El secuestro de acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares tiene efectos calculados que ponen en riesgo la estabilidad de la empresa y de su personal periodístico y administrativo.
La operación para silenciar a este medio utilizó como herramienta legal el secuestro de activos, con el supuesto fin de asegurarse el pago de sus pretensiones –$5.5 millones– por un supuesto daño moral que afecta no solo el normal desenvolvimiento del medio, sino la estabilidad de todo su personal, justo cuando el país se encuentra en medio de una grave crisis social y económica producto de la pandemia.
Numerosas voces se han alzado sobre este tema y expertos advierten que lo ordenado por el juzgado de la causa es abiertamente un ataque a la libertad de expresión y de prensa.
El juicio civil incoado por Pérez Balladares apenas está en su etapa inicial, en primera instancia. Y su reclamo supone, a su juicio, que este medio no cumplió con los estándares éticos periodísticos, cuando un repaso de todo lo acontecido con sus reclamaciones revela no solo que Pérez Balladares se negó a dar declaraciones sobre su caso, sino que sus propios abogados, en comunicados emitidos en su momento, sostenían que el Ministerio Público cometió errores, los cuales no son atribuibles a este medio. Ello fue consignado en varias noticias publicadas por La Prensa.
Igualmente, abogados del expresidente han expresado que la defensa de este medio ha retrasado intencionalmente el desarrollo del proceso civil. Sin embargo, el juzgado donde se ventila esta causa tardó siete años en admitir las pruebas y contrapruebas de las partes.
Así mismo, la defensa de este medio ha tenido que interponer en dos ocasiones amparos de garantías constitucionales a fin de garantizarse su derecho a defenderse. Ambos recursos fueron resueltos este mismo año por tribunales superiores de justicia a favor de La Prensa.
Lo que sí está claro en este momento es que dos expresidentes –Pérez Balladares (1994-1999) y Ricardo Martinelli (2009-2014)– tienen en común que el primero ha practicado el secuestro de importantes activos de la empresa, y el segundo ha anunciado –tres días antes de que lo hiciera el primero– medidas similares y con el mismo método: el secuestro de la administración del medio.
Pronunciamiento
El Consejo Nacional de Periodismo (CNP), que aglutina los principales medios de comunicación del país, emitió ayer un comunicado en el que deplora la acción de secuestro ordenada por el Juzgado Décimoquinto Civil, decisión que es calificada de“violatoria de la libertad de expresión y del derecho al acceso a la información que tienen todos los ciudadanos”.
Pidió al presidente, Laurentino Cortizo, pronunciarse sobre este hecho, considerando que su Gobierno se comprometió a defender la libertad de expresión. “Procederemos –concluye– con todas las acciones nacionales e internacionales posibles en defensa del derecho de acceso a la información de los ciudadanos...”.
El secuestro que pretende controlar y callar a ‘La Prensa’
Con sigilo, el expresidente Ernesto Pérez Balladares logró que un juzgado ordenara el secuestro de activos vitales de Corporación La Prensa, S.A., el holding que aglutina La Prensa y Mi Diario.
Pérez Balladares reclama el pago, por supuesto daño moral, de $5.5 millones, tras la publicación, los días 21 y 22 de marzo de 2011, de noticias sobre su supuesta vinculación a cuentas millonarias en Bahamas. El caso se ventila desde hace ocho años en un juzgado civil, que autorizó el secuestro de bienes de Corprensa, a fin de garantizarle el pago de sus pretensiones, si ganara el pleito.
La querella se refiere a noticias que pretendían “...establecer de manera irresponsable y sin fundamento alguno que existe una conexión ilícita entre los 176 millones de dólares que estuvieron depositados en la enunciada cuenta bancaria de Bahamas y los dineros que estuvieron bajo investigación procedente de las concesión otorgada para la explotación de juegos de suerte y azar, investigación que involucró a sociedades como Lucky Games y Shelf Holding”.
La Prensa, citando fuentes oficiales, publicó sendas notas sobre el tema en las fechas señaladas. Lo que no dijo el acusador –José María Castillo– en la querella de su cliente fue que Pérez Balladares fue abordado por este medio al día siguiente de estas publicaciones –el 23 de marzo de 2011– para preguntarle, precisamente, sobre la intención del Ministerio Público de abrirle otra investigación por blanqueo, que era a lo que se referían las notas que motivaron la querella.
Fue abordado al término del sepelio del exvicepresidente Guillermo Ford, quien en 1989 fue víctima de hordas de la dictadura militar, cuando Ford reclamaba el gigantesco fraude electoral perpetrado por la dictadura a favor del PRD, del que era y es parte Pérez Balladares.
“En su momento, con mucho gusto hablaremos de esto, pero hoy es un momento especial, que no debemos hablar de esto”, respondió Pérez Balladares a La Prensa.
