Cinco años después de que la Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada iniciara la investigación por la compra de Editora Panamá América, S.A. (2010) con dinero supuestamente del Estado, proceso conocido como New Business, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, celebró el primer día de audiencia de este caso.
El edificio del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en Amador, sirve de estrado judicial. Allí, durante la mañana de ayer, abogados de los implicados presentaron recursos con el propósito, principalmente, de desestimar la investigación y, en consecuencia, parar la audiencia.
Martinelli
La defensa de Ricardo Martinelli, por ejemplo, solicitó a la jueza Marquínez que suspendiera la audiencia alegando que el expresidente de la República tiene fuero penal electoral porque su partido, Realizando Metas, se encuentra en un proceso electoral interno. Roniel Ortiz, abogado del exmandatario, entregó siete boletines del Tribunal Electoral, relativos al torneo político. Antes de entrar a la audiencia, Ortiz había comunicado a los periodistas que su cliente no asistiría a la diligencia, porque está “incapacitado”. No obstante, el político ha tenido una marcada vida social en los últimos días, a juzgar por lo que él mismo publica en sus redes sociales.
Sin embargo, la jueza Marquínez aseguró que no tenía fuero electoral, debido a que la campaña interna de ese partido comienza hoy, viernes 28 de enero.
La jueza también negó otros dos recursos al expresidente. En uno se sustentaba que se le estaba violando el principio de especialidad, consignado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos (EU). Marquínez dijo que su despacho ya había resuelto dos recursos similares: uno presentado por Luis Eduardo Camacho González y otro por Alma Cortés.
La jueza alegó que, incluso, existe un pronunciamiento del Segundo Tribunal de Justicia en el que se confirma que Martinelli no está amparado por el principio de especialidad.
No obstante, aclaró que ella continuará con el proceso a Martinelli hasta que una autoridad superior le notifique que debe suspenderlo. Esto, luego de que Ortiz le informará que en la Corte se tramitan otros dos amparos relacionados con el principio de especialidad.
El otro recurso que rechazó Marquínez fue un recurso de nulidad en el que se alegó que en 2017, cuando empezó la pesquisa, el exgobernante tenía una supuesta “inmunidad”, porque era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los otros recursos
Más temprano, la jueza también negó recursos al abogado Rosendo Miranda, quien representa a Valentín Martínez Vásquez. Miranda dijo que a su cliente no se le puede aplicar el cargo de blanqueo de capitales, ya que como abogado solo concedió asistencia legal a un cliente para hacer trámites, por lo que su caso debía declararse nulo. Pero la jueza dijo que la actuación de la fiscalía había sido apegada a la ley.
Basilio González, abogado de Iván Arturo Arrocha, presentó un incidente de nulidad alegando doble juzgamiento. Explicó que Arrocha es investigado por la Fiscalía Especial Anticorrupción por presunto peculado en el caso relacionado con la construcción de la ciudad deportiva de Colón, mientras que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada le formuló cargos por estos mismos hechos. Marquínez sustentó que son dos tipos penales diferentes y que la fiscalía actuó apegada a la ley y, por ende, no acogió la petición del abogado.
La jueza tampoco avaló recursos a la defensa de Aaron Mizrachi: un incidente de nulidad y una advertencia de inconstitucionalidad contra el proceso. Tampoco acogió las acciones legales de Javier Soriano, en representación de David Ochy, para que se suspendiera la audiencia por supuesta violación de garantías fundamentales.
En tanto que José Félix Martín, abogado de Daniel Ochy, también pidió suspender la audiencia a raíz de que su cliente, quien tiene casa por cárcel, no fue traslado para estar presente en el acto y, según dijo, es una violación a sus derechos. En este caso, la jueza declaró la ruptura procesal y fijó una audiencia para él. Se hará el 19 de mayo próximo.
Por su lado, Alfredo Vallarino, defensor de Felipe Pipo Virzi, presentó un incidente de nulidad alegando falta de competencia de la jueza. Argumentó que Marquínez no fue la jueza que conoció el caso inicialmente. Pero ella le recordó que la Corte Suprema de Justicia, a través de un acuerdo, reordenó los tribunales y, por ende, los expedientes de procesos en trámite quedaron en manos de los juzgado liquidadores.
El fiscal
El fiscal Emeldo Márquez empezó a exponer la teoría del caso pasadas las 4:00 p.m. Contó que la sociedad New Business fue utilizada como canasta para recibir fondos y luego concretar la adquisición de Epasa. Explicó que estos fondos fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos del Estado para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron en el periodo 2009-2014.
Contó que un análisis de los depósitos realizados a la cuenta de New Business evidenció que esta recibió aportes económicos de una red de transacciones que tenían un común denominador: todas procedían de contratos dados por el Estado para obras de infraestructura.
En esa lista figuran, por ejemplo, la autopista Arraiján-La Chorrera, proyecto que estuvo a cargo de la empresa TCT, de los hermanos David, Daniel y Dina Mar Ochy, y la ciudad deportiva de Colón, obra a cargo de un consorcio en el que estaba Condotte Panamá y Asociados, S.A., vinculado a Pia María Tolomei, Isabella Bruno Tolomei, Janeth Vásquez y Vernos Salazar. El fiscal también mencionó la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional, a cargo de Corcione & Asociados, S.A.
De hecho, la lista de los 25 llamados a juicio tiene un factor común: la mayoría son contratistas del Estado en la administración de Martinelli y, de paso, están vinculados a otros casos judiciales que se relacionan entre sí. New Business parece ser la pieza del rompecabezas que une estos procesos judiciales. Por ejemplo, está Gabriel Btesh, quien en su momento formó parte del círculo cero de Martinelli y también fue vinculado a varios casos. Uno de ellos es del fallido proyecto de Riego de Tonosí, en el que el gobierno pagó $31 millones a Hidalgo & Hidalgo (H&H), que nunca hizo la obra. En esta pesquisa también es mencionado Felipe Virzi.
Y así, nombres, obras, y sociedades fueron alimentando la canasta de New Business.
El fiscal seguirá con sus alegatos hoy, a partir de las 9:00 a.m.
