Dos y tres años después del inicio de una serie de investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos a través de la planilla de la Asamblea Nacional, un informe del Ministerio Público (MP) refleja pocos avances en estos procesos que mantuvieron enfrentados al órgano Legislativo con la Contraloría General de la República. Hay un total de 12 procesos en los que se calcula una posible lesión patrimonial superior a los 115 millones de dólares.
Apenas hay cuatro imputados hasta ahora, según un informe del MP que reporta los llamados casos de “alto perfil”.
El principal caso, si se toma en cuenta el monto de la posible lesión, es el de la llamada planilla de servicios profesionales y donaciones de los diputados. La lesión estimada es de $113.3 millones, hay 14 mil 976 personas identificadas y 87 mil 864 cheques en investigación. El proceso, iniciado en abril de 2017 y calificado a partir de noviembre de 2019 como causa compleja, se maneja con las normas del sistema inquisitivo y está a cargo del fiscal Adecio Mojica.
Este caso había sido cerrado, pero en julio de 2019 se reabrió una vez la Contraloría entregó una auditoría.
El resto de las causas se manejan bajos las normas del sistema penal acusatorio. Uno de los más adelantados, según el informe, implica a una cajera del Banco Nacional de Panamá (BNP), a raíz de una denuncia presentada el 28 de junio de 2018 por el entonces contralor Federico Humbert.
La huella de los cheques y el método ‘ cash back’
Según el abogado penalista Carlos Muñoz Pope, entonces asesor de la Contraloría, la trama de corrupción implicaba el cobro en sucursales diferentes de, al menos, 20 cheques cada tres meses.
La fiscal a cargo del caso que implica a la cajera del BNP es Leyda Sáez, quien ha entrevistado a 35 personas que han dicho a la Fiscalía Anticorrupción que ellos no firmaron ni recibieron los dineros.
Señala el informe oficial que el MP continúa con las pesquisas sobre la planilla 172 de la AN, correspondiente a los contratos por servicios profesionales de cada diputado.
Este proceso fue declarado como causa compleja en febrero de este año, por un juez de garantías. Se dieron seis meses para investigar, pero este tiempo se corrió debido a la suspensión de los términos judiciales durante varios meses por la pandemia de la Covid-19.
Los contratos de esta planilla, según investigaciones de este diario, eran llamados cash back, debido a que solo una fracción del dinero se pagaba a su destinatario final y el saldo restante, que oscilaba entre el 90% y 95%, retornaba al gestor de estos.
Reticencias en la Asamblea a las pesquisas
La Contraloría publicó en abril de 2019 en su página web todas las contrataciones de los diputados desde 2014, inclusive su suspensión por falta de refrendo de Contraloría, en 2018; también las donaciones.
Después de la publicación de los detalles de la planilla, La Prensa analizó patrones de pago de tres presidentes del Órgano Legislativo durante el último quinquenio: Adolfo Beby Valderrama (2014-2015), del Partido Panameñista; Rubén De León (2015-2017), del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Yanibel Ábrego (2017-2019), de Cambio Democrático.
Una muestra de 611 pagos efectuados por De León -que ahora es diputado del Parlacen- de su partida 172 en 2016, permitió encontrar algunos patrones.
Por ejemplo, tan solo el 5 de abril del año 2016 se efectuaron, al menos, 56 pagos mediante cheques a personas distintas, pero con montos similares.
En tanto, el 28 de diciembre de 2016, Ábrego entregó, por lo menos, 77 cheques, de los cuales 65 tenían un valor de $450. El resto oscilaba de $200 a $475.
En el caso de Valderrama, efectuó, al menos, 96 pagos el 24 de marzo de 2016. De estos, 10 eran de $250, cada uno; 14 de $400; otros 10 de $425, y 10 más de $450. También se hicieron 8 pagos de $2 mil 400, cada uno.
El caso de Ábrego es particularmente llamativo, ya que durante su gestión como presidenta de la AN mantuvo una lucha legal con la Contraloría para evitar una auditoría a las planillas de diputados. La Corte Suprema de Justicia eventualmente le dio la razón a la Contraloría.
Incluso, en agosto de 2018, la entonces directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, solicitó a Ábrego aplicar el Código de Etica y Honor Parlamentario e instalar una comisión para investigar el nepotismo público y notorio con la planilla de esa institución, pero no tuvo una respuesta.
Esta semana, durante una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Ábrego retomó el tema de la planilla, pero no la de la Asamblea, sino la de todo el engranaje gubernamental. Sorpresivamente, la diputada coincide ahora con quienes advierten que este gasto es enorme e injustificado.
¿Habrá algún diputado responsable?
Hay que recordar que Humbert presentó ante la Corte, que tiene la competencia para procesar a los miembros de la Asamblea, una decena de denuncias por presunto delito de peculado por malos manejos en las planillas de los diputados. Entre ellos figuraban Francisco Pancho Alemán, Rubén De León, Mario Miller y Edwin Zúñiga.
En el caso de Zúñiga, la Corte, con la ponencia del magistrado Hernán De León, no admitió la denuncia. Los magistrados concluyeron que “los elementos de convicción aportados con la denuncia penal por Carlos E. Muñoz Pope (representante legal de la CGR), no reúnen la idoneidad y eficacia necesaria para establecer, al menos indiciariamente, que nos encontramos frente a un presunto delito contra la administración pública (peculado) resultante de la firma, ejecución y pago de los contratos por servicios profesionales suscritos entre la AN y los señores Juan Alberto Romero Pérez y Ameth Jesús Ocaña Barba, durante el periodo comprendido de julio de 2014 a junio de 2015 y de enero a junio de 2016, respectivamente” .
Del resto de las denuncias, aún se desconoce el nivel de avance o retraso.
¿Qué hacer?
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, es del criterio que los juicios especiales para diputados deben desaparecer.
“Las denuncias también deben servir para disipar dudas y, cuando eso no ocurre, se genera un problema de confianza en la justicia”, agregó Araúz.
Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresó que la pandemia por la Covid-19 de alguna manera ha dejado de lado temas importantes, como la rendición de cuentas y los procesos que se sigue a diputados.
“La lucha contra la impunidad y la corrupción no puede verse afectado so pretexto de la crisis de la salud. Devolver la confianza a la ciudadanía y robustecer la institucionalidad es hoy más urgente que en tiempos normales”, manifestó.