Con todo, este medio publicó, no una, sino varias veces, la posición de la defensa de Pérez Balladares. Luis Carlos Cabeza, abogado del expresidente, dijo a La Prensa que el fiscal de la causa, Marcelino Aguilar, era “ignorante en materia financiera” y fue “instrumento de terceros” para afectar a su cliente.
Cabezas indica que el Ministerio Público –y no el periódico– cometió “un grave error” en la interpretación de información que le suministró el banco HSBC y que sirvió de base para pedirle al juzgado abrir un nuevo expediente contra su cliente.
Además, fue consignado que Cabezas dijo que los más de $176 millones que se manejaron entre mayo de 2009 y junio de 2010 en una cuenta bancaria de Banistmo Internacional, con sede en Bahamas, no eran de Pérez Balladares, sino que era el monto de todos los depósitos y cheques girados por todos los cuentahabientes de ese banco en ese período. Precisamente, de esa cuenta se giraron cheques a la sociedad Shelf Holding, de la que era firmante Pérez Balladares.
Aun cuando quedó claro que, si hubo una mala interpretación de la información que dio el banco, la defensa de Pérez Balladares en ese momento indicó que era del Ministerio Público.
Puntos de referencia
Y mientras el secuestro de Pérez Balladares se concreta sobre importantes activos de esta casa editorial, La Prensa ha llevado a cabo investigaciones periodísticas en torno a la gestión del gobierno de Laurentino Cortizo (PRD) para controlar la pandemia.
Estas investigaciones han girado en torno y en especial de connotados miembros del Gabinete, como el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, responsable del hospital modular en Albrook; la de un oneroso contrato para distribuir medicamentos de la Caja de Seguro Social, de $168 millones, suspendido por Cortizo; el desmesurado aumento de la planilla de la Asamblea Nacional, incluyendo contratos en medio de la pandemia.
Las investigaciones también han incluido las gestiones de compra de equipos médicos por parte del vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Gaby Carrizo, así como la contratación directa que hizo este funcionario con la empresa Mercadeo Integral, en medio de la pandemia, por $1.7 millones, y otro de $900 mil.
Carrizo no es un desconocido para Pérez Balladares. De hecho, se reconcilió con su partido luego de que Carrizo fue nominado a la Vicepresidencia por Cortizo. Y aunque esa postulación causó críticas entre viejos militantes del PRD, el efecto fue el contrario en el expresidente, que muestra públicamente su afinidad con Carrizo.
Por ejemplo, Pérez Balladares posteó el 16 de febrero de 2019 –tres meses antes de las elecciones de 2019– una foto de él junto a Carrizo en la que decía: “Los jóvenes no son el futuro, son el presente”. La imagen que acompañaba su comentario fue eliminada, pero algunos medios llegaron a rescatarla (ver foto).
Este comentario causó sorpresa. Tras su derrota en las primarias del PRD para convertirse en candidato presidencial en 2018, Pérez Balladares comentó molesto: “Muchas gracias! Yo he cumplido con mi responsabilidad histórica. Ahora que los miembros del PRD decidan y carguen con las consecuencias, positivas o negativas, de su decisión”.
Incluso, llegó a prometer “Yo moriré en el PRD… hasta aquí llegamos”. Estas frases marcaron su distanciamiento con Cortizo… hasta que apareció Carrizo. “Yo creo que ha sido excelente la escogencia de @NitoCortizo en seleccionar a la @JuventudPRD11, abriéndole la puerta a la nueva generación con @GabyCarrizoJ”, comentó.
La gestión de compra de equipos médicos con supuestos sobreprecios por parte del Ministerio de la Presidencia provocó que el general retirado Rubén Darío Paredes opinara que Carrizo debía renunciar. Pérez Balladares salió de inmediato en su defensa: Eso “es totalmente inconstitucional”, advirtió.
Carrizo tiene otro admirador que públicamente lo ha elogiado: el expresidente Ricardo Martinelli, que, al igual que Pérez Balladares, también ha anunciado que pretende secuestrar este medio.
Fue el 30 de enero pasado, un día después de un discurso de Carrizo, en la inauguración de Expo Inmobiliaria Acobir 2020. Martinelli dijo: “Hoy escucho a un estadista. Vamos bien y cosas cómo estás [sic] de reflejarse en hechos concretos, ayudan [a] la inversión y a mejorar la calidad de vida. Felicitaciones @gabycarrizoj”.
¿Qué mereció la felicitación de Martinelli?: “Los tiempos de la desconfianza –decía Carrizo– porque se generó y se utilizó el poder político para perseguir, para satisfacer propósitos personales y en el camino se le hizo mucho daño a nuestra sociedad, a nuestro país y a nuestro futuro. Al pasado, nunca más, debemos dejarlo atrás”.
Dos expresidentes elogiando a Carrizo, cuyo repudio es notorio en redes, en corrillos políticos, artículos, grupos de noticias. Ambos celebran y entre los dos pretenden controlar Corprensa.
