Sin sustento socioeconómico, en momentos en que se requiere austeridad en el gasto público y a pesar de los cuestionamientos de la población, los proyectos de ley para crear corregimientos se acumulan en la Asamblea Nacional.
Por lo menos cuatro iniciativas legislativas que buscan crear 25 corregimientos y tres distritos esperan por debate en el Legislativo.
A ello se suman otros dos proyectos de ley que esperan la sanción o el veto del presidente Laurentino Cortizo: el de Benicio Robinson (que crea 10 corregimientos) y el de Leopoldo Archibold (6 nuevos corregimientos).
Si todos pasan los filtros, Panamá contaría con 41 nuevos corregimientos.
Norma
La Ley 65 de octubre de 2015 se creó luego de que una Asamblea Nacional dominada por el partido Cambio Democrático aprobara la creación de 17 nuevos corregimientos. En ese momento, se dijo que los proyectos fueron inconsultos.
Varios de estos proyectos no cumplen un requerimiento de la Ley 65 de 2015, que desarrolla las normas para la creación y organización territorial del país.
Ciudadanos de Bocas del Toro se han lanzado a la calle para denunciar que el proyecto de Robinson no contó con el visto bueno de la comunidad y que está basado en cálculos políticos.
Diputados insisten en más corregimientos
Dividir el país en pequeñas porciones de territorio es uno de los ejercicios recurrentes de los diputados de la Asamblea Nacional por estos días.
Diputados de distintos circuitos electorales presentan proyectos de ley para darle vida a nuevos corregimientos, a pesar de que la mayoría de las veces no cuentan con los requerimientos que establece la Ley 65 de octubre de 2015, que desarrolla las normas para crear y organizar el territorio del Estado.
Solo el pasado martes, la diputada perredista Petita Ayarza, de la comarca Guna Yala, presentó una propuesta para crear tres corregimientos en su zona.
En el proyecto, Ayarza asegura que la aspiración de reorganizar “de manera equitativa” los corregimientos de su comarca nació hace 10 años. Afirma que cuenta con la anuencia y participación de las autoridades tradicionales, y de los habitantes de las comunidades a las que el Estado no satisface sus necesidades.
En la actualidad, en la Asamblea hay cuatro proyectos de ley que buscan crear al menos 25 corregimientos y tres distritos, incluyendo el proyecto de Ayarza.
Por ejemplo, una propuesta del perredista Daniel Ramos pretende añadir a Coclé seis nuevos corregimientos y un distrito. Mientras que una iniciativa de sus copartidarios Arquesio Arias y Ricardo Montezuma busca crear 11 nuevos corregimientos y un distrito en la comarca Ngäbe Buglé. Este último proyecto se encuentra en la agenda del pleno legislativo para segundo debate. (Ver tabla).
Estos 25 nuevos corregimientos se sumarían a los 16 que nacen con dos proyectos de ley aprobados recientemente. El de Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que concibe 10, y el de Leopoldo Archibold, de Cambio Democrático, que establece otros 6.
Estos dos últimos proyectos están en manos de la Presidencia de la República, que debe decidir si los sanciona o los veta. Si todos son aprobados, Panamá podría tener 41 nuevos corregimientos en poco tiempo.
Polémica
Estas iniciativas legislativas han levantado críticas ciudadanas, pues se revive una práctica que, de acuerdo con expertos, no tiene estudio socioeconómico ni análisis que la sustente.
La Ley 65, que estipula las reglas para la organización territorial, dice, por ejemplo, que en las áreas rurales se requiere la firma de al menos el 10% de los ciudadanos que se verán impactados por la nueva división y, en varios casos, esto no se cumple.
La prueba está en que en agosto pasado ciudadanos de Bocas del Toro cerraron las principales vías del área, a raíz de la aprobación del proyecto de Benicio Robinson que creó 10 nuevos corregimientos. Los protestantes alegaron que nunca tomaron en cuenta su opinión. De hecho, dijeron que las divisiones planteadas no convenían a la comunidad, sino que eran un cálculo político del diputado.
Cautela
El tema es tratado con cautela en el Palacio de Las Garzas. El pasado viernes, el presidente Laurentino Cortizo dijo que la dirección de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia está analizando la propuesta del diputado Benicio Robinson. “Se está analizando ese proyecto de ley; si es conveniente o no para las personas que viven en ese territorio”, dijo.
De hecho, Cortizo envió a la comunidad una comisión presidencial para que los moradores expusieran su inconformidad.
