“Triste realidad”. Así calificó el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre, la fila de carros que el pasado jueves se desplazaba hacia el interior del país pese a las restricciones de movilidad impuestas para contener el coronavirus, que ya sobrepasa los 3 mil casos el país.
“La única manera de lograr vencer al Covid-19 es quedándonos en casa. El virus está afuera. Es invisible y necesita dos piernas para seguir reproduciéndose. No le presten ustedes ni el cuerpo ni las piernas a ese enemigo”, manifestó el viceministro, que aquel jueves se topó con la fila, cuando venía precisamente de atender medidas sanitarias en Minera Panamá, en Coclé, ahora cerrada ante el brote de coronavirus.
De acuerdo con cifras suministradas por la Policía Nacional, 798 personas desafiaron el Decreto 507 –que establece el toque de queda obligatorio– entre el Viernes Santo y las primeras horas de ayer, sábado.
El número fue uno de los más altos de la semana y solo se compara con el del pasado martes 7 de abril, cuando se llevaron a 987 ciudadanos por no acatar la norma.
Día tras día se repite la historia. Las fuerzas de seguridad patrullan las calles y detienen a quienes no pueden justificar por qué están circulando.
Panamá Centro y Panamá Oeste encabezan la lista de desacatos. De hecho, desde el pasado 18 de marzo y hasta ayer, al menos 11 mil 43 personas han sido detenidas en las calles por violar el toque de queda que, según el Decreto Ejecutivo 507 de 2020, es de 24 horas.
Mientras la mayoría está confinada, la Policía ha encontrado peleas de gallos clandestinas, personas ingiriendo licor en la vía pública a pesar de la ley seca, ciudadanos que, incluso, salen cuando no les corresponde, y a varios con armas de fuego.
Otra de las constantes es la burla a los salvoconductos.
Trabajo comunitario
Algunos jueces de paz, encargados de sancionar a quienes desafían la norma, han impuesto en las últimas horas medidas de trabajo comunitario.
En Río Abajo, la jueza de Paz ordenó a dos jóvenes que fueron sorprendidos la madrugada del sábado por la Policía Nacional, barrer la Casa Comunitaria de Paz de ese corregimiento.
En Pacora, otro juez de Paz decretó que tanto hombres como mujeres debían realizar trabajos de aseo en esa casa comunitaria. Algo similar ocurrió en Chilibre, donde una jueza de Paz puso a los infractores a lavar sillas. En Calidonia, quienes desafiaron el Decreto 507 se vieron obligados a limpiar las aceras. Mientras que en Juan Díaz, los retenidos tuvieron que trapear las oficinas de la Casa de Paz.
¿Delitos?
En medio del desacato, las autoridades analizan tipificar como delito la violación de las disposiciones de la cuarentena.
El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, a presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que tipifica como delito la desobediencia al aislamiento, el toque de queda o la cuarentena obligatoria.
El Gabinete también autorizó al ministro de Seguridad, Juan Pino, para que presente otro proyecto que adicione artículos al Código Penal sobre el vandalismo.
Un proyecto similar fue desestimado la pasada semana en la Asamblea. Diputados perredistas, como Crispiano Adames, Jairo Bolota Salazar y Mariano López, se opusieron con el argumento de que hay que “pensar en el pueblo”.
“¿Cómo tú vas a proponer una ley de saqueo, si no le has dado la respuesta con un bono solidario a la gente?”, se preguntó López.
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