Cuando el 18 de noviembre de 2021 el Ministerio Público allanó las casas que tenía marcadas en San Martín de Panamá este, se llevó la sorpresa de que no había nada ni nadie.
Los miembros de la pandilla HP, que eran vigilados como parte de la operación Damasco, habían sido alertados la noche anterior.
Tiempo después, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada identificó al “topo”: una funcionaria del propio Órgano Judicial que desde hace varios meses pasaba información sensitiva a la red, ligada, según las autoridades, con el Clan del Golfo, una de las organizaciones del crimen organizado más peligrosas de Colombia.
Todo esto lo reveló el fiscal Efraín Gálvez durante la audiencia en la que la jueza de garantías Hiroko Tinoco imputó cargos y ordenó la detención provisional Nicel Solano, la funcionaria del Órgano Judicial despedida a finales de diciembre pasado.
De cómo Nicel Solano pasaba información a la pandilla HP
Múltiples revelaciones hubo en la audiencia –de 12 horas– en la que la jueza de garantías Hiroko Tinoco imputó cargos a la exfuncionaria del Órgano Judicial (OJ) Nicel Solano, y ordenó su detención provisional por su presunta vinculación con la pandilla HP (Humildad y Pureza), ligada, según las autoridades, con actividades de asociación ilícita, sicariato, secuestro y tráfico de drogas.
La audiencia comenzó en horas de la tarde del viernes y terminó ayer en la madrugada. Además de la detención de Solano, Tinoco validó cargos contra Eusebio Rangel. Ambos fueron detenidos el pasado jueves y a los dos se les acusa de la presunta comisión de delitos de delincuencia organizada. Solano también fue imputada por supuestos actos de corrupción de funcionarios.
Pitazos y ‘chats’
De acuerdo con el fiscal Efraín Gálvez, quien lleva el caso, la supuesta vinculación de Solano con la pandilla quedó expuesta dadas las múltiples conversaciones que sostuvo con Irving Baloy Segura, un supuesto miembro de la red, quien se entregó a las autoridades junto con otros integrantes de esta en noviembre de 2021.
Según Gálvez, estas conversaciones fueron rescatadas de uno de los dos celulares decomisados a Baloy Segura, en el que Solano aparecía registrada con el nombre “juzgado2″.
La relación entre ambos comenzó el año pasado –siempre según el fiscal–, cuando Solano entró en contacto con Baloy Segura, a través de otra funcionaria (no han trascendido más detalles de esta personas, salvo que ya no labora en el OJ).
No se dieron detalles de sus primeros contactos, pero el fiscal destacó que cuando la pandilla ya era investigada, Solano le pasaba información sobre el proceso y para ello se valía de datos que obtenía en su condición de coordinadora de la Segunda Oficina del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, cargo que ocupó hasta junio de 2021 y del que se marchó para ser asistente interina en el despacho de la magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema, Maribel Cornejo.
Los nexos entre Solano y la red prosiguieron y, en noviembre de 2021, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada comenzó a sospechar de una posible fuga de información dentro de la denominada operación Damasco, que daba seguimiento a HP y su presunta relación con el Clan del Golfo.
De hecho, pasadas las 11:00 p.m. del 17 de noviembre de 2021, Baloy Segura recibió en uno de sus celulares un mensaje de alias Chepi, otro miembro del grupo y quien, según el fiscal, le dio el pitazo de que el Ministerio Público al día siguiente realizaría allanamientos en San Martín, Panamá Este, donde operaba HP.
Por supuesto, el 18 de noviembre, cuando la fiscalía hizo los allanamientos, no encontró a nadie.
Semanas después, los investigadores detectaron intercambios de mensajes de WhatsApp, en los que Solano le advertía a Chepi que asegurara su celular, sobre todo si las autoridades lo llegaban a capturar, pues en el de “H” (no se dice quién es) hallaron muchas cosas.
Chepi le respondió que tenía un martillo cerca para destruir el aparato, en el caso de que ello sucediera.
Solano también le advirtió a Baloy Segura que las cosas se estaban poniendo “calientes” y le pidió dinero a Chepi para pagar una letra de su carro, una camioneta Honda CRV, contó el fiscal.
Además, le indicó que a los familiares de los miembros de la banda los estaban “pinchando” y que, para evitar que los ubicaran, lo mejor era usar chips prepago.
En diciembre, Solano le sugirió a Baloy Segura que se entregara y que, después de que lo hiciera, ella vería qué hacer. A finales de noviembre e inicios de diciembre, al menos cinco miembros del grupo, entre ellos Leonardo Mepcin Gutiérrez, Michael Amaya, Andrés Agrazal y Baloy Segura, se entregaron.
Seguimiento
A partir de entonces, Solano fue objeto de seguimiento y vigilancia los días 4, 5, 6, 13 y 18 de enero pasado, según el fiscal. Por ejemplo, la siguieron en su carro a instalaciones del Órgano Judicial en San Miguelito y Plaza Ágora, al Tribunal Electoral y al restaurante Del Mar al Campo, en Albrook Mall, en el que figura como dignataria, constató la fiscalía.
Solano se acogió a una licencia sin sueldo desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, según ella misma informó a la jueza. No obstante, un comunicado del OJ señala que Solano fue destituida por Cornejo el 27 de diciembre de 2021, aunque no se precisa por qué.
En tanto, el fiscal precisó que Eusebio Rangel sería el enlace entre Chepi y Solano.
Para aplicarles la medida cautelar de detención provisional, la jueza destacó que el delito por el que se les investiga es grave y, más aún, cuando se trata de información clasificada la que estaba en manos de Solano.
A su juicio, en este caso se ha vulnerado, infectado y transgredido el sistema de justicia.
Tinoco resaltó que el delito imputado a Solano no solo es grave por la penalidad per se, sino que además es vergonzoso y deplorable que haya manchado la transparencia del Órgano Judicial. “Los ciudadanos son los jefes a los que tenemos que rendir cuentas y no a grupos criminales ni operadores de justicia”, dijo, y agregó que hay suficientes elementos que revelan la comisión de delitos graves por parte de una organización criminal que procuró inferir en temas legales.
Rigoberto Vergara y Alexis Ríos, abogados de Solano y de Rangel, respectivamente, afirmaron que las acusaciones de la fiscalía contra sus clientes no están debidamente motivadas.
