En los más de 25 cierres de calles registrados durante las últimas dos semanas en diferentes puntos del país, la exigencia ha sido la misma: la falta de dinero para comprar comida y la ausencia de ayuda gubernamental en medio de la cuarentena impuesta para contener el coronavirus.
Ayer, miércoles, la vía Interamericana a la altura de Loma Cová, Arraiján, se convirtió en uno de los focos principales de las noticias: residentes de Valle del Sol, La Cascada, La Paz, y La Nubes, comunidades en su mayoría ocupadas por personas provenientes de la comarca de Guna Yala, cerraron los cuatro carriles de la ruta durante varias horas. Exigían la entrega de bonos y bolsas de comida del plan Panamá Solidario. Un grupo narró que desde que se decretó la cuarentena ha sido muy poca la ayuda que han tenido. Otros, incluso, reportaron que a sus comunidades no les ha llegado nada.
Contaron que el pasado martes les llevaron 500 bolsas de comida, pero que en la zona viven más cinco mil personas, por lo que se produjo un gran descontento. Otros decían que querían el bono.
Tocaron pailas y pitos. Gritaban que necesitaban ser atendidos.
La misma escena se registró en el Valle de San Isidro, en San Miguelito, donde moradores cerraron las vías de acceso a la zona. Exigían la entrega de las bolsas de comida y el bono. Omar Montilla, viceministro de Comercio e Industrias, y quien fue representante del corregimiento de Mateo Iturralde durante dos periodos, se comprometió a que hoy, jueves, la ayuda les llegaría.
En ese mismo distrito, pero, en Nuevo Progreso, un grupo de protestantes cerró el ensanche de la carretera Pedregal - Gonzalillo – Transítmica, más conocida como el “corredor de los pobres”. Se quejaron de que tenían “dos semanas” de no comer.
Uno de los manifestantes relató que a los residentes de algunas áreas sí les han entregaron bolsas de comida, pero que no alcanzaron para todos.
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Pero también hubo reclamos en Torrijos Carter, San Miguelito. En Rana De Oro, y Montería, sectores del corregimiento de Pedregal. Al igual que La Valdesa en La Chorrera, Panamá Oeste.
Pobladores de Colón también salieron a las calles. En las horas de la mañana los cierres de vías también fueron noticia. Los manifestantes, incluso, bloquearon la autopista Panamá-Colón a la altura de Puerto Escondido.
El escenario de todas las protestas era muy similar: quema de llantas, carteles con consignas contra el gobierno y gritos. Algunos lucían pasamontañas de colores rojo o negro. Personal de la Policía Nacional llegaba a los lugares para intentar aplacar los ánimos. Aún así, no lograban que se reabrieran las vías.
A finales de marzo, cuando arrancó el plan Panamá Solidario, el presidente Laurentino Nito Cortizo, anunció que la ayuda llegaría a por lo menos 1 millón de personas, y que los gobiernos locales (representantes de corregimiento y alcaldes del país) serían parte del equipo que entregaría los bonos y bolsas de comida, casa por casa. Lo harían en coordinación con otros ministerios: de Desarrollo Social, de la Presidencia, de Desarrollo Agropecuario, y de Seguridad Pública, entre otros. En ese momento, se anunció un partida inicial de $50 millones para activar el programa. Sin embargo, día tras día, las quejas por supuestas irregularidades en la distribución de las ayudas se incrementan. Uno de los reclamos más constantes es el supuesto criterio político al momento de elegir a los beneficiarios.
Mientras que el pasado martes, Panamá Solidario fue motivo de debate en el Consejo Municipal de Panamá. El representante de Bella Vista, Ricardo Domínguez, por ejemplo, aseguró que el sistema de entrega de bonos y bolsas de comida coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, no ha sido “el más efectivo”.
Yoira Perea, representante de Chilibre, alegó que debido al tamaño de algunos corregimientos en los que viven hasta 28 mil personas, las juntas comunales no tienen la capacidad física para hacer las entregas a la velocidad que se requiere.
Mientras que Nelson Vergara, representante de la 24 de Diciembre, denunció que un diputado, cuyo nombre no reveló, envía personas a la junta comunal para retirar los bonos solidarios.
Vergara fue objeto de cuestionamientos en una protesta ciudadana en la 24 de Diciembre el pasado martes.
¿Política?
Sin embargo, hay voces que argumentan que si bien hay manifestaciones legítimas que nacen de la necesidad que tiene el pueblo de comida y trabajo en medio de la crisis sanitaria, no se descarta que algunas protestas estén motivadas por intereses políticos.
De hecho, algunos diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) se han dejado ver en compañía de los protestantes. “No quieren hacer caso y mi pueblo ya no aguanta más”, escribió el diputado colonense Jairo Bolota Salazar en su cuenta de Instagram, donde subió un video de una protesta en Colón.
En tanto, el presidente Laurentino Cortizo anunció ayer que a partir de hoy se activa la “cédula solidaria”, un vale que se podrá cambiar en los supermercados presentando la cédula.
