Las recién aprobadas reformas a la ley de contrataciones públicas establecen la figura de un observatorio digital para que el ciudadano pueda dar seguimiento a los datos generales de la selección de contratistas en las diferentes instituciones del Estado.
Sin embargo, este sitio digital no se pondrá en marcha sino hasta finales de este año, según informó Raphael Fuentes, de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Uno de los aspectos más criticados en las últimas semanas al gobierno de Laurentino Cortizo, en medio de la pandemia por la Covid-19, es la poca transparencia en las compras para la emergencia nacional decretada desde el pasado 13 de marzo.
La Ley 153 de 2020, que modifica la Ley 22 de 2006 y que fue sancionada por Cortizo y promulgada en la Gaceta Oficial el pasado 8 de mayo, establece que la Dgcp será la encargada de la creación de 'un observatorio digital , a fin de que la ciudadanía pueda monitorear los datos generados en todas las etapas de los procedimientos de selección de contratistas que realizan las entidades licitantes, así como para realizar las correspondientes denuncias”.
En la norma se deja claro que estos cambios a la ley de contrataciones públicas empezarán a regir cuatro meses después de ser promulgada en la Gaceta Oficial; es decir, que el Gobierno seguirá haciendo sus contrataciones con la actual norma hasta septiembre próximo.
Fuentes aseguró que la creación de dicho observatorio es una prioridad en su administración, “de allí que fuera nuestra iniciativa darle fuerza de ley, al incorporarlo a las reformas presentadas al texto único de la Ley 22 de 2006”, dijo.
Aseguró que es importante replicar las buenas prácticas internacionales.
De hecho, tras la sanción de la Ley 153, Fuentes manifestó que con ello se hacen “eco de las inquietudes ciudadanas, a través de disposiciones claras en contra de actos de corrupción en las compras que realice el Estado y, a su vez, siendo firmes en las sanciones administrativas que el sistema impondrá a quienes incurran en tales prácticas”.
Pero, ¿qué hará diferente este observatorio del portal de PanamaCompra?
“Gran parte de la información que se dará a conocer con la figura del observatorio ya está disponible dentro del portal www.panamacompra.gob.pa; la diferencia ahora es que esta información se presentará de una manera más organizada, estructurada y de fácil interpretación”, precisó Fuentes.
La Dirección de Contrataciones, según adelantó Fuentes, ha avanzado, por ejemplo, trabajando en la herramienta “panamá en cifras”, donde puede consultarse todo lo relacionado a los proyectos de infraestructura pública, con datos abiertos sobre los contratistas, monto de las obras, y su seguimiento hasta la fase de entrega y aceptación final, incluyendo los pagos realizados”.
Por datos abiertos, según la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, se entiende información que pueda ser reutilizada y redistribuida por cualquier persona, para cualquier propósito, incluyendo el re-uso comercial, “libre de costo y sin restricciones, con el fin de posibilitar la lectura, el seguimiento y combinación con otras fuentes de información”.
El hecho de que sea la DGCP la encargada de subir la información al observatorio no es bien visto por muchos, pues solo se podrá conocer los pasos del proceso final. Carlos Barsallo, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, aseguró que un observatorio es algo bueno, no obstante, puede ser poco útil si los ciudadanos solo podrán ver lo que sucede formalmente después de la selección del contratista, sin participación real y competitiva.
“La clave está en lo que no vemos, o nos dejan las normas ver”, precisó. Por ejemplo, quién le dice al ciudadano cómo y por qué se invitan a algunos a participar de las contrataciones y a otros no ? Por ello, asegura, lo ideal es una competencia, abierta, real, eficiente y eficaz. Si esto no se da lo que sigue es una mera formalidad.
A su juicio, el observatorio debe permitir conocer quiénes son los beneficiarios finales, el concepto técnico de los proveedores, ya que es un mecanismo necesario para la transparencia y la lucha anticorrupción. Con esto se permitiría al ciudadano hacer la vinculación con la entidad gubernamental contratante y darse cuenta si se trata de un socio, amigo o copartidario.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que la participación de los ciudadanos en el control del gasto público siempre es buena, sin embargo, debe ser una iniciativa que se pueda ejercer sin ningún tipo de restricción. Ello, dice, en razón de que quienes gobiernan deben rendir cuentas de su actuación con toda transparencia, lo que implica que los ciudadanos deben tener acceso libre a toda información pertinente al uso de los fondos de manera que se pueda ejercer una verdadera auditoría social.
Juan Diego Vásquez, diputado independiente, manifestó que el observatorio es necesario, pero lamentó que su funcionamiento dependa de “la reglamentación de la ley 153, que establece que sus cambios se implementarán cuatro meses después de su sanción”.
En Panamá, uno de los tropiezos del Gobierno en las adquisiciones para la emergencia nacional se dio el mes pasado con el fallido intento de compra de 100 ventiladores AHP-300 por $5.2 millones. En medio de las críticas, el gobierno decidió no avalar la carta de compromiso con la empresa Muriba Company Inc., alegando que el proveedor desistió. De paso el gobierno invitó a otros proveedores a ofrecer mejores precios, pero nunca se informó si, en efecto, se contrató el equipo.
Los ciudadanos golpearon cacerolas y desde las redes sociales pedían la renuncia del ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. Para calmar la situación, la estrategia del Gobierno fue permitir que cada instituciones hiciera sus adquisiciones y que estas no se concentraran en la Presidencia.
Ahora, los cuestionamientos tienen en el ojo de la tormenta la construcción del hospital modular para pacientes de la Covid-19, ubicado en Albrook, de 100 camas que, si se incluye su equipamiento, rondaría los $12 millones. Hay quienes señalan que la obra, construida por la empresa SmartBrix Centroamérica, podría tener sobrecostos.
Norma: Un mandato
La Ley 153 de 8 de mayo de 2020, y con la cual se reforma la Ley 22 de 2006 sobre las contrataciones públicas hace de carácter obligatorio para la Dirección de Contrataciones Públicas la creación del observatorio digital.