Unas 46 organizaciones de la sociedad civil exigieron la construcción de una “verdadera discusión” en el proceso de consultas que impulsa el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con el fin de establecer una política nacional minera en el país.
Para este proceso, el MICI convocó a representantes de la sociedad civil y de los sectores público, privado y académico. La dinámica de la consulta implica que por seis meses se llevarán a cabo seis reuniones con estos actores y el resultado de ese diálogo sería insumo para la elaboración de dicha política.
No obstante, a través de un comunicado, las oenegés indicaron que el proceso de consulta se ha planteado como un espacio “cerrado”, solo accesible a través de invitaciones y sin claridad sobre quiénes están incluidos.
Entre las organizaciones que firman la nota están la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de Incidencia Ambiental, el Centro de Estudios y Acción Social Panameño, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, la Fundación Mar Viva y el Frente Santeño contra la Minería.
El escrito de las oenegés también menciona que la minería no es una alternativa viable para el desarrollo social y la sostenibilidad del país y sus ecosistemas.
“De igual manera, el proceso deja de lado los graves conflictos que siempre han acompañado a la minería en Panamá y en Latinoamérica: los escándalos de corrupción e ilegalidad, las afectaciones socioambientales, el escaso retorno económico para el Estado, el nulo desarrollo humano y social a largo plazo, y el descarte de actividades económicas alternativas y sustentables, entre otros”, advierte la nota.
En tanto, en su convocatoria, el MICI defiende el proceso con el argumento de que esta industria tiene un “enorme potencial” para traer beneficios al país, como ocurre en otros países.
Para tal fin, reconoce que se requiere una institucionalidad fuerte que permita resguardar los derechos de los sectores involucrados.
En un comunicado, la entidad también planteó que las acciones incluidas en este proceso se mantendrán hasta noviembre de este año, y contemplan una consulta “técnica-política” sobre la institucionalidad idónea para el sector, la cual se lleva a cabo en estos momentos y es de la que se quejan las organizaciones ambientales. Además, se incluirá una revisión técnica del Código de Recursos Minerales.
