Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), exhortó ayer al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los presos políticos y, a su vez, conminó en duros términos al régimen de Managua sobre las futuras elecciones presidenciales.
“Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral”, dijo.
Con expresiones igualmente severas, 59 países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, exhortaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que liberaran a los opositores detenidos en Nicaragua a causa de una serie de leyes cuestionables. Entre los países que emitieron este concepto están Brasil, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala y Panamá.
Las leyes del terror
Luego de la brutal represión de las protestas contra el cambio al régimen de pensiones ocurridas en el año 2018, y ante el creciente malestar social, el régimen dictatorial de Nicaragua aprobó una serie de leyes que le han servido para estrangular las reducidas libertades de su pueblo, a la vez que le facilitan la persecución de los opositores.
Un análisis jurídico publicado ayer por el periodista Carlos Larios de La Prensa de Nicaragua (www.laprensa.com.ni) expuso en detalle el conjunto de leyes que le han servido al gobierno de Daniel Ortega para iniciar el actual capítulo de la historia de ese país.
En primer lugar está la Ley 1055, aprobada el 21 de diciembre de 2020, cuyo largo y demagógico nombre esconde su verdadera intención: “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”.
De acuerdo con esta ley, se puede descalificar electoralmente a aquellos nicaragüenses que hayan pedido una intervención extranjera o contribuyan a una amenaza a la soberanía.
Aunque esta ley no es penal, sino administrativa electoral, ha sido utilizada para justificar la prisión domiciliaria de Cristiana Chamorro, principal candidata presidencial de la oposición. La señora Chamorro está encerrada en su cuarto sin derecho a visitas ni acceso a medios de comunicación alguno.
Otra norma es la denominada “Ley Putin”, ya que es una imitación de una ley rusa, cuyo nombre verdadero es “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”.
Entró en vigor el 19 de octubre de 2020 y obliga a todas las entidades no gubernamentales que reciben fondos del extranjero a registrarse en el Ministerio de Gobernación y a presentar periódicamente sus estados financieros.
A la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dirigida por Cristiana Chamorro, no se le aceptaban los informes financieros por parte de las autoridades sandinistas, y entre otras razones esto ha servido para la acusación del blanqueo de capitales contra dos de los colaboradores de esta fundación y contra la propia Chamorro.
Al igual que la Fundación Chamorro, varios de los directivos de la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) también están detenidos.
Por otra parte, la mayoría pro gubernamental del Congreso de Nicaragua aprobó con suma ligereza, el 18 de enero de 2021, una ley de reforma al Código Procesal Penal, que establece la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, acompañado de un “camarón” que cambió las garantías de todo detenido, de ser presentado ante un juez a las 48 horas de su aprehensión, para extender ese término hasta los 90 días. Con este fundamento legal, cinco candidatos presidenciales de oposición, incluyendo a Cristiana Chamorro, enfrentan estas detenciones prolongadas.
Como cuarta pata de esta mesa, el gobierno de Ortega y Murillo aprobó el 30 de octubre de 2020 la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida popularmente como la ley mordaza, que establece penas de hasta 10 años de prisión para controlar las publicaciones en medios digitales y redes sociales.
La ONU debe ser más contundente
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), ofreció ayer una conferencia de prensa y exhortó a la ONU a que exija a Nicaragua un mayor respeto por los derechos humanos, y destacó que la persecución política en el país centroamericano “parece formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección”.
El activista de HRW instó al secretario general de la ONU, António Guterres, a que convoque al Consejo de Seguridad de ese organismo, con el fin de que tome un curso de acción en la crisis política de Nicaragua.
En un mensaje divulgado a través de Twitter, Vivanco recalcó: “La represión en Nicaragua está llegando a niveles pocas veces vistos en la historia reciente de América Latina. El Secretario General António Guterres debe fortalecer la respuesta de la ONU ante esta crisis”.
