Poca transparencia en gestión de los gobiernos locales

Poca transparencia en gestión de los gobiernos   locales


La gestión de los gobiernos locales y de la Secretaría Nacional de Descentralización (SND) se mantiene en opacidad, pese a los millonarios recursos que reciben.

Poco se sabe cómo los gobiernos locales, conformados por 81 municipios y 679 juntas comunales, manejan sus presupuestos; y mucho menos cómo la SND, que está bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, gestiona los $400 millones para la descentralización.

Desde que arrancó el proceso de descentralización en 2016, los municipios reciben tres partidas de la SDN: el del impuesto de bien inmueble, $500 mil; el del Programa de Inversión de Obras Públicas (antiguo Pronadel), $110 mil anualmente; y fondos de una partida para subsidios, que se desconoce el monto. Cada junta comunal también recibe $110 mil anualmente.

En el más reciente monitoreo de transparencia hecho por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), 32 de los 81 municipios, es decir, el 40%, no logran el 100% en la evaluación de los 24 aspectos que deben tener todas las páginas de las instituciones del país, en base a la Ley 6 de 2002, que dicta las normas para la transparencia de la gestión pública.

En el documento se observa que hay municipios que no tienen en sus sitios web ninguno de los aspectos que exige la ley. Es el caso, del municipio de Capira, provincia de Panamá Oeste, a cargo de Jorge Ramos, que obtuvo cero en la evaluación de la Antai. Mientras que el municipio de Chame, también en Panamá Oeste, que dirige Abdul Juliao Antadilla, solo ha publicado en el sitio la planilla.

El municipio de Colón, que dirige Alex Lee, colocó solo nueve de los 24 puntos que se piden. En tanto, el Municipio de San Miguelito, a cargo de Héctor Valdés Carrasquilla, mantiene su página en construcción desde hace meses. Mientras que el municipio de Santa Fe, en la provincia de Darién, no cuenta con sitio web.

Si se busca el sitio de la SDN (descentralización.gob.pa) sale que la página se encuentra en construcción. Esta instancia, que dirige el exalcalde de David, Chiriquí, Francisco Vigil para la vigencia fiscal de 2021 tendrá un presupuesto de $469 millones 370 mil 15.

Las constantes faltas a la transparencia en la gestión pública y municipal obligó a Elsa Fernández, administradora de la Antai a publicar en la Gaceta Oficial, la semana pasada, un llamado de atención a los gobiernos locales y otras instituciones para que actualizaran sus sitios web. “Les solicitamos cumplir con las publicaciones a más tardar el 15 de cada mes”, dice la circular.

En julio de 2019, con el inicio del nuevo gobierno, los alcaldes y representantes pidieron al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, más recursos para ayudar a sus comunidades. Fue cuando se designó a la SDN para que, junto con los gobiernos locales, plantearan los cambios a la norma de descentralización, pero a la fecha, no se sabe nada. Este medio llamó en reiteradas veces a Francisco Vigil para conocer su versión, pero no no respondió.

Gestión en pandemia

En lo que va de este año, la Ley 66 de 2015, que reforma la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la administración pública ha sido modificada en dos ocasiones para que los municipios y juntas comunales usen los fondos de inversión y sus acumulativos, que son para obras, para comprar medicamentos y ayudar a los residentes afectados por la Covid-19. Precisamente, la semana pasada la Asamblea Nacional aprobó nuevos cambios a la Ley 37 para que se les permita a los gobiernos locales comprar, con los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas, equipos de bioseguridad por la pandemia hasta que finalice el “estado de emergencia” decretado en el país desde el 13 de marzo pasado. Estas reformas no han sido sancionadas por Cortizo.

Aparte de la poca transparencia que hay en los gobiernos locales, sus autoridades han sido duramente cuestionada en los últimos meses.

Esas críticas van desde el aumento de gastos de movilización hasta la violación de los decretos impuestos por la pandemia.

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