Ocho personas, entre ellas exdirectores de los estamentos de seguridad del Estado, fueron imputadas por la presunta comisión del delito de posesión y tráfico de armas.
El fiscal a cargo de la llamada Operación Furia y de la investigación del caso, Emeldo Márquez, sostiene que los acusados están vinculados a la importación de armas de fuego, que terminaron en manos de particulares en tiempos de veda.
Operación Furia, los alegatos del fiscal
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada sostiene que entre 2012 y 2019, exfuncionarios de los estamentos de seguridad del Estado y particulares introdujeron al país armas de fuego de forma ilegal.
Los detalles fueron sustentados por el fiscal Emeldo Márquez en la audiencia de imputación ante el juez Erick González, el pasado 16 de julio.
Dos días antes, el martes 14 de julio, en la llamada Operación Furia, el Ministerio Público había recuperado 34 armas en 28 allanamientos hechos en varios puntos del país, que también dejaron al menos 19 personas aprehendidas.
Las armas, según la fiscalía, fueron introducidas a través de la empresa Aerotécnica de Panamá, entre 2012 y 2019 –con la anuencia de exfuncionarios–, a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), del Ministerio de Seguridad Pública.
Márquez apunta, entre otros, a los que dirigían instituciones de seguridad, como Omar Pinzón, de la Policía Nacional; Frank Ábrego, del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), y Belsio González, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Según la fiscalía, para la introducción de estas armas los exfuncionarios se valieron de los llamados certificados de usuario final que emite la Diasp, en base a la Ley 57 de 2011, que regula la comercialización, porte y tenencia de armas de fuego.
Las armas, en teoría, eran muestras comerciales.
Márquez señaló que el entonces jefe de la Diasp, Luis Alberto Zegarro, habría solicitado las armas, para registrarlas a favor de personas naturales. Esto, según el fiscal, se traduce en importación ilegal de armas de fuego, ya que desde el 26 de octubre de 2010, mediante un resuelto del Ministerio de Seguridad Pública, existía la prohibición o veda para importar armas a empresas.
Otro de los argumentos de la fiscalía es que las armas que son objeto de investigación fueron entregadas a distintas personas, entre ellas, Yassir Purcait, Roberto García Vázquez, Roberto Enrique García Dapena, Yafar Yahel, Ricardo Henríquez Selles de la Guardia, Ricardo Domínguez Robles, Musa Yafar Yahel, Mariano Justiniani, Marco Aurelio Chu Gomura, Jorge Ricardo Velásquez, Jorge Luis Jurado Abadía, Darko Gusmech Sellis, Carlos Emilio Boyd, Alí Tarek Yafar Fares y Alex Tzortzados, entre otros.
Algunos han sido entrevistados por la fiscalía para esclarecer cómo llegaron esas armas a sus manos.
El fiscal contó, por ejemplo, que Jack Btesh Arosemena mantenía permisos y certificaciones de tenencia de armas que fueron recuperadas en las diligencias de allanamiento que se realizaron el 14 de julio.
“Obtenían los permisos y certificaciones de altos funcionarios de los estamentos de Seguridad del Estado”, dijo Márquez.
Además, la Fiscalía detalló que algunas armas ni siquiera estaban en la base de datos de la Diasp.
En virtud de estos señalamientos, el juez de garantías ordenó la imputación de Btesh Arosemena y García Dapena, ambos ligados a la empresa Aerotécnica de Panamá, por la supuesta comisión de los delitos de posesión y tráfico de armas y explosivos.
También se les formularon los mismos cargos a Omar Pinzón, Frank Ábrego y Belsio González, al igual que a Rafael Bárcenas, exdirector de Aeronaútica Civil; Luis Alberto Zegarro, exdirector de la Diasp, y Juan Pineda, del Senan.
En tanto, la noche del pasado jueves, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida de arresto domiciliario para Pinzón, González, Ábrego, Bárcenas, Btesh, García Dapena. Los imputados Pineda y Zegarro se mantienen con la medida de notificación e impedimento de salida del país.
El próximo martes, el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, tendrá una audiencia de imputación. Ese día también se celebrará una audiencia de afectación de derechos, a solicitud de López
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