El atropello de un joven manifestante por un vehículo policial durante una violenta protesta en Santiago volvió a poner en el centro de la escena el accionar de los Carabineros, fuerza cuestionada por organismos humanitarios por su dureza durante las protestas en Chile.
El cabo de Carabineros (policía uniformada) Mauricio Carrillo fue detenido, tras ser identificado como el conductor del vehículo blindado que atropelló a un joven de 20 años en enfrentamientos el pasado viernes en Santiago.
La fiscalía chilena presentó cargos en su contra por “cuasidelito de lesiones graves” en un tribunal de la capital chilena.
El juez que revisó el caso determinó la libertad del uniformado bajo firma mensual en una comisaría, y otorgó un plazo de 150 días para la investigación de los hechos.
El magistrado basó su decisión en que no era posible inferir “intencionalidad” en la actuación del policía, tras revisar las imágenes difundidas por medios televisivos locales que muestran el momento en que el joven, identificado como Oscar Pérez, sufre la embestida.
Pérez se encuentra en una clínica con fractura en la pelvis y lesiones en las caderas. Según el parte médico, está fuera de peligro.
En la mira
La Policía chilena ha sido criticada por organismos humanitarios, debido al uso de la fuerza contra manifestantes desde que comenzó el estallido en Chile el 18 de octubre.
Varias organizaciones han advertido sobre violaciones a los derechos humanos de parte de agentes de seguridad del Estado, reclamo que reavivó el atropello de Pérez.
“Urge asegurar de manera efectiva que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento”, indicó un comunicado de ONU Derechos Humanos-América del Sur, en su cuenta de Twitter.
“Urge asegurar que las personas puedan ejercer su derecho de reunión pacífica, sin restricciones, autorizaciones previas ni riesgos para su integridad física y otros derechos humanos”, agregó la nota de la oficina de la ONU, dirigida a nivel mundial por la alta comisionada de los derechos humanos y expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Por otra parte, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dijo que “los autores materiales y los mandos a cargo de la operación deben ser destituidos y sancionados penalmente. Si eso no ocurre y pronto, continuarán los abusos”. “¿De qué sirven las charlas sobre DDHH que se dan en los Carabineros si en la calle siguen actuando con brutalidad extrema?”, se preguntó.
El local Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que unas 350 personas sufrieron lesiones oculares graves –dos de ellas quedaron ciegas– por disparos de perdigones y balines que utilizaba la Policía para dispersar protestas.
El estallido social en Chile lleva dos meses, y los muertos subieron de 24 a 26 el sábado pasado, luego de que se encontraran dos cuerpos calcinados en una tienda incendiada en Valparaíso.
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