Que se deje claro que la información es un derecho fundamental e inalienable de todo ser humano; que se considere incluir aspectos sobre la protección de datos personales, pero que, a la vez, se precise que el número de cédula o pasaporte de los funcionarios y contratistas del Estado no son datos confidenciales. Estas son algunas de las propuestas que han planteado los ciudadanos para reformar la Ley 6 del 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública.
Las sugerencias surgen a raíz de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, por estos días, prepara un proyecto de ley que pretende reformar esa norma, próxima a cumplir 19 años de vigencia. En la Asamblea Nacional también reposa un proyecto de ley para reformar la Ley 6 de transparencia.
Antai redacta las reformas a la Ley 6 de Transparencia
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) elabora un proyecto de ley para reformar la Ley 6 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública e instauró la acción de habeas data.
Dicha entidad, a cargo de Elsa Fernández, calcula que podría tener el documento listo en los primeros tres meses de este año. Una vez termine esta etapa, se entregará al Ministerio de la Presidencia para que se discuta en Consejo de Gabinete y si los ministros están de acuerdo, el Ejecutivo deberá presentar la propuesta ante el pleno de la Asamblea Nacional.
Entre abril y julio del año pasado, la Antai abrió un periodo de consultas con el propósito de que los ciudadanos plantearan los cambios que consideraban necesarios, tanto la Ley 6 de 2002, como para la Ley 33 de 2013, que creó la Antai.
Entre las recomendaciones aconsejadas por distintos organismos, figura que el derecho a la información sea establecido en la norma como un derecho humano fundamental e inalienable; que la norma sea cónsona con la Ley 81 de 26 de marzo de 2016, sobre la protección de datos personales, para que se señale que el número de cédula y el de pasaporte de los funcionarios y los contratistas del Estado no son datos confidenciales, dado que es el método singular de identificación.
También sugieren que se añada una definición en la norma sobre datos abiertos para que se adecue al Decreto de Gabinete 511 del 24 de noviembre de 2017, que establece la política de transparencia y datos abiertos.
En la Asamblea también hay una propuesta que busca reformar la Ley 6, la cual fue presentada por el diputado independiente Juan Diego Vásquez. Sin embargo, no ha sido discutida.
En su plan de gobierno, el presidente Laurentino Cortizo habla de hacerle cambios a la ley de la Antai, pero no a la Ley 6. La Ley de Transparencia surgió del seno de organizaciones de la sociedad civil.
