Representantes de cuatro clubes cívicos del país encendieron sus alarmas. Argumentan que el proyecto de ley 550, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, que establece el marco regulatorio general para patronatos y otras organizaciones, trastoca las leyes de funcionamiento de los patronatos del Instituto Oncológico Nacional, del Hospital Santo Tomás, y el del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.
La propuesta legislativa crea un marco genérico y deja a discreción del Ejecutivo la composición de la directiva de los patronatos, al no especificar qué instituciones cívicas lo conformarán, pues el artículo 10 del mencionado proyecto de ley solo dice que las juntas directivas de esas instituciones estarán conformadas por “cuatro representantes de organizaciones cívicas con representatividad de la sociedad civil, según el tipo de entidad que se administre (...)”.
“Es un golpe a la seguridad jurídica en lo que concierne al buen gobierno y organización de los patronatos, que, hoy en día y a través de los años, han sido ejemplo de buen gobierno corporativo público, con un excelente balance en la ejecución”, advierten los presidentes de los clubes cívicos.
El Ejecutivo tendría el control de patronatos
Presidentes de distintos clubes cívicos del país se manifestaron en contra del proyecto de ley 550, que fue aprobado recientemente en tercer debate y espera la sanción del presidente Laurentino Nito Cortizo.
La iniciativa de ley, que cuenta con 13 artículos, busca “crear un marco regulatorio general para patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares, creados por el Estado, que contribuyan con la vigilancia y apoyo para el cumplimiento de funciones administrativas y sean financiadas por el Estado a través del Ministerio de Salud (Minsa)”.
El proyecto dicta disposiciones sobre los patronatos administrativos que operan en hospitales públicos como el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico (ION). En un comunicado emitido el pasado domingo, presidentes de cuatro clubes cívicos: Club Activo 20-30, Club de Leones de Panamá, Club Kiwanis de Panamá y el Club Rotario de Panamá, piden a Cortizo vetar el proyecto de ley y argumentan que el mismo representa “un lamentable retroceso a años de avance en materia de gestión y administración”.
Los clubes cívicos mencionados están representados en las juntas directivas del ION, el Hospital de Niño, el Hospital Santo Tomás, y el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Los estatutos de estas entidades hablan de “despolitizar y hacer más eficiente el manejo de las instituciones”.
El recorrido
En febrero de 2021, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Víctor Castillo, presentó el proyecto de ley ante el pleno de la Asamblea. El documento pasó a la comisión de Trabajo, Salud, y Desarrollo Social, donde se le dio primer debate. Más de un año después, se agregó en el orden del día para su segundo debate. El 8 de marzo, el pleno escuchó las modificaciones propuestas por algunos diputados oficialistas, entre ellos, Crispiano Adames, presidente del Legislativo y miembro de la Comisión de Trabajo y Salud. Incluyeron hasta un cambio de título al proyecto de ley.
En principio, la iniciativa buscaba modificar solo algunos puntos de la ley 12 de 2001, la cual reorganiza el patronato del hospital materno-infantil José Domingo De Obaldía, en David, Chiriquí.
El 8 de marzo, cuando la propuesta fue debatida en segundo debate no hubo oradores, y los diputados se limitaron a aprobarla a golpe de curul: 37 votos a favor y uno en contra, el del panameñista Hugo Méndez. Al día siguiente, el 9 de marzo, fue avalada en tercer debate con 38 votos a favor. Méndez, volvió a votar en contra. Las dos sesiones estuvieron presididas por Adames.
Hipólito Donoso, actual presidente del Club Activo 20-30, aseguró a este medio que como patronos de estas organizaciones no fueron consultados sobre el contenido del proyecto. La propuesta de ley, explicó, generaliza a estas entidades de salud con nuevas disposiciones. Esto, a pesar de que cada una cuenta con una ley bajo la cual se rige su administración. “Los clubes cívicos quedamos indefensos, porque no se especifica qué organización [cívica] formará parte de la junta directiva”, dijo Donoso. Esta generalización permitiría discrecionalidad del Órgano Ejecutivo en la composición de las juntas directivas.
El proyecto de ley establece que además del ministro de Salud, quien ya por ley preside dichas directivas, se agregará un segundo representante del Minsa y otro de la Caja del Seguro Social. Esto limitaría lo que puedan hacer las organizaciones cívicas. “Nosotros hacemos el contrapeso a lo interno para buscar las mejores prácticas”, explicó Donoso.
En el comunicado, los presidentes argumentaron además que la redacción del proyecto de ley “carece de sustento jurídico, es escueta y confusa”.
