Mientras organizaciones de la sociedad no descartan solicitar al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, un veto parcial o total del proyecto de ley 544, sobre reformas electorales, algunos diputados rechazan esta postura.
El proyecto de ley 544 fue aprobado el pasado viernes por la Asamblea Nacional; sin embargo, tres días después de haber sido avalado en el pleno los magistrados del Tribunal Electoral (TE) y los ciudadanos no han tenido aún acceso al documento oficial. Tampoco se conocen los resultados exactos de la votación.
Elia López de Tulipano, del Foro de Mujeres de Partidos Políticos y miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), dijo que si el proyecto es sancionado recurrirán “a lo que nos permite la Constitución, como ciudadanas, para que realmente se respete el derecho a la igualdad y al sufragio de las mujeres”.
“Hacemos un llamado al presidente de la República a vetar el proyecto por inconveniente”, agregó.
Acotó que respalda la posición de los magistrados del TE, que el domingo anunciaron al país que solicitarán al presidente Cortizo vetar el proyecto de ley parcialmente. Mencionaron cuatro aspectos: el esquema de asignación de curules, la paridad de género, la inequidad en la distribución del financiamiento público y la amnistía en el pago de multas para los que incumplieron con la entrega de informes de ingresos y gastos de campaña.
“El país requiere de una legislación electoral para que el proceso electoral de 2024 sea transparente e igual para todos los hombres y mujeres que aspiramos a los diferentes cargos de elección popular” indicó.
Para Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadano, la decisión del TE fue acertada, pero tardía.
A su juicio, el Tribunal Electoral tenía que ser más enérgico en el rechazo durante su debate en la Asamblea y no solo hasta ahora. Señaló que salir a dar declaraciones en medios, junto a los diputados, dando a entender que habían “avances”, “mandó un mensaje de que respaldaban los retrocesos introducidos por diputados, en lugar de oponerse”.
Cuestionó que todavía no haya un documento oficial, lo que para él es un “retrato” a todo color de la “opacidad” que existe en la Asamblea y la falta de transparencia.
“No tengo duda de que a ese documento le siguieron haciendo retoques después de pasar por tercer debate (...)”, expresó.
Por su parte, Freddy Pittí, del Movimiento Juntos decidimos y también miembro de la CNRE, señaló que como sociedad civil van a realizar un pronunciamiento oficial y solicitud formal al Presidente en cuanto analicen el proyecto oficial.
“Nuestra solicitud puede ser veto parcial o total, dependiendo del resultado de un equipo legal que estamos armando, una vez tengamos en mano el proyecto”, dijo.
Criticó la postura de los magistrados del TE de emitir un pronunciamiento sin un documento oficial y la postura tardía que tomaron, pese al llamado hecho por los ciudadanos de rechazar el proyecto desde un principio. Así, como a la Asamblea por mantener un “hermetismo” en torno a lo aprobado en el proyecto de ley 544.
No hay razón de veto
En cambio, la diputada Corina Cano, miembro del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista e integrante de la Comisión de Gobierno, dijo ayer que no comparte el criterio de un veto y mucho menos se se argumenta una supuesta inconstitucionalidad.
“Como abogada, puedo señalar que no hay razón para que haya un veto por temas de inconstitucionalidad. No hay artículos que sean inconstitucionales. Cómo puede el señor Presidente vetar un proyecto si realmente no hay artículos inconstitucionales”, se preguntó.
Enfatizó que, aunque hay temas en el proyecto de ley con los que no está de acuerdo, dicha discrepancia de criterio forma parte de la democracia.
“Pero si hablamos de temas jurídicos, estrictamente constitucionales, a mi juicio no hay razón para declararlo ni inexequible ni inconveniente y recordemos que solo puede haber veto si existen estos dos aspectos”, acotó.
