Una propuesta para que se incluya un nuevo numeral en el artículo No. 531 del Código Judicial sobre las reglas para proceder con las medidas cautelares en casos especiales, y que se prohíba el secuestro de bienes en cuatro aspectos, llegó el pasado martes a la Asamblea Nacional.
La propuesta fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien plantea que en el proceso de medidas cautelares la verosimilitud del derecho y el peligro de perjuicio deberán justificarse documentalmente, sin que sea necesaria prueba plena.
Es decir, “que quien pide un secuestro de bienes debe acreditar los indicios de verosimilitud, como sucede en la jurisdicción contenciosa administrativa, con alguna variante en lo civil”, dice la propuesta dirigida al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático.
Igualmente, Cedeño propone prohibir el secuestro de bienes cuando se trate de funcionarios por actos ejecutados en el ejercicio del cargo y a los miembros de las juntas directivas de las propiedades horizontales por actos ejecutados en el ejercicio del cargo.
Asimismo, cuando se trate de personas que denuncien actos de corrupción, de arbitrariedades o de violación de leyes, con base en lo que dispone la Constitución, por las consecuencias de los actos específicamente denunciados; y para los activos y bienes de los medios de comunicación.
En la actualidad, el artículo No. 531 consta de 11 numerales que establecen las reglas para las medidas cautelares en casos especiales.
Según Cedeño, hay quienes podrán pagar las exorbitantes cifras de fianza que se imponen, pero hay quienes no lo pueden hacer.
Peligro para los medios
“Si en el día de mañana no se está de acuerdo con lo que se plantea en un medio de comunicación, pero si todos los demandantes empiezan a secuestrar, quiebra un medio, quiebra la libertad de expresión. Se destruyen activistas, gente demandada”, manifestó el jurista.
Indicó que el tema de los secuestros de bienes es un tema que inquieta, por lo que urge actuar. “Nos come el tigre o hacemos algo”, aseguró.
En lo que va de este mes, ya se han hecho públicos dos secuestros de bienes. Se trata del secuestro de Corporación La Prensa S.A. (Corprensa) por parte de Ernesto Pérez Balladares, expresidente de la República, quien secuestró acciones y cuentas bancarias de la sociedad que edita La Prensa y Mi Diario, como parte de una demanda civil que presentó hace ocho años por presuntos daños y perjuicios.
El secuestro, por una concurrencia de hasta $1.13 millones, fue decretado formalmente el pasado 22 de junio por la jueza Decimoquinta Civil, Lina E. Castro De León. Esta acción levantó voces de repudio a nivel nacional e internacional.
Mientras, ayer la exprocuradora Kenia Porcell consignó una fianza de $145 mil para suspender el secuestro de sus muebles por parte del expresidente Ricardo Martinelli, luego de que así lo avalara un juzgado.
Silencio
En la solicitud para que se hagan cambios al Código Judicial, Cedeño pide al presidente de la Asamblea Nacional trasladar la nota a todas las bancadas legislativas, pero, a la fecha, ninguno de los 71 diputados se ha pronunciado al respecto.
La propuesta debería ser analizada en la Comisión de Gobierno. Hasta ahora, las comisiones de trabajo del Legislativo no se han conformado.
