En medio de procesos judiciales en España, y Panamá, en donde se investiga la entrega de supuestos sobornos para hacerse con la obra, el presidente Laurentino Cortizo informó que negocia personalmente con altos ejecutivos de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para llegar a un acuerdo sobre la entrega de la Ciudad de la Salud. En la obra, con un 65% de avance, se habilitarán tres salas para atender pacientes con Covid-19.
Por estos días, FCC exige $65 millones en concepto de “permanencia extendida”, en este proyecto que estuvo plagado de irregularidades desde 2012 cuando se otorgó la orden de proceder. Por ejemplo fue licitado a través de la modalidad de llave en mano, pero antes de 2014 pasó a fast track. Además, le colocaron paredes de pladur -una lámina parecida al gypsum- y no había registros sobre la donación del terreno para la obra, ni se tenía vía de acceso a las instalaciones.
Pese a que el tema fue investigado por el Ministerio público, un juzgado dictó sobreseimiento definitivo en el caso. Ahora FCC está en el ojo de la tormenta por posibles sobornos en este proyecto.
Un contrato que no se respetó
El contrato original establecía que la Caja de Seguro Social no aceptaría el uso de materiales de poca duración ni de poca resistencia al clima, pero estos aspectos no se respetaron, de acuerdo a auditorías que realizó la entidad en 2015.
La Ciudad de la Salud, una obra en cuidados intensivos
La Ciudad de la Salud volvió a la agenda pública luego de que el presidente Laurentino Nito Cortizo, informara que él personalmente está negociando con altos ejecutivos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para lograr un acuerdo sobre la entrega del proyecto.
El propósito es usar esas instalaciones para atender a pacientes con Covid-19. “Nosotros preferimos, como país, llegar rápidamente a un acuerdo con FCC. Y yo personalmente me he puesto en contacto en videoconferencia con ejecutivos de FCC”, aseguró el gobernante ayer en las instalaciones de la empresa Levapan Panamá, después de que le consultaran sobre un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional que podría devolver al Estado los proyectos hospitalarias que no han sido terminadas.
Cortizo explicó que habló con el mayor accionista de esa empresa española. Aunque no precisó el nombre, el mexicano Carlos Slim controla casi el 77% de FCC.
“Requerimos llegar a un acuerdo, rápido. Pero ese acuerdo no puede ser con la cifra que ellos están solicitando... Esa cifra hay que podarla”, manifestó.
De acuerdo a Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social (CSS), FCC está pidiendo al menos $65 millones en concepto de “permanencia extendida”. En otras palabras, el contratista exige que se le pague esa suma por los cinco años en los que prácticamente no hubo avances en la obra.
Lau Cortés informó sobre el asunto el pasado 28 de julio durante el informe que las autoridades sanitarias ofrecen al país sobre el avance del coronavirus. “Hemos logrado, en principio, algunos acuerdos que están en vías de documentación. Aquellas obras que el contratista aduce que realizó, por instrucciones de administraciones anteriores van a ser revisadas y auditadas. Si las encontramos de conformidad, las vamos a aceptar y vamos a honrar ese compromiso. En aquellos puntos en los cuales no hay acuerdo, por ejemplo, en el concepto de permanencia extendida (...), hemos decidido que lo vamos a pasar a arbitraje”, dijo. Pero, ese arbitraje al que se refirió el director de la CSS en ese momento podría ser reemplazado por la negociación Fde la que ayer habló el Presidente.
Por lo pronto, ya la CSS anunció que habilitarán tres salas de la Ciudad de la Salud para pacientes con Covid-19. Se dispondrá de 254 camas distribuidas así: 150 en la sala, donde se atenderán casos de mediano a severos; 84 para la Unidad de Cuidados Intensivos, y 20 para la Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales.
