La investigación judicial más importante de la historia reciente de Panamá se encuentra en un limbo, tres años después de que en Estados Unidos se revelara que la constructora Odebrecht había pagado $788 millones en sobornos a cambio de contratos de obras públicas en diversos países, entre ellos, Panamá, entre los años 2010-2014.
El Primer Tribunal Superior deberá decidir si concede un plazo al Ministerio Público (MP) para continuar el proceso y extender las pesquisas a los periodos presidenciales de Martín Torrijos (2004-2009) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
El exembajador Jaime Lasso confesó en 2017 haber recibido $10 millones de Odebrecht para la campaña de 2009 del Partido Panameñista, donde milita Varela. Mientras, el MP tiene pendiente investigar sociedades que habrían recibido dinero cuando Odebrecht se instaló en Panamá y obtuvo su primer contrato, en la administración de Torrijos.
El MP acordó con Odebrecht una multa de $220 millones, a pagar en 12 años.
Las sombras del caso Odebrecht
El destino de la investigación por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá es incierto, tres años después que la compañía admitiera públicamente el pago de $59 millones a “altos funcionarios” del gobierno panameño, entre los años 2010 -2014.
El caso está en manos de los magistrados del Primer Tribunal Superior, quienes desde hace más de tres meses tienen el expediente del proceso para determinar si conceden o no una prórroga a la Fiscalía Especial Anticorrupción, para seguir recolectando evidencias.
La trama quedó al descubierto un día como hoy, hace tres años. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que directivos de Odebrecht habían confesado que tenían como práctica sobornar y pagar dinero a mandatarios, expresidentes y funcionarios en 12 países, entre ellos Panamá, para quedarse con millonarios contratos públicos. En Panamá, dijeron que habían pagado $59 millones, pero más adelante se descubrió que la constructora brasileña desembolso el doble de esa cantidad, por lo menos.
Cuando en Nueva York se anunció que la contructora era condenada a pagar una multa de $2 mil millones a Estados Unidos, Brasil y Suiza, el Ministerio Público (MP) convocó a una conferencia de prensa en la que comunicó la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht. A las fiscales Zuleyka Moore, Tania Sterling, Vielka Broce y Ruth Morcillo se les encargó la responsabilidad de ese despacho de instrucción.
Una de las primeras acciones de las fiscales fue desempolvar una denuncia que había presentado el excontralor Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015, para que se investigara si la constructora había pagado coimas en Panamá. Antes de esa fecha, el MP se negaba a suministrar información a fiscales brasileños sobre cuentas bancarias de sociedades ligadas a Odebrecht.
Los acuerdos
Los últimos datos que se tienen sobre el caso están consignados en un informe que dio el MP ayer, sobre su gestión. Se han pactado 16 acuerdos de colaboración y de pena con implicados en la trama, e imputado cargos a 82 personas.
Uno de los últimos acuerdos avalados es el pactado con Carlos Ho, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), quien estuvo detenido por haber recibido dinero de la constructora en razón del cargo que tenía en el MOP. Pero, los acuerdos más relevantes para la opinión pública son los logrados con André Rabello, exsuperintendente de la compañía en Panamá, y los exejecutivos de esa constructora Olivio Rodrígues Jr., y Luiz Eduardo Da Rocha Soares. Los tres dieron información al MP sobre quiénes habrían recibido sobornos. Nombraron a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares; a ministros de esa administración, como Jimmy Papadimitriu, Federico Suárez, Frank De Lima y Jaime Ford. En la lista también están abogados como Mauricio Cort y “testaferros” como Olmedo Méndez Tribaldos y Gabriel Alvarado Far, entre otros.
El proceso ha estado plagado de críticas por el tratamiento especial que habrían tenido personas allegadas al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). El exembajador Jaime Lasso confesó a las autoridades que Odebrecht entregó una “donación” de $10 millones al Partido Panameñista –para la campaña electoral de 2009– a través de dos sociedades offshore: Poseidon Enterprises y V Tech Ltd.
