La estructura era diversa y compleja: hombres y mujeres realizaban diferentes tareas para la recepción y movilización de las drogas, la compra de armas y para garantizar la seguridad de la carga.
Así lo expuso ayer el fiscal de drogas, Joseph Díaz, durante la audiencia de solicitud de medidas cautelares para los 56 aprehendidos en la operación Fisher.
Díaz señaló que la organización, presuntamente liderada por Jorge Luis General, diversificó sus tareas y mantenía grupos específicos de trabajo para la movilización de las drogas que ingresaban por diferentes poblaciones de la Costa Abajo, de Colón.
Empresa para el crimen
En su intervención durante la audiencia, el fiscal planteó que Jorge Luis General era propietario de la empresa Magna Pesca, que fue usada para justificar el movimiento de dinero proveniente de la venta y distribución de drogas. De acuerdo con datos del Registro Público, esta compañía tiene como presidente, precisamente, a José Luis General.
En la residencia de General, las autoridades a cargo de le operación encontraron $44 mil, mientras que cuatro embarcaciones marítimas ligadas a él, valoradas en $400 mil, también fueron confiscadas. Según las autoridades, las mismas eran usadas para la movilización de los estupefacientes y del dinero procedente de su venta.
La red usó residencias en la comunidad de Nueva Providencia, Colón, que colindaban con el mar, casas que servían para la recepción de la droga y el dinero. De hecho, en la audiencia de ayer la fiscalía recordó que fue en una de esas casas donde se encontraron tres escondites (caletos) con más de $10 millones. Mientras, las otras casas que también estaban al servicio del tráfico de droga fueron encontradas vacías.
El fiscal narró, además, que la vivienda conocida como La Finca, fue usada por la organización criminal para ocultar las embarcaciones marítimas que escapaban del control del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El mantenimiento de los caletos
A través de interceptaciones telefónicas de varios de los imputados en la operación Fisher, la fiscalía se enteró de la reparación de algunos de los caletos que estaban deteriorados.
Tecnología no le faltaba a esta estructura criminal. El grupo encargado de mover la droga compró un Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) para tener la ubicación exacta de la droga. A su vez, los integrantes de esta red cambiaban de chips telefónicos de manera constante y además usaban sistemas de encriptación para evitar que sus comunicaciones fueran intervenidas.
Los pagos
Otro grupo estaba encargado de realizar los pagos a los diferentes miembros de la estructura, de acuerdo con la función que realizaban.
La fiscalía planteó que incluso mantenían una tabla para la asignación de los pagos. Cuando la organización tenía que cambiar el dinero deteriorado por dinero nuevo, acudían a personas que laboraban en la Zona Libre de Colón, quienes le facilitaban esta tarea.
Las armas
La fiscalía también relató que otros miembros de la red criminal eran los encargados de comprar las armas. Eso quedó comprobado, según la fiscalía, durante una operación realizada el 5 de mayo de 2021, en la cual se decomisaron cuatro fusiles de asalto M-4, varias sub ametralladoras y mil 600 municiones de diversos calibres.
La investigación de la fiscalía reveló que un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) usó uniformes de esa entidad que fueron entregados a un ciudadano nicaragüense y a un hondureño, quienes ingresaron ilegalmente al país. Los mismos pretendían mover un alijo de droga hacia Centroamérica, trabajo que fue realizado por otros integrantes de la red criminal.
El grupo también contaba con el servicio de un capitán del Senan y de un mayor de la Policía Nacional, que brindaban información sobre la ubicación de los grupos de vigilancia policial para que no interfirieran en el tráfico de la droga o el movimiento de dinero, reveló la fiscalía.
Incluso, en la investigación de la Fiscalía de Drogas se determinó que un miembro de la red criminal está vinculado con un caso de homicidio de una persona que también está relacionada con el tráfico de drogas.
Las propiedades
Hasta el momento, a la red criminal se le han incautado 11 propiedades, entre ellas, una finca en la Arboleda en La Chorrera; dos residencias en Costa Verde, Arraiján; y otra en Barrio Colón, en La Chorrera.
Así mismo, una finca en el corregimiento de El Potrero, en la Pintada, provincia de Coclé; una barbería y una residencia en Montelimar, La Chorrera.
En la lista también está una finca en el corregimiento de Cristóbal, en Colón; y una residencia en Cuatro Altos, también en esa provincia de la costa Caribe. Además, figura un apartamento en el PH Astoria en la ciudad de Panamá, y una casa de playa en Río Hato, Coclé.
Al cierre de esta edición, la audiencia en el sistema penal acusatorio seguía.
