hacerlo con nosotros. La comunidad llega primero a los gobiernos locales que a los ministerios”, acotó.
Según el alcalde de Macaracas, en la provincia de Los Santos, en los próximos días harán una petición al Gobierno, con el fin de que se pueda “equiparar” en la medida de las posibilidades dichos recursos, para que las comunidades no sean impactadas de forma grave.
De acuerdo con Cortés, cerca de 25 municipios cabeceras o los más poblados del país fueron perjudicados con una disminución en el fondo de inversión IBI, que oscila entre el 35% y el 40%.
Sobre los cuestionamientos que han recibido los alcaldes durante los últimos meses por el manejo de los gastos de movilización, el presidente de la Asociación de Municipios indicó que están cooperando con la Contraloría General de la República en este tema.
“Lo que sí quiero dejar claro es que los fondos que se usan para movilización y gastos de representación no salen de la descentralización, salen de los recursos propios que genera el propio municipio, que eso es otra cosa. El proceso de descentralización no se debe manchar”, acotó el alcalde.
Según la Asociación de Municipios, el resto de los municipios, es decir los subsidiados, no se verían afectados debido a que cada uno recibe $500 mil por año de la descentralización.
La recaudación
La Ley de Descentralización dice que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe cobrar el impuesto de bienes inmuebles y transferir a los municipios, según lo recaudado el año inmediatamente anterior, en partidas trimestrales.
A simple vista, las estadísticas de la Dirección General de Ingresos (DGI) muestran cómo, durante los últimos años, ha venido disminuyendo la recaudación en concepto del impuesto de bienes inmuebles. Por ejemplo, en 2017 la recaudación fue de $206.8 millones; en 2019, fue de $134.2 millones; y en 2021, fue de $144.6 millones.
No obstante, el año que menos se recaudó ($104.4 millones) fue 2020, cuando comenzó la pandemia de la Covid-19.
El director de la DGI, Publio De Gracia, explicó que la suma que se le está otorgando ahora a los municipios es la que corresponde a 2020 y no a 2021.
“El presupuesto de 2022 se hace en base a los resultados de 2020, ya que no se había cerrado aún 2021. En 2023 se les dará lo recaudado en 2021 y lo que se les dio en 2021 fue lo recaudado en 2019 [$134.2 millones]”, detalló el funcionario.
Para el edil de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, esto obliga a los municipios a reformar su presupuesto. En el caso del Municipio de Panamá, Bermúdez indicó que el alcalde José Luis Fábrega debe llamar a la Comisión de Hacienda para corregir el presupuesto y hacer una modificación.
También le hizo una recomendación: “Se debe aprovechar este momento para que se reestructure el proyecto de Mercado del Marisco, ya que sólo este proyecto cuesta $40 millones y ahora tiene $30 millones menos para inversión en 2022″.
