El grupo brasileño Odebrecht despidió a su expresidente Marcelo Odebrecht, en detención domiciliaria, en medio de una disputa interna y de las incertidumbres por el futuro de la que fue una de las mayores constructoras de América Latina, destronada por la operación anticorrupción Lava Jato.

En un comunicado, la compañía afirma que “la desvinculación del funcionario de su plantilla atiende a una recomendación hecha por veedores externos independientes del Ministerio Público Federal y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que actúan en la empresa hace dos años y medio”.

Marcelo Odebrecht, de 51 años de edad, hijo del actual patriarca de la empresa, Emilio Odebrecht, fue apartado de sus funciones ejecutivas tras su detención en 2015, pero seguía en la nómina de la compañía.

Según el comunicado, que no detalla las razones de la decisión, el expresidente “mantiene su condición de socio minoritario indirecto”, con lo que su relación con el grupo se dará “de ahora en adelante, en el ámbito de los accionistas”.

Marcelo Odebrecht fue condenado en 2016 a más de 19 años de cárcel tras la operación Lava Jato, que a partir de 2014 desveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.

La sentencia fue reducida a 10 años después de que aceptase colaborar con la justicia, y en 2017 pasó a cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Desde el pasado mes de septiembre, tiene autorización para salir a trabajar.

Según la prensa local, el despido de Marcelo obedece a una decisión de su padre, en medio de una disputa en el seno de la compañía que se trasladó a los medios de comunicación.

En un comunicado enviado a la AFP, la defensa de Marcelo denuncia que su despido es “otro acto de abuso de poder” del actual presidente del grupo, Ruy Sampaio, en un intento de “paralizar las investigaciones” sobre denuncias hechas en su contra por el propio Marcelo.

En una entrevista publicada el viernes por el diario económico Valor, Ruy Sampaio acusó a Marcelo Odebrecht de chantajear a la empresa “por dinero y poder”.

Las confesiones de 77 exejecutivos del grupo en 2017 sirvieron de base para nuevas tandas de acusaciones contra políticos de primer plano.

El esquema trascendió las fronteras y provocó crisis políticas en varios países.

Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2 mil 600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza. En Panamá, la empresa acordó con el Ministerio Público una multa de $220 millones, pagadera en 12 años. No ha sido inhabilitada para participar en actos públicos.

Las finanzas del grupo se vieron muy afectadas por el escándalo. Actualmente está en proceso de recuperación judicial, pero los debates de la asamblea de acreedores para liderar un plan de rescate fueron aplazados tres veces.

Los juicios por Odebrecht demoran en despegar en Perú

El escándalo de corrupción de Odebrecht estalló hace cuatro años y todavía no comienzan los juicios en Perú. Están bajo investigación los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y la opositora Keiko Fujimori. También era investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011), pero la causa fue cerrada luego de que se suicidó, en abril pasado, cuando iba a ser detenido.

“La demora en llevar a juicio los casos se debe a una incapacidad de los fiscales en investigar adecuadamente”, expresó el analista Fernando Rospigliosi. “Los fiscales han reemplazado esa incapacidad con las prisiones preventivas, una suerte de juicio popular donde filtran información y hacen creer a la opinión pública que están haciendo justicia”, agregó.

En prisión preventiva, durante meses estuvieron Humala y su esposa Nadine, Keiko y varios exfuncionarios. Kuczynski está en arresto domiciliario desde abril y Toledo, detenido en Estados Unidos por un pedido de extradición.

“Encontramos una veta de información agotada. En adelante, estas investigaciones deberán concretarse en los juicios y las condenas que faltan y [...] las reparaciones” al Estado, dijo el exprocurador César Azabache en Twitter.

El caso de los Humala es el único en la recta para entrar a juicio; aunque se suponía que empezaría en el segundo semestre de 2019, sigue sin fecha de inicio.