Los acontecimientos de esta semana en albergues en Tocumen, en la provincia de Panamá, y Santiago, en Veraguas, en los que supuestamente hubo vulneraciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pone de manifiesto que el Estado no está cumpliendo con su rol de fiscalizador ni garantizando que se cumplan los protocolos de atención a esta población vulnerable, advierten la Fundación Unidos por la Niñez, la Red de Niñez y Adolescencia de Panamá y la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia.
Según Jennie Barb, presidenta de la Fundación Unidos por la Niñez, el Estado le dio la espalda a la población infantil. En 2012, Barb elaboró un protocolo para la atención en albergues que, asegura, no se cumple.
Roderick Chaverri, vicepresidente de la Red de Niñez, considera que debe reformarse la norma que regula los albergues.
Oenegés exigen actualizar normas sobre albergues y ejecutar los protocolos de Unicef
Este año, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) cerró por irregularidades tres albergues, de un total de 55 que atienden a niños, niñas y adolescentes en riesgo social y que están bajo su supervisión.
Durante la presente semana, se dieron a conocer supuestas anomalías en el albergue Amor de Damas, en Veraguas, y en el Centro Integral Fundación Chilibre Panamá, en Tocumen, donde hubo aparente maltrato físico y emocional a menores de edad.
Ante estos hechos, la Fundación Unidos por la Niñez, la Red de Niñez y Adolescencia de Panamá y la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa) apuntan a que el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Senniaf, deben reformar las regulaciones que rigen los albergues y cumplir con los protocolos establecidos para la atención de los menores que allí se encuentran.
Jennie Barb, presidenta y fundadora de la Fundación Unidos por la Niñez, manifestó que en 2012 se elaboró un protocolo de atención para la niñez en los albergues, a petición del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cual fue suministrado a la Senniaf.
Este documento es una hoja de ruta sobre cómo tratar a los niños, niñas y adolescentes en estos sitios de acogida, ya que Panamá es suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño.
Como parte de su labor de campo, Barb visitó 11 albergues y detectó fallas en varios. “Por ejemplo, había una cuidadora para 56 niños, dos niños dormían en una misma cama y en algunos no había buena nutrición”, detalló.
Barb afirmó que hubo capacitación en el uso del protocolo, para que se estandarizara la atención a los infantes, de manera que hasta la cocinera y los choferes del albergue tuvieron que tomar cursos sobre derechos del niño.
“El protocolo también implicaba supervisión y aplicar de forma aleatoria formularios a niños para que dieran a conocer cómo era el trato dentro del sitio”, destacó la activista, que dijo sentirse decepcionada por la realidad actual e invitó a Senniaf a “desempolvar” el protocolo.
Roderick Chaverri, vicepresidente de la Red de Niñez y Adolescencia, indicó que en este tema hay responsabilidades compartidas, porque la entidad rectora de la niñez es el Mides y el ente coordinador de la ejecución de políticas es la Senniaf.
“En el caso del Mides, además de entregar los subsidios anuales a los albergues, también aprueba las políticas públicas sobre niñez, mientras que Senniaf se encarga de que esas políticas se hagan efectivas”, explicó.
Chaverri consideró que es necesario actualizar el Decreto 26 de 21 de abril de 2009, que regula los albergues. Específicamente, sugirió calificar el grado de cumplimiento, para así determinar si el albergue puede continuar operando. Además, cree que debe establecerse una capacitación al personal de los albergues y también a los técnicos de la Senniaf.
Rossana Uribe, presidenta de Aplafa, señaló que los cambios deben encaminarse a aumentar la presencia de personal idóneo de la Senniaf en los albergues.
Sara Rodríguez, directora de la Senniaf, precisó que en el país hay 55 albergues, todos manejados por oenegés, y que en su supervisión están involucrados la Senniaf, los juzgados, la Defensoría del Pueblo y el Mides.
“Este año cerramos tres albergues y suspendimos permiso a uno”, dijo la directora.
Añadió que ante lo sucedido en algunos albergues, están en proceso de actualización del Decreto 26 de 2009. No precisó detalles sobre lo que se prevé modificar.