Irregularidades
La historia de este proyecto inició en mayo de 2012, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entregó la orden de proceder por $554.3 millones. En ese momento el director de la CSS era Guillermo Sáez-Llorens; y se contemplaba construir edificaciones para 43 quirófanos, 284 consultorios y mil 235 camas. Pero, la iniciativa suscitó múltiples críticas que iban desde el impacto ambiental que el proyecto ocasionaría en el área donde se construiría, hasta el precio de la obra. Y pese a que se adjudicó en modalidad llave en mano, antes deque culminara la gestión de Martinelli se cambió a fast track, que se refiere al sistema de diseño y construcción de manera simultánea, por lo tanto, los trabajos de construcción se ejecutan en la medida que se van aprobando los diferentes planos que conforman la obra.
Cuando el gobierno de Martinelli terminó su gestión y entregó el proyecto, se reportaron avances por 45% y un considerable retraso de acuerdo al cronograma. Pero el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), dijo que en realidad tenía 33%. De acuerdo al calendario, debía entregarse en mayo de 2015, pero Estivenson Girón, primer director de la CSS que nombró Varela, a través de auditorías, detectó varias irregularidades: problemas con el suministro de agua, el sistema eléctrico, no había registros sobre la donación del terreno para la obra, paredes de pladur, una lámina parecida al gypsum, desbordamiento de un desagüe que corría a orilla de la vía La Floresta e inundaciones en las parcelas del proyecto cada vez que llovía.
Tampoco había una ruta de acceso a las instalaciones. Esto pese a que el contrato original estableció que la CSS no aceptaría el uso de materiales de poca duración ni de poca resistencia al clima, y el contratista debería tener en cuenta la orientación de las edificaciones considerando las condiciones ambientales y de temperatura. En 2015, grupos de la sociedad civil presentaron una denuncia en el Ministerio Público por el tema, pero, un fallo del 6 de julio de 2018, del Juzgado Octavo Penal sobreseyó definitivamente a Sáez-Llorens y a otros seis exfuncionarios. Al asunto hay que agregarle que en 2017, se tuvo que otorgar una adenda por $40 millones para trabajos que no se contemplaron al inicio de la obra.
El futuro
Hasta el pasado 28 de julio, tenía un avance de 65%. La idea de la actual gestión es que se concluya en este período. Tienen un cronograma por fases, y el propósito es que la última fase se entregue en noviembre de 2023.
Sin embargo, para que todo esto se concrete se necesita una gran inyección de dinero. Según la dirección de la CSS, se requiere, al menos, $392 millones para concluirla. Hasta ahora, se ha pagado al contratista $335.7 millones. Sin embargo, la obra seguirá marcada por un fuerte tufo a corrupción: recientemente el proyecto volvió a convertirse en noticia por el escándalo internacional de supuestos sobornos que habrían pagado ejecutivos de FFC para quedarse con obras en varios países. En este esquema de presuntas coimas figura la Ciudad de la Salud.
El caso de FCC en Panamá: confesiones en el limbo
Las negociaciones con FCC se entablarían luego de que la Fiscalía Especial Anticorrupción logró un acuerdo de pena con dos colaboradores de la empresa española que ya fueron condenados a 48 meses de prisión por un juzgado local, pena que fue conmutada a días multas.
Pero, el Segundo Tribunal de Justicia anuló estos acuerdos de colaboración que permitieron la condena de estos dos colaboradores confesos, así como sus testimonios, que describían una red de corrupción que involucró a hoy exfuncionarios del gobierno de Martinelli.
Contra este fallo la Fiscalía Especial Anticorrupción ha interpuesto un Amparo de Garatnías Constitucionales que aún no ha sido resuelto. Por otro lado, la fiscalía también estaba en negociaciones con FCC a fin de que devolviera al Estado lo que reconoció haber pagado en coimas en Panamá, que se elevaría a más de $100 millones. Esas negociaciones fueron interrumpidas por la pandemia, por lo que está por definirse cómo se pagaría.
(Con información de Ohigginis Arcia Jaramillo)
