Pegasus, el software de espionaje fabricado por una empresa israelí, fue utilizado en Panamá cuatro años antes de que esa misma tecnología se empleara para vigilar más de 50 mil celulares de políticos, activistas y periodistas de diversos países del mundo.
La reciente investigación de The Washington Post y 16 medios asociados explica que la lista de espiados proporcionada por Forbidden Stories, una organización periodística sin fines de lucro con sede en París, y Amnistía Internacional, va desde 2016. Para entonces ya Panamá tenía experiencia en el tema, pues Pegasus entró al país en 2012 y se usó hasta mayo de 2014, de acuerdo con información del Ministerio Público.
El uso de Pegasus para vigilar la vida de ciudadanos es un elemento importante en el juicio del expresidente Ricardo Martinelli por el caso pinchazos. El sistema costó $8 millones y habría operado en el edificio Oceanía
Pegasus, actor clave en el juicio por los pinchazos
Mientras las fiscalías de varios países del mundo se activan para investigar los alcances del software espía Pegasus, en Panamá el juicio que se sigue a Ricardo Martinelli por espionaje político entra en su segunda semana con solo dos de los seis querellantes que estaban al inicio del proceso: Balbina Herrera y Mitchell Doens.
Juan Carlos Navarro, Mauro Zúñiga, Rubén Polanco y Rosendo Rivera desistieron de la querella.
Más pruebas
Hoy, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada continuará presentando los elementos que probarían cómo se usó el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para acechar la vida de por lo menos 150 personas entre 2012 y 2014.
Pegasus, tecnología comprada a la empresa israelí NSO Group, en 2012, es una pieza importante del caso. Ya en 2019, en el juicio al expresidente de la República por este caso, el fiscal Ricaurte González explicó que en la negociación entre NSO Group y el CSN figuraba la instalación de Pegasus y el entrenamiento al personal que lo utilizaría.
Pegasus fue uno de los tres softwares que se usaron para darle seguimiento a políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas y otros actores de la sociedad. Costó $8 millones, según las pesquisas del Ministerio Público, y para triangular los pagos para adquirir el sistema se usaron cuentas bancarias locales y en el exterior.
Sociedad clave para el proceso fue Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron Ronny Mizrachi, pareja de una hermana de Martinelli.
De acuerdo con el certificado de uso, el propósito de la tecnología era “la recolección y recopilación de información en dispositivos móviles para el uso exclusivo del Gobierno de Panamá”. El contrato original de NSO Group con el Gobierno era por $6 millones, pero tras la adquisición de nuevos softwares se hizo una adenda, por otros $2 millones, y terminó costando $8 millones.
De acuerdo con la fiscalía, la última vez que Pegasus reportó actividad fue el 16 de mayo de 2014, días después de que Panamá escogiera un nuevo presidente de la República: Juan Carlos Varela, adversario político de Martinelli.
El 7 de junio 2019, en el juicio (anulado) por el caso pinchazos, el testigo protegido 8430145 habló sobre el sistema espía: en mayo de 2014, dos meses antes de entregarle el poder a Varela, Martinelli pidió que le llevaran a la Presidencia el disco duro del equipo en donde se almacenó la información producto de las interceptaciones. De acuerdo con el testigo, Ronny Rodríguez, uno de los agentes del CSN encargado de las escuchas, le contó que Martinelli había pedido el disco duro Pegasus, misión que le encargó a él y al agente William Pittí. Ronny Rodríguez, quien nunca compareció al proceso pues está prófugo, también le reveló que toda los documentos impresos relacionados con la operación de Pegasus fueron triturados, depositados en bolsas de papel y, finalmente, quemados por Pittí en su residencia, ubicada en Arraiján.
El testigo protegido también le contó al Tribunal de Juicio que los israelíes de la empresa NSO Group hacían constantes actualizaciones a Pegasus, ya que en ocasiones se quedaban sin acceso a los “blancos” —personas que eran espiadas— y a la mensajería instantánea. Precisó que todos estos problemas se le reportaban al uruguayo Martín Berenstein, representante de NSO Group para Latinoamérica. Aún así, el Tribunal, en agosto de 2019, declaró “no culpable” a Martinelli de espiar comunicaciones. Pero, en noviembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones ordenó un nuevo juicio, proceso que empezó el pasado 21 de julio.
¿Dónde está Pegasus?
Esa es una pregunta sin respuesta. Al igual que la primera tecnología para las escuchas que se compró a la también israelí M.L.M. Protection, por $13.4 millones, con fondos del Programa de Ayuda Nacional, se desconoce su paradero. En su momento, el Ministerio Público comprobó que Pegasus funcionó en el piso 6 del P.H. Oceanía Business Plaza Torre 3000. En este edificio, Martinelli tiene sus oficinas. Entre septiembre y octubre de 2015, la fiscalía hizo una inspección en la empresa Cable & Wireless y comprobó que bajo el número IP 186.74207.178 —servidor con el cual se registró el equipo— se hizo un contrato de 10 megas de internet, del 29 de enero de 2013 hasta el 14 de mayo de 2014.
Esta información fue ratificada por un técnico de Cable & Wireless que acudió al juicio, el 3 de julio de 2019.
Los estragos de Pegasus en el mundo volvieron a la escena pública recientemente, luego que quedara al descubierto que hasta 50 mil celulares de activistas, periodistas y políticos fueron objeto de espionaje con este sistema.
La agencia AFP informó que Israel creó una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones contra NSO Group. Shalev Hulio, CEO de esta empresa, aseguró que “estaría encantado de que hubiera una investigación, para poder limpiar nuestro nombre”. También dijo que había un esfuerzo “para desprestigiar a toda la industria cibernética israelí”.
Harry Díaz sostiene que el proceso no se debilita
Harry Díaz, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y quien actuó como fiscal en el caso pinchazos cuando este estaba a cargo de la Corte, aseguró que el retiro de cuatro de los seis querellantes “en nada debilita el proceso”.
El exmagistrado recordó que cuando se presentó la acusación contra Ricardo Martinelli en 2015, se le consultó a la víctimas si querían convertirse en querellantes autónomos o coadyuvantes de la fiscalía. En ese momento, dijo, solo seis decidieron adherirse a la acusación de la fiscalía. Si ninguno lo hubiese hecho, la fiscalía igual tenía que continuar con el proceso.
Díaz también opina que “está bien” que se indemnice a quienes así lo hayan solicitado, ya que esto es “una prueba más de que se cometió un delito”.
Además, reconoció que en este proceso se ha desencadenado “una lucha desigual” que se ha extendido por siete años. Se refiere a que se ha ocasionado un desgaste para los querellantes y no así para Martinelli, debido a “los grandes recursos económicos que mantiene”.
