Panamá no logró una buena calificación global ni regional en el Índice de Estado de Derecho 2021, informe elaborado por el World Justice Project (WJP), dado a conocer esta semana. El país fue mal evaluado en aspectos claves para lograr un estado de derecho: ausencia de corrupción y una justicia penal y civil robusta, al igual que orden y seguridad.
En el ranking global, Panamá quedó en el puesto 71 de los 139 países evaluados (1 es el mejor). Mientras que entre los 32 de América Latina y el Caribe que fueron analizados, se ubicó en el puesto 15. En 2019, Panamá quedó en la posición 64 de 126 países evaluados aquel año.
¿Qué es?
El WJP define el estado de derecho como un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario, que ofrece rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible.
El estado de derecho y la justicia en coma
Panamá cayó un puesto en el Índice de Estado de Derecho, un informe elaborado por el World Justice Project (WJP) que mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones con respecto al funcionamiento de las instituciones.
El documento, dado a conocer esta semana, está basado en entrevistas realizadas en más de 138 mil hogares y a 4 mil 200 especialistas alrededor del mundo, y mide la percepción y la experiencia de la población con el estado de derecho en situaciones prácticas y cotidianas.
Panamá se ubica en el puesto 71 de los 139 países medidos (1 es el mejor) y en la posición 15 de 32 países de América Latina y el Caribe.
En 2019, Panamá ocupó el lugar 64 del índice. En esa oportunidad se evaluó a 126 países.
Uruguay, el ejemplo
En América Latina, el país mejor calificado es Uruguay (25), seguido de Costa Rica y Chile. Mientras que las naciones con peores números son Nicaragua, Haití y Venezuela.
Para elaborar el informe, el World Justice Project analiza ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Así estamos
En lo que se refiere a límites al poder gubernamental, Panamá quedó en el puesto 71, de los 139 países evaluados a nivel global; mientras que en el regional, se ubicó en el 17 de 32 naciones.
En lo relativo a ausencia de corrupción, quedó en el puesto 91 tanto a nivel global como regional.
En materia de justicia penal, Panamá quedó en el lugar 110 a nivel global y en el 19 en el regional.
En lo que concierne a orden y seguridad, se encuentra en la posición 98 del ranking global, y de 16 en el regional. Cuando se analizó la justicia civil, se ubicó en el lugar 93 (global) y en el 22 (regional).
Mientras que al momento de examinar lo relativo al gobierno abierto, Panamá fue ubicado en el puesto 47 (a nivel global), pero le fue bien en el ámbito regional: quedó en la posición 8.
En derechos fundamentales, ocupó la posición 47 (global) y 11 (regional). Mientras que en cumplimiento regulatorio, se ubicó en el puesto 64 (global) y 12 (regional).
Los peores
El índice dejó en evidencia las falencias en la administración de justicia que por años la ciudadanía ha señalado. La prueba está en que la justicia penal es el factor con el peor desempeño: puesto 110 de 139 países.
Recientemente, el presidente Laurentino Cortizo designó a Miriam Yadira Cheng Rosas y María Cristina Chen Stanziola como magistradas de la Sala Primera de lo Civil y de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente. Ellas reemplazarán a Hernán De León (Sala Primera) y Luis Ramón Fábrega (Sala Tercera).
El Órgano Judicial es una de las instituciones del Estado que históricamente ha sido señalada como foco de corrupción: presunta venta de fallos en la Corte; jueces al servicio de políticos, comerciantes y hasta del narcotráfico; justicia tardía y mora judicial. Todo esto forma parte del esqueleto de un sistema que, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, requiere cambios urgentes.
La Covid-19 , un factor
El documento precisa que en un año dominado por la pandemia producto de la Covid-19, el 74.2% de los países experimentaron retrocesos en su puntaje del estado de derecho, lo que se tradujo en afectaciones a 6,500 millones de personas en todo el mundo.
Según WJP, la pandemia de la Covid-19 implicó un estancamiento en materia de acceso al estado de derecho, provocando el retroceso de algunos países. Otros apenas registraran avances en en esta materia.
Sobre WJP
El WJP, cuya sede está en Washington, es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el estado de derecho en el mundo. Considera que un estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas de las injusticias. Además, argumenta que es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano y un gobierno responsable.
