En 2020, el año de la pandemia del nuevo coronavirus, Panamá registró pocos avances en la lucha contra la corrupción.
El país obtuvo 35 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), un punto menos que en 2019, cuando sacó una calificación de 36 puntos.
En este índice, el 0 implica corrupción absoluta y el 100, transparencia total.
Panamá se ubica en la posición 111 de 180 países medidos. Pero aquí la medición es distinta: entre más baja es la posición, implica menos corrupción.
Reprobado
El informe ,divulgado ayer en una conferencia de prensa virtual, refleja que se reprobó la tarea de implementar medidas para alejar la corrupción de la gestión pública. Es decir, poco se hizo para evitar los “actos de soborno”, la desviación de fondos públicos y el uso de dinero estatal para “ganancias personales”.
El documento advierte también que no hay una efectiva investigación y castigo para los funcionarios corruptos, que se abusa de las contrataciones directas y que, además, faltan protecciones legales para denunciantes, periodistas e investigadores.
Indignación
Panamá ha caído en este índice desde 2016.
De hecho, Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo panameño, explicó que este es el peor resultado del país desde 2013 y la peor posición desde 2012.
Además, dijo que “marca una lamentable tendencia a la baja desde 2015”, cuando alcanzó su mejor puntaje, 39, y mejor posición: 72 de 180.
Añadió que esto también significa que en los últimos seis años, Panamá ha descendido 39 posiciones y está entre los 10 países de 180 del mundo que han desmejorado 10 posiciones o más.
En 32 países de América, Panamá está junto a Argentina, nación que desmejoró 12 posiciones, y Honduras que desmejoró 11.
“Con estos resultados, Panamá se aleja de los mejores de América: Canadá, Chile y Uruguay...”, acotó Barsallo.
A su juicio, la indignación ciudadana es uno de los mejores anticuerpos contra la corrupción. Sus palabras surgen en momentos en que la ciudadanía reclama más transparencia en el manejo de fondos y las normas adoptadas en pandemia.
Si bien Panamá creó varios sitios web en los que hay algunos datos de la gestión sanitaria para mitigar la pandemia, no se cumple del todo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla de reducir el soborno, fortalecer las instituciones y acceder a la información.
La voz de una experta
Según Arlene Calvo, experta en temas de salud pública y quien estuvo ayer en el acto de TI, los datos están dispersos. “Los científicos no están teniendo acceso a la información de casos de coronavirus en el país y esto afecta muchísimo cómo se van a determinar los programas”, se quejó.
Advirtió que no existe una explicación adecuada del modo de transmisión ni transparencia en la información de la pandemia. Tampoco hay un diagnóstico social real.
Aseguró que la información gubernamental “se ha convertido en una campaña de relaciones públicas, en lugar de una campaña de salud pública”.
Precisamente, ayer el Instituto Lowy de Australia publicó el ranking de gestión de 98 países ante la pandemia y Panamá se ubicó entre los que peor la han gestionado, con el puesto 92.
Un año de males
Los resultados del índice de TI son consecuentes con el escenario que predominó en 2020: escándalos por supuesto sobreprecio en insumos para la pandemia, adquisición de equipos médicos usados, millonarios contratos directos otorgados a empresas vinculadas con allegados de altas figuras del Ejecutivo y despilfarro de fondos públicos en el Órgano Legislativo.
El Ministerio Público actualmente investiga 18 casos relacionados con supuestas anomalías en la gestión de la crisis sanitaria. Les ha denominado “casos Covid”. Pero, a pesar del ruido que el tema causa en la opinión pública, solo en dos de esas investigaciones hay imputados: el tráfico de mascarillas en la Caja de Seguro Social y en el Hospital Santo Tomás.
No ocurre lo mismo en la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la construcción del hospital modular para atender a pacientes con Covid-19, una obra a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Ni en la pesquisa por la supuesta intención de compra de ventiladores con presunto sobreprecio por parte del Ministerio de la Presidencia.
