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DERECHOS HUMANOS

Piden repatriar a panameña que denunció torturas

Piden repatriar a panameña  que denunció torturas
Suha dar Jbara, con sus hijos, en enero de 2019, cuando estuvo hospitalizada tras una huelga de hambre. Cortesía de Badran Jbara

Familiares de la panameña de origen palestino Suha dar Jbara, quien denunció que fue víctima de torturas cuando estuvo detenida por 67 días en una cárcel palestina, a finales de 2018, pidieron al gobierno de Laurentino Cortizo que gestione su repatriación.

La solicitud la hizo su padre, Badran dar Jbara, en vísperas de que se reanude este domingo 4 de abril la audiencia en el Tribunal de Jericó, en la que se le acusa de traición a la patria, porque supuestamente se infiltró en los movimientos extremistas islámicos para pasar información a Israel.

Suha dar Jbara ha reconocido que apoyó a organizaciones benéficas que abogan por los prisioneros palestinos en Israel, estudiantes y necesitados, pero ha negado ser extremista o espía de Israel. Incluso, dijo apoyar a prisioneros palestinos en cárceles palestinas, cuyas causas considera injustas.

Esta sería la audiencia número 28 de este caso, a raíz del cual se presentó en diciembre de 2019 en Ginebra, Suiza, una queja ante el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Jbara, de 33 años, con tres hijos menores de edad, fue detenida el 3 de noviembre de 2018, en su casa en Turmusaya, Cisjordania, y llevada a una cárcel de investigación criminal en Jericó, donde —según su testimonio, avalado por la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional— fue torturada. Un juzgado de la ciudad de Ramala la liberó el 9 de enero de 2019, tras el pago de una fianza de 70 mil dólares. Desde ese momento tiene impedimento de salida de los territorios palestinos.

Su padre dijo a este diario que confía en que el gobierno de Cortizo intercederá por su hija y sus tres nietos, quienes viven en Palestina desde 2011. Todos tienen la ciudadanía panameña y estadounidense.

Un proceso dilatado con acusaciones de espionaje

Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha mostrado al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderado por Mahmud Abbas, su inquietud por el aletargamiento del proceso. A su vez, la ANP le comunicó a Panamá al inicio del proceso que las acusaciones contra Suha eran “graves”, sin precisar el fondo.

Ahora se sabe que para sus acusadores, la panameña sería una suerte de Mata Hari, la célebre bailarina holandesa que trabajó para la inteligencia alemana en la Primera Guerra Mundial, pero en el Medio Oriente como espía de Israel, en el contexto del conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1948.

Las autoridades palestinas le han dado acceso al personal diplomático panameño a todas las audiencias. Igualmente, se les permitió hacer visitas a la cárcel y al hospital, donde Suha hizo una huelga de hambre para llamar la atención internacional sobre su caso.

Ante la Relatoría Especial de la ONU, el equipo legal de Suha, integrado por Mohannad Karajah, Thafer Saaddah y Rhys Davies, denunció que cuando fue detenida “le vendaron los ojos y la esposaron durante todo el interrogatorio y los dos interrogadores la golpearon varias veces”. También dijeron que la obligaron a hacerse una prueba de embarazo y la amenazaron con violarla si no firmaba que aceptaba los cargos.

Durante el juicio, alega la defensa, la fiscalía palestina no ha sustentado las acusaciones de espionaje, por lo que no se explica que se mantenga el proceso. La prueba que se presentó en la audiencia es que, hace algunos años, Suha cruzó el Puente Allenby, fronterizo entre el reino de Jordania e Israel, hacia Cisjordania y que fue allí donde, según los fiscales, habría sido reclutada por Israel.

Ese paso, designado para la entrada y salida de palestinos residentes en Cisjornadia, lo utiliza, incluso, el presidente Abbas y todos sus ministros cuando viajan al extranjero. A ellos nadie les ha acusado de traición a la patria, se queja el padre de la joven.

Badran dar Jbara, quien tiene negocios en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí, acusa a la policía palestina de usar estos procesos de traición a la patria para exigir “coimas” a los afectados, que, según dice, suelen pagar sobornos para evitar continuar con este tipo de juicios.

Suha dar Jbara ha dicho en repetidas oportunidades que no tiene intención de escapar, sino que quiere enfrentar las acusaciones en Palestina, en un juicio imparcial con todas las garantías procesales.


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