¿Son controlados los acuerdos? Es una pregunta que toma fuerza luego de la reciente revelación, desde prisión domiciliaria, del brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, quien –de acuerdo con medios como Folha de S.Paulo y O Globo– ha cuestionado la buena fe del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2016, en el que se revelaron los montos de las coimas pagadas en América Latina, incluidas las de Panamá. Marcelo insinúa que se ha dado información sobre las prácticas corruptas de la compañía de manera controlada.
¿Se dio información controlada a Panamá? Conversaciones del expresidente Varela con Lasso y su hermano José Luis Popi Varela, filtradas en noviembre pasado a través del sitio web “Varelaleaks”, podrían reforzar la teoría.
El 27 de julio de 2017, el periódico El País publicó una entrevista con el exabogado de Odebrecht Rodrigo Tacla Durán, quien reveló que se enviaron fondos a Michelle Lasso, “una persona vinculada al político, que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht”. Michelle Lasso es hija de Jaime Lasso.
Cuando salió la publicación, Varela chateó a Lasso para tranquilizarlo. “Empezó esto… Todo va a estar bien… RM lo adelantó… Diario Las Américas, ahora El País. Todo va a estar bien… Ella [Michelle] solo seguirá tus indicaciones en su momento...Y todo estará coordinado… AR [presumiblemente André Rabello, exjefe de Odebrecht en Panamá] fue claro: que todo fue lobby por acceso a panam[eñismo]… Está tranquilo… Nosotros dirigimos el proceso... Aquí estoy siempre … Sacamos del poder a un grupo delincuencial que se llevó más de mil millones…”. Estos detalles están en un chat del 28 de julio de 2017.
Varela incluso le habría facilitado un tratamiento especial a Lasso en el MP; para eso habló con la procuradora Kenia Porcell. Un chat del 1 de septiembre de 2017 dice: “Procede con la Sra.”
Tres días después, el 4 de septiembre, Lasso fue a la Procuraduría a rendir declaración. El expresidente, según las conversaciones de WhatsApp filtradas, le habría aconsejado a su copartidario abandonar la fiscalía “por arriba”, pues Lasso le informó que eso estaba “lleno de medios de comunicación”. Varela le habría advertido: “Nada de medios”. Lasso salió del MP en un carro conducido por el chofer de Popi Varela, que entonces era diputado y presidente del Panameñista.
El 27 de octubre de 2017, de acuerdo con la información de los “Varelaleaks”, Varela le habría escrito a Lasso para anunciarle: “A ti te darán tu sobreseimiento…”
Otros chats filtrados contienen conversaciones entre los hermanos Varela, que revelarían manipulación y presiones de Rabello para que este último fuera favorecido, al tiempo que buscaba mermar el impacto de la multa que impondría el MP sobre Odebrecht.
Precisamente, por los “Varelaleaks” renunció Porcell al MP. En una entrevista que concedió a Radio Panamá el 12 de noviembre pasado, para anunciar que dejaba el puesto, le consultaron sobre Odebrecht y la influencia del Ejecutivo. Contestó: “no controlamos lo que personas ajenas de la institución hablen o digan”. También argumentó: “Yo sostuve algunas conversaciones con Varela, pero de ahí a que mande en el Ministerio Público, eso sí lo rechazo”.
Cuando se ha consultado a la fiscalía sobre la donación de Odebrecht al Panameñista a través de Lasso, las fiscales han manifestado que ese caso se cerró en 2014, cuando Ana Belfón era la procuradura general de la Nación.
También han argumentado que tienen pendiente realizar diligencias que podrían abarcar a otras personas e, incluso, extenderse a las administraciones presidenciales de Martín Torrijos (2004-2009) y el propio Varela (2014-2019). De hecho, en el informe que dieron a conocer ayer informaron que les falta inspeccionar 400 cuentas bancarias en entidades, inspeccionar cinco dispositivos electrónicos y recibir cinco indagatorias, entre otros.
El 2 de enero de 2020 asumirá como procurador general de la Nación Eduardo Ulloa.